El presidente Donald Trump firmó una nueva serie de órdenes ejecutivas el miércoles 19 de febrero, entre ellas una destinada a poner fin a los beneficios federales para los inmigrantes indocumentados, pese a que legalmente no tienen acceso a la gran mayoría de esos beneficios.
La Casa Blanca dijo que los inmigrantes indocumentados han calificado para diversos programas federales de asistencia social, y acusó al gobierno de Biden de gastar miles de millones en apoyar a personas que han entrado ilegalmente.
La nueva Orden Ejecutiva hace parte de un paquete de medidas de Trump en materia de inmigración, que está asustando a las comunidades de inmigrantes y a sus defensores.
Qué busca el gobierno
La orden tiene como objetivo garantizar que no se utilicen fondos federales para “incentivar o apoyar la inmigración ilegal”, y también ordena a los departamentos y agencias federales, que garanticen que los fondos que se les asignan no sean usados para apoyar políticas de “santuario”.
La orden ejecutiva no especifica cuáles son los beneficios federales que supuestamente reciben inmigrantes sin documentos, pero la Casa Blanca insistió, sin dar detalles, en que los inmigrantes indocumentados han calificado para varios programas federales de asistencia.
Es de recordar que las personas sin documentos no califican para recibir beneficios federales de asistencia social, con excepción de la atención médica de emergencia, como lo explica el National Immigration Law Center.
Así mismo, los niños tienen derecho a una educación pública gratuita desde el jardín de infantes hasta el grado doceavo, independientemente de su estatus migratorio, según el fallo de la Corte Suprema de 1982.
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A quiénes podría afectar
La orden de Trump podría estar dirigida a las medidas del expresidente Joe Biden de otorgar permiso condicional humanitario para permitir que personas permanezcan temporalmente en el país, que incluye a 900,000 que ingresaron a través de la aplicación de citas en línea CBP One, usada en los cruces fronterizos con México.
También a más de 500,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, que vinieron por su cuenta a Estados Unidos a través de un patrocinador financiero. No obstante, Trump puso fin de inmediato a ambos programas en cuanto llegó a la Casa Blanca.
Qué que no puede cambiar la nueva orden
Varios grupos y coaliciones proinmigrantes están analizando la nueva medida, entre ellas la coalición Protecting Immigrant Families (PIF), integrada por diversos grupos y organizaciones legales.
La PIF señala, que la Orden Ejecutiva no cambia la elegibilidad o la de una familia para beneficios públicos como Medicaid, CHIP, SNAP o programas de vivienda, a los cuales los indocumentados tampoco tienen acceso.
“Esta Orden Ejecutiva no cambia la elegibilidad para los programas de beneficios públicos financiados por el gobierno federal, y no cambia la forma en que se administran actualmente los programas financiados por el gobierno federal”, señaló la coalición.
Por otra parte, recalca, que las personas indocumentadas o que no están legalmente presentes, son elegibles para muy pocos beneficios públicos federales, los cuales casi siempre están respaldados por la ley federal que no puede ser cambiada por una orden ejecutiva.
“Esta Orden Ejecutiva, al igual que muchas de las declaraciones provenientes de la Casa Blanca, está diseñada para asustar a las familias inmigrantes para que no accedan a los beneficios a los que tienen derecho”, manifestó la coalición.
Qué tendrán que hacer las agencias federales
De acuerdo con el preanálisis de la Orden Ejecutiva, la PIF explica que requiere que el secretario de cada agencia y departamento federal tenga que:
Identificar todos los programas financiados por el gobierno federal que administran y que permiten a las personas indocumentadas acceder a cualquier beneficio público en efectivo o no monetario, y tomar medidas, de acuerdo con la ley aplicable”, explica la PIF.
Con la finalidad de:
- Prohibirles el acceso a los beneficios financiados por el gobierno federal
- Asegurarse de que no apoyen las políticas de “santuario” ni promuevan la inmigración de personas indocumentadas.
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Cómo lo harán
Deberán mejorar la verificación de elegibilidad. “Pero la mayoría de los programas federales de beneficios públicos ya verifican la elegibilidad electrónicamente con el sistema SAVE de USCIS o requieren documentación en papel”, explica PIF.
Los secretarios deberán reportar a la Oficina de Administración y Presupuesto y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dentro de los 30 días lo siguiente:
- Todas las fuentes de financiamiento de la agencia para personas indocumentadas
- Recomendar acciones para alinearse con el pedido
- Remitir la recepción o el uso indebido de beneficios al DOJ/DHS para que tomen las “medidas apropiadas”
Según la PIF, la medida no solo se enfoca en identificar e informar sobre los programas de beneficio público financiados por el gobierno federal que fluyen directamente a las personas, sino también en los fondos federales que fluyen a los proveedores de servicios, como los centros de salud.
“Es consistente con la ley aplicable y, como se mencionó anteriormente, los pocos programas federales de beneficios públicos que proporcionan fondos para personas indocumentadas generalmente están codificados en la ley federal”, indicó.
Lo que deben hacer las familias inmigrantes
Por último, la coalición insta a las familias inmigrantes a estar informadas y acudir a organizaciones comunitarias de confianza para obtener más información sobre esta Orden Ejecutiva y cita algunos puntos clave para tener en cuenta.
“Manténgase conectado con socios comunitarios de confianza para obtener más información a medida que se desarrollan las cosas y asegúrese de estar informado”, señaló PIF.
Inmigrantes legalmente presentes usan poco los beneficios y programas públicos
Una hoja informativa emitida por la Casa Blanca dice que “los contribuyentes estadounidenses gastan al menos $182,000 millones al año para cubrir los costos que genera la presencia de 20 millones de inmigrantes ilegales y sus hijos” atribuyendo las cifras a la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR), una organización antiinmigrante calificada como “grupo de odio” por el Southern Poverty Law Center.
Pero un estudio publicado el viernes por la organización de diseño de políticas de corte libertario CATO Institute, concluye que “ los inmigrantes utilizaron menos la asistencia social que los estadounidenses nacidos en el país en 2022” y advierte que “el mayor mito en el debate sobre el uso de la asistencia social por parte de los inmigrantes es que los no ciudadanos, que incluyen a los inmigrantes ilegales y a aquellos que se encuentran legalmente presentes con varias visas temporales y tarjetas verdes, consumen desproporcionadamente la asistencia social”.
Los inmigrantes indocumentados han contribuido con decenas de miles de millones de dólares al sistema de Seguridad Social, según un estudio publicado el año pasado por el Instituto de Impuestos y Política Económica. Justo por no tener papeles, estos inmigrantes sin estatus legal no tienen acceso al retiro que ofrece el gobierno federal a través de la seguridad social.
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