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En esta serie de Enlace Latino NC, examinamos lo que les sucede a los latinos que viven en zonas rurales antes, durante y después de los desastres naturales, y cómo algunas organizaciones sin fines de lucro y grupos comunitarios están presionando por soluciones inclusivas de preparación, respuesta y recuperación ante emergencias para las familias inmigrantes.
Esta es la historia final de la serie Ignorados y Olvidados.
Mientras esquivaba a un gatito que corría hacia sus pies, Alberto se paró en el patio delantero de su casa en el condado de Pender a fines de octubre, y contempló maravillado la casa que él mismo reconstruyó y levantó de las ruinas. Una puesta de sol de color rosa pálido iluminaba el cielo lúgubre; al tiempo que señalaba las ramas de tres árboles de durazno (uno para cada uno de sus tres hijos), que separaban la propiedad de la carretera rural.
“Volverán”, dijo en español refiriéndose a los duraznos. “Solo tenemos que esperar hasta el próximo verano”.
Su hija Jessica, de 24 años, miró al padre y sonrió al pensar en algo que ella también esperaba, y que seguramente les quedaría como recuerdo. Dos veranos atrás, Jessica y su madre, Alicia, recolectaron duraznos maduros de esos árboles para regalarselos a sus amigos.
Todo eso cambió el 14 de septiembre de 2018, cuando el huracán Florence azotó el este de Carolina del Norte. Los vientos y las inundaciones que trajo el huracán destruyeron su casa. Tres días después de que la familia fue evacuada regresaron al condado de Pender. Descubrieron que tanto un árbol grande como un poste de electricidad habían caído sobre el techo, creando un enorme agujero. El agua entró y arruinó todo lo que había dentro.
La familia de inmigrantes mixtecos de Oaxaca, México, compró la casa de dos habitaciones en 2010 por 55,000 dólares y la pagó unos años después. Ahora, la única casa que habían tenido en Estados Unidos estaba destruida.
“En ese momento me sentí horrible”, dijo Alicia, madre de tres hijos, en español, y señaló que casi se desmaya. “No había ningún lugar donde dormir, nada que comer. Pensé, ¿dónde vamos a vivir?”
En esa primera noche de regreso a la propiedad, la familia instaló un campamento en su cobertizo sin ventanas. Pero cuando la inundación aumentó, se mudaron a sus autos y pasaron la noche asustados, sin lugar adonde ir. Debido a que la familia tiene un estatus legal mixto, los nombres se han cambiado para brindar anonimato.
La familia estuvo sin hogar durante ocho meses. El desafiante proceso de recuperación y reconstrucción de esta familia tomó casi dos años; 20 meses con Jessica, la única persona adulta que habla inglés, a cargo de las negociaciones.
La experiencia de esta familia refleja la lucha que muchas comunidades de color de bajos ingresos; afroamericanos, nativos americanos y latinos, han librado en las áreas rurales de Carolina del Norte tras el paso de grandes huracanes.
Las comunidades de bajos ingresos tienen más probabilidades de vivir en áreas propensas a inundaciones, con menos medios económicos para recuperarse. Pero para las poblaciones indocumentadas en las zonas rurales de Carolina del Norte, la mayoría de las cuales son latinas, el acceso al apoyo federal es limitado y la mayoría de los fondos estatales se asignan solo a residentes con estatus legal en los Estados Unidos.
El dominio limitado o nulo del inglés también plantea un desafío que previene a muchos inmigrantes a pedir ayuda. Para la familia del condado de Pender, la recuperación no hubiera sido posible sin Jessica, su primera hija nacida en los Estados Unidos.
Y a diferencia de otras minorías rurales, las historias sobre inmigrantes latinos después de un desastre son menos conocidas y no aparecen en la mayoría de los informes noticiosos.
Sarah Dewitt-Feldman de Rural Forward NC, una organización estatal sin fines de lucro que apoya iniciativas comunitarias y de salud social; dijo que el trabajo de su equipo en temas de desastres ha revelado "tremendas inequidades" en la forma en que los latinos en las zonas rurales de Carolina del Norte reciben apoyo de los sistemas de preparación y recuperación ante desastres.
En Carolina del Norte, las iniciativas para la recuperación y el financiamiento han sido lentos en considerar a los latinos rurales como una comunidad con identidades complejas; donde se incluye el nivel socioeconómico, dominio del idioma (tanto del inglés como del español si hablan un idioma indígena) y diversos grados de estatus legal, que deben recuperarse de desastres de diferentes formas. Durante un huracán, por ejemplo, las agencias del condado no envían alertas de evacuación de emergencia en español.
En la fase de recuperación, no existen fondos estatales ni federales para residentes indocumentados.
Es difícil conseguir información en cifras sobre cómo los desastres afectan a familias como la de Jessica en Carolina del Norte
Las investigaciones a menudo se enmarcan dentro del contexto del trabajo. Los problemas que enfrentan los latinos de Carolina del Norte se equiparan con los de trabajadores que están de paso o contratados por temporadas; y no en comunidades enteras en crecimiento donde se incluyen familias como la del condado de Pender; inmigrantes que echan raíces aquí a pesar de los pocos recursos y apoyo limitado, debido a que tienen estatus legal mixto. La familia indígena mixteca dijo que tiene muchos otros amigos mixtecos en el área. Sin embargo, varios abandonaron el condado de Pender después de Florence.
Los inmigrantes en Carolina del Norte, de los cuales se estima que el 44 por ciento, o 350.000 personas, son indocumentados, a menudo carecen de recursos para reconstruir sus vidas; ya sea para reparar una casa o para pagar el alquiler. Enfrentan problemas con el alquiler; desplazamiento y falta de vivienda. La inseguridad alimentaria y los problemas de salud también son graves. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para beneficios públicos federales; como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el seguro médico a través de Medicaid, o la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).
Jessica pasó los dos años siguientes reuniendo la ayuda de varias partes, incluida la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA); organizaciones locales sin fines de lucro y grupos religiosos. Su madre era la única fuente de ingresos en ese momento, con un pago de 700 dólares cada dos semanas por su trabajo en una fábrica. Mientras tanto, Alberto y un grupo de amigos y voluntarios comenzaron la reconstrucción. La familia primero durmió en gimnasios escolares que servían como refugios para huracanes; y luego se mudó a un par de hoteles a donde fueron dirigidos (y recibieron ayuda financiera) a una hora de distancia. Al final se decidieron por vivir en un remolque viejo durante casi un año, en la misma calle de su casa destrozada, pagando el alquiler de su bolsillo.
En la Universidad de Duke, Elizabeth Albright, presidenta del Programa de Política y Economía Ambiental, está investigando cómo los latinos rurales de Carolina del Norte se ven afectados por los desastres climáticos. Ella señala una investigación que realizó anteriormente sobre las inundaciones en Colorado, un caso similar que involucra a grupos de inmigrantes.
“Con respecto a inundaciones y huracanes, muchas veces las comunidades latinx se encuentran entre las más vulnerables, particularmente si su estatus migratorio no es seguro”, dijo.
Un estado como Texas, propenso a huracanes y con una alta concentración de residentes latinos, también arroja luz sobre el tema. Una encuesta realizada en Texas por la Kaiser Family Foundation y la Episcopal Health Foundation, después del huracán Harvey, detalla los desafíos a los que se enfrentan los inmigrantes, en particular quienes hablan inglés limitado, después de desastres naturales. Entre los retos: “los inmigrantes pueden carecer de la alfabetización necesaria para navegar los sistemas establecidos para ayudar a las personas afectadas, pueden no ser elegibles para los beneficios o pueden dudar en buscar ayuda por temor a exponer su propia situación legal o la de un miembro de la familia”.
A pesar de un récord de 30 tormentas en 2020, este año Carolina del Norte se salvó de un huracán de la magnitud de Florence. Pero a medida que el cambio climático empeora los patrones del clima, los expertos advierten que incluso cuando un huracán no toca tierra en Carolina del Norte, de todos modos puede traer impactos dañinos que presentan riesgos serios para las comunidades.
En agosto, el huracán Isaías generó 12 tornados en Carolina del Norte, ocasionando la muerte de dos personas. El huracán Sally provocó inundaciones generalizadas en la costa de Carolina en septiembre. Y el huracán Eta que devastó Centroamérica en noviembre, trajo lluvias torrenciales y vientos que ocasionaron al menos siete muertes en Carolina del Norte.
“No hay ningún lugar que se salve del cambio climático”, dijo Kathie Dello, climatóloga estatal. “[A] las comunidades de color, los inmigrantes indocumentados, personas que viven en la pobreza debido al racismo sistémico, el cambio climático los está afectando ahora mismo”.
La recuperación es más difícil para la población indocumentada
Dos años después que el huracán Florence azotó la región, los afectados en Carolina del Norte han recibido una ayuda de más de 2 mil millones de dólares en asistencia estatal y federal, según muestra el sitio web de FEMA.
Sin embargo, FEMA limita el acceso a sus fondos, según la profesora de arquitectura de UC Berkeley, Mary Comerio, lo cual dificulta que las comunidades de bajos ingresos encuentren apoyo.
"Las familias de bajos ingresos no califican para préstamos por desastre", reveló Comerio en un informe del Urban Institute, una organización sin fines de lucro de investigación de políticas sociales. "Además, las Subvenciones de Asistencia Individual de FEMA son bastante limitadas en alcance y valor, y no están diseñadas para pagar la reconstrucción de viviendas."
FEMA proporciona algo de apoyo en casos de desastre, incluido dinero para alquiler temporal, reparaciones del hogar, pérdida de propiedad personal y otros gastos graves relacionados con el desastre, que no están cubiertos por el seguro u otros medios, según el sitio de FEMA. Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para los programas de asistencia en efectivo, pero pueden presentar una solicitud en nombre de un niño nacido en los Estados Unidos.
Sin embargo, la manera en que los residentes afroamericanos, latinos y nativos americanos se ven afectados por los desastres no siempre aparece en los datos.
“Muchas veces buena parte de las comunidades de color queda fuera de las encuestas”, dijo Monica Sanders, profesora de la Universidad de Georgetown que enseña economía de riesgos y su impacto humano.
De hecho no todas las agencias federales y estatales documentan la raza o el origen étnico de quienes solicitan asistencia para la recuperación de huracanes, según FEMA, la División de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte y la Oficina de Seguros de Carolina del Norte.
En un panel virtual con Climate Central del 10 de diciembre, Sanders dijo que estas brechas en la información entorpecen cómo las comunidades de color se recuperan de los desastres.
“Tenemos que replantearnos socialmente cómo pensamos sobre la respuesta de emergencia y la adaptación al cambio climático”, dijo Sanders. “Necesitamos reconocer que si bien hay cambios en estas esferas, los cambios están ocurriendo en un sistema enmarcado dentro del racismo histórico, estructural y sistémico. Reconocer que muchas de estas anomalías son síntomas de un problema mayor es el primer paso".
Amanda Martin, subdirectora de resiliencia de la Oficina de Resiliencia y Recuperación de Carolina del Norte (NCORR), dijo que reconoce que las agencias estatales deben hacer más para apoyar a las comunidades latinas en cada fase de un desastre.
“Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante con respecto a realizar más investigación y más políticas para abordar las formas en que las poblaciones como los inmigrantes latinos tienen menos recursos monetarios y políticos para la recuperación y la resiliencia”, dijo Martin, “y en cuanto a la construcción de lazos con líderes dentro de la comunidad latina, para apoyar y promover la resiliencia ".
Los fondos y subvenciones estatales para desastres actualmente son asignados por agencias federales, como FEMA y Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Las reglas federales requieren que los solicitantes sean residentes legales de los Estados Unidos. Para una familia de estatus legal mixto, como la del condado de Pender, FEMA permite que cualquier miembro del hogar con residencia legal presente la solicitud, sin importar su edad. Los funcionarios y consultores actuales y anteriores de FEMA confirmaron a Enlace Latino NC que los niños nacidos en los Estados Unidos han sido aprobados como solicitantes en el pasado, y el sitio web señala que esto está permitido.
A diferencia de otras agencias gubernamentales, NCORR recopila datos demográficos sobre las aplicaciones que recibe. La agencia ha destinado más de 185.4 millones de dólares a ayudar a los sobrevivientes de la tormenta, y continúa aceptando solicitudes para su Programa de Recuperación de Propietarios de Viviendas ReBuild NC. El programa proporciona fondos a los propietarios de viviendas que se recuperan del huracán Matthew (2016) y Florence (2018) para ayudar a reparar, reconstruir, reemplazar o elevar estructuras residenciales, así como también reembolsa a los propietarios las reparaciones ya completadas.
Sin embargo, el programa estatal requiere que los solicitantes sean residentes legales de los Estados Unidos. En un correo electrónico a Enlace Latino NC, el portavoz de la agencia declaró que había 121 solicitantes latinos hasta el 31 de octubre de 2020. Lo anterior incluye tanto la fase 1 del período de solicitud para los sobrevivientes del huracán Matthew, como la fase 2; que comenzó en junio de 2020, para los sobrevivientes de los huracanes Matthew y Florence. Los solicitantes de habla hispana han accedido a la solicitud en línea del Programa de Recuperación de Propietarios de 2020 1,156 veces desde el 15 de junio de este año. Lo anterior según las métricas de usuarios en línea de NCORR.
Cuando Alberto, de 50 años, y Alicia, de 43, compraron la casa del condado de Pender hace una década, la familia de cinco ya había vivido en Carolina del Norte por 13 años. La modesta casa, que pagaron en 2014 con dinero en efectivo que habían ahorrado trabajando en los campos y en las obras de construcción, venía con una parcela de tierra que se extendía hasta un bosque de tres acres.
“Finalmente teníamos nuestra propia casa, en lugar de pagarle el alquiler a alguien”, dijo Alicia.
En muchos sentidos, esta familia superó las probabilidades. Según un informe de 2015 titulado State of Latino Housing in North Carolina, publicado por UNC-Chapel Hill, es menos probable que los latinos habiten unidades de vivienda unifamiliares independientes (45,2 por ciento) y es más probable que vivan en casas móviles (24,9 por ciento) y apartamentos (19,6 por ciento), en comparación con todos los hogares en Carolina del Norte. El informe también destaca los desafíos una vez que los latinos logran obtener la propiedad de una vivienda: “Entre los latinos que han logrado navegar por el difícil camino hacia la propiedad de una vivienda, alrededor del 37 por ciento de ellos gastan más del 30 por ciento de sus ingresos en la vivienda”.
El seguro o la falta de él, ya sea por elección, por desconocimiento; o porque les niegan la oportunidad, también es común para las comunidades de color de bajos ingresos. Durante los primeros años como propietarios de la vivienda, Alberto y Alicia consultaron con varias compañías de seguros para intentar asegurar la propiedad. Se dieron cuenta de que aún no podían pagar un seguro de vivienda o contra inundaciones, dijeron. Una empresa le dijo a Alberto que su casa no valía lo suficiente. Así que lo pospusieron.
Después del huracán Florence, los residentes de Carolina del Norte presentaron más de 2.5 mil millones de dólares en reclamos de propiedad de seguros residenciales para cubrir el costo de los daños a las casas, incluidos condominios, casas móviles y otras viviendas, según datos proporcionados por el Departamento de Seguros de Carolina del Norte.
De manera similar, la encuesta de Texas tras el huracán Harvey reveló que casi un tercio, o el 30 por ciento, de los residentes con viviendas dañadas que reportaron ingresos por debajo del nivel federal de pobreza dijeron que tenían seguro. Los residentes negros y latinos también tienen menos probabilidades de reportar que tienen seguro. Entre los texanos encuestados, dos tercios de los residentes blancos, la mitad de los residentes negros y un tercio de los latinos aseguraron sus hogares.
Históricamente, hay menos residencias aseguradas en Carolina del Norte que en otros estados propensos a desastres. Según Associated Press, solo el 35 por ciento de las propiedades en riesgo de Carolina del Norte estaban aseguradas durante el huracán Florence en 2018, en comparación con el 65 por ciento en Carolina del Sur.
Sin este tipo de cobertura, el camino hacia la recuperación de la familia del condado de Pender fue desafiante. Durante siete meses, utilizaron fondos de FEMA para permanecer en un hotel a dos horas de la escuela de su hijo menor. Jessica dijo que la experiencia fue traumatizante para su hermano menor, pero que lo despertaba todas las mañanas a las 6 a.m. para que pudiera ir a la escuela.
“Apenas estaba en la escuela secundaria”, dijo Jessica, y agregó que llevaba a su madre al trabajo todas las mañanas alrededor de las 5 a.m., y regresaba para preparar a su hermano para la clase. “Ese fue el peor año de su vida”.
Pero ella trató de crear normalidad en su rutina, incluso si eso significaba ordenar pizza la mayoría de las noches, porque no tenían cocina para preparar comidas más saludables.
Mientras tanto, Jessica pasó sus días en la biblioteca del condado de Pender en Burgaw, donde tenía acceso a Internet. Le pasaba el auto a su padre, quien se apresuraba a encontrar suministros y comenzar a reconstruir, mientras Jessica buscaba formularios y llenaba solicitudes.
Jessica mantuvo una carpeta grande, apilada de quince centímetros de alto, con todos los documentos que organizó meticulosamente durante el arduo proceso de reconstrucción. La carpeta incluye algunas cartas de rechazo de organizaciones que no pudieron ofrecer apoyo, así como borradores de propuestas de contratistas locales, incluido uno que cobró 24,000 dólares por reparaciones, según muestran los documentos.
“Nunca había experimentado algo así”, dijo Jessica, explicando la agonía que sentía por momentos. “Pero en lugar de estar triste, me concentré en aprender las reglas sobre cómo arreglar la casa. Puse mi fuerza en encontrar apoyo para mi familia. Traté de ser lo más positiva posible”.
Jessica supo de FEMA a través de un sobreviviente del huracán que conoció en el primer refugio. Ella nunca había oído hablar de la organización antes de eso. Después de cada desastre, FEMA despliega representantes que establecen estaciones de información en refugios y clínicas de salud en las comunidades afectadas. Jessica contactó a uno en el siguiente refugio y lo llamó a diario, hasta que pudieron conseguir fondos para quedarse en un hotel.
Jessica encontró apoyo de voluntarios a través de varias organizaciones locales, incluida Baptists on a Mission, una organización cristiana sin fines de lucro que envió voluntarios para ayudar a Alberto en la reconstrucción durante los primeros dos meses de 2020. Pero ella y su padre tuvieron problemas con las inspecciones de la vivienda, que les hicieron reconstruir más que lo que había dañado el huracán. El inspector del condado también requirió arreglar la plomería para cumplir con los códigos establecidos.
Alberto, Alicia y Jessica explicaron que querían “hacer las cosas de la manera correcta”. Como compradores de vivienda por primera vez en los Estados Unidos, Alberto y Alicia encontraron una casa antigua al alcance de su presupuesto y se la compraron directamente al propietario. Cuando comenzó la reconstrucción de la casa, se enteraron de las regulaciones locales requeridas para las estructuras residenciales más nuevas. Antes de eso, la familia inmigrante desconocía por completo los códigos e inspecciones del condado.
Menos de dos semanas después de que Jessica presentó la primera solicitud, FEMA aprobó el reclamo de la familia; otorgándoles un total de 4,991.85 dólares, que recibieron a fines de octubre. De ahí, destinaron 2,575.72 dólares a reparaciones en el hogar, 824.13 dólares a propiedad personal; y el resto, 1,592 dólares para pagar dos meses de alquiler. Ese dinero no duró los 20 meses que estuvieron fuera de su casa y apenas abarcó los costos de reconstrucción. Alberto dijo que no le gusta pensar en el costo, pero estimó que pagaron al menos 30,000 dólares de su bolsillo. Esto incluye materiales y pago a las personas por su trabajo.
Alberto y Alicia se encuentran entre los 63,664 propietarios e inquilinos que fueron aprobados para un total de 229.7 millones de dólares en subvenciones para individuos y hogares de FEMA, para recuperación de los huracanes Matthew y Florence, según la oficina del gobernador de Carolina del Norte. La familia no recibió ningún financiamiento estatal o federal adicional.
Trabajadores agrícolas a la deriva sin protección laboral ni ayuda ante desastres
Abogando por un futuro inclusivo
Mientras que los inmigrantes luchan por recuperarse de desastres naturales con poca o ninguna ayuda de las agencias gubernamentales, más organizaciones del sector privado están interviniendo para ayudar.
La sucursal de Carolina del Norte de Catholic Charities USA, una organización sin fines de lucro que aboga por la justicia social para reducir la pobreza, desarrolló su programa de desastres en 2014. A diferencia de otros programas, la organización no pide que los solicitantes presenten una identificación, como un número de seguro social, para recibir fondos o asistencia.
Daniel Alteneau, director de comunicaciones de la organización, dijo que el grupo está allí para usar su fondo para desastres para llenar vacíos.
"Ninguna agencia o fuente de financiación única va a satisfacer por completo la necesidad de una familia", dijo.
El programa sirve como un conducto para conectar a los sobrevivientes con recursos que satisfacen necesidades específicas, como facturas de alimentos y servicios públicos. Pero a menudo la principal necesidad es una vivienda estable. Según Altenau, durante la fase de recuperación del huracán Florence, Catholic Charities ayudó a más de 250 familias hispanas, o más de 1,000 personas, con ayuda financiera para pagar reparaciones del hogar, el alquiler o facturas. La mayoría de estas familias viven en el condado de Pender. Después del huracán Matthew, la organización ayudó a 130 familias latinas, más de 500 personas.
Daniela Vereau coordina el programa de desastres de Catholic Charities en el este de Carolina del Norte. Ella dijo que uno de los principales desafíos para llegar a las comunidades latinas después de una tormenta es ganarse su confianza. Como latina, Vereau reconoce que su posición dentro de la organización a menudo se percibe como una figura de autoridad.
“Desafortunadamente, la gente de la comunidad latina tiende a asustarse después de un tiempo”, dijo. “Sabemos que existe una necesidad, pero es difícil lograr que las personas de habla hispana confíen en nosotros.
A veces encuentran ayuda dentro de su propia comunidad y quedan fuera del radar de las agencias que intentan ayudar, por lo que es más difícil hacer un seguimiento de dónde se encuentran las personas en el proceso de recuperación ".
Las familias de estatus legal mixto se encuentran en situaciones precarias después de un desastres especialmente cuando las fuerzas policiales participan en los esfuerzos de recuperación.
Los residentes indocumentados evitan interactuar con las autoridades porque temen la deportación. Aproximadamente 2.4 millones de familias de estatus mixto vivían en los Estados Unidos en el 2017, según estimados del programa Pew Research Center. Son parejas o personas solteras. Con hijos menores donde uno o ambos padres son inmigrantes no autorizados; con uno o más hijos que nacieron en los Estados Unidos. Comentó Jeffrey Passel, demógrafo senior de Pew.
La organización estima que alrededor de 85,000 familias inmigrantes, como se describió anteriormente, viven en Carolina del Norte.
Después del huracán Matthew en 2016, N.C. Inclusive Disaster Recovery Network surgió para crear colaboración entre organizaciones públicas, privadas, sin fines de lucro y religiosas, y brindar acceso equitativo a los recursos antes y después de un desastre. Este año, la coalición dio prioridad a los aportes de la comunidad latina para desarrollar mejor la defensa y la estrategia de políticas sobre mitigación de desastres, preparación, respuesta y recuperación para poblaciones vulnerables. La red se reúne mensualmente a través de Zoom. Está encabezada por Rural Forward NC, una organización sin fines de lucro a nivel estatal que ayuda a los líderes rurales a desarrollar programas de salud.
La red ha abierto un camino para una mayor comprensión. Brechas de comunicación han existido durante mucho tiempo entre los latinos rurales, los defensores de organizaciones sin fines de lucro y los funcionarios gubernamentales; especialmente durante una precaria crisis de salud pública con la pandemia del nuevo coronavirus.
Según Rural Forward, más de 300 personas asisten a las reuniones del NCIDR, que representan a 80 condados; el 57 por ciento de los participantes son latinos, el 33 por ciento son blancos y el 5,5 por ciento, afro-americanos.
En las llamadas mensuales, los participantes latinos son trabajadores de la salud, trabajadores agrícolas y organizadores comunitarios. Los grupos representados incluyen el Ministerio Episcopal de Trabajadores Agrícolas, Caridades Católicas, la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte; y varias clínicas de salud para migrantes y agencias estatales.
El 13 de noviembre, los líderes y defensores de la comunidad latina convocaron a una reunión, en español y con interpretación en inglés. Invitaron a miembros de NCORR y al director de manejo de emergencias de Carolina del Norte, Mike Sprayberry; a escuchar de primera mano a la comunidad.
Para fines de año, NCDIR espera completar un documento de mejores prácticas para abordar soluciones; así como alinear presupuestos para satisfacer las necesidades de las comunidades latinas rurales afectadas después de un desastre natural.
“Si [los funcionarios] del gobierno no están involucrados en esta conversación, no tiene sentido”, dijo Andrew Shoenig de Rural Forward NC, quien es uno de los facilitadores de la red.
Sarah Dewitt-Feldman, otra facilitadora del grupo Rural Forward NC, pointed out the NCDIR’s strength in connecting communities.
“Por otro lado, me sorprende continuamente la capacidad de recuperación de estas comunidades; y la forma en que se apoyan entre sí a pesar de todas las dificultades”, dijo. “Esta red tiene potencial para facilitar apoyo a largo plazo”.
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Finalmente de vuelta a casa
Después de tantos meses de reconstrucción y de superar obstáculos, la familia regresó a casa en abril de 2020.
Los padres mezclan fluidamente el mixteco, una lengua indígena, y el español en la conversación diaria. Jessica les habla en español y su hermano menor, un preadolescente inteligente y agraciado, responde principalmente en inglés.
Alicia comenzó a tomar clases de inglés a principios de este año, proporcionadas a través de su empleador. Continúa tomando sus lecciones de inglés virtualmente durante la pandemia, camino a convertirse en trilingüe. Su otro hijo de 22 años se graduó de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en mayo; consiguió su primer trabajo como ingeniero fuera del estado.
En cuanto a Jessica, mientras administraba toda la logística desde la biblioteca del condado durante 20 meses, terminó dos licenciaturas en línea.
“Seguí adelante, seguí empujando. Y no podía soportar no tener algo que hacer más que ayudar a mis padres”, dijo sonriente.
En su mayoría rural y blanco, el 7.5 por ciento de la población del condado de Pender es hispana, según el censo de Estados Unidos; en comparación con el 81.5 por ciento de blancos y el 14.5 por ciento de afro-ameericanos. Pender es el quinto condado más grande de Carolina del Norte en términos de extensión territorial; donde operaciones agrícolas de tabaco, batata, arándanos, carne de cerdo y aves de corral son un gran negocio.
La línea costera del condado se extiende hasta parte de la isla Topsail, un popular destino turístico. Ello explica que el condado tenga la segunda tasa de crecimiento más grande en el estado de personas jubiladas que se van a vivir a la playa.
Cuando Alberto y Alicia compraron su casa, Alicia plantó un árbol de melocotones, un manzano y uno de arándanos, para cada uno de sus hijos. Ella recolectó bayas silvestres hace años al final de la temporada de cosecha cuando trabajaba en una granja. El jardín de su patio floreció antes del paso de Florence con tomates, chiles, calabazas, sandías, fresas silvestres y milpa o maíz. Los tallos nunca produjeron ningún alimento; pero sus hojas altas se balanceaban con la brisa fuera de la ventana de la cocina, y les recordaba su hogar en Oaxaca, México.
Las familias indígenas mixtecas constituyen un grupo minoritario creciente en el condado de Pender; según el Ministerio de Trabajadores Agrícolas Episcopales y el Centro Hispano de la UNC-Wilmington.
En su nueva cocina, Alicia cocinó una olla de frijoles y preparó tortillas; doble de grandes que las de taquerías cercanas, al estilo oaxaqueño. Alicia mencionó que hay un restaurante oaxaqueño en la ciudad. Es una señal de la creciente comunidad que emigra de su tierra natal, pero aún no lo ha probado.
Alicia pintó las paredes de la cocina de color lavanda, y de un turquesa pálido las de la sala de estar aledaña. En la intersección de las paredes, donde los dos colores se juntan, colocó una estatua de San Pedro, el santo patrón de su pueblo oaxaqueño. El santo patrón es el centro del altar del Día de Muertos.
Alicia explicó que iba a recoger cempasúchil para el altar al día siguiente. “Estoy feliz de estar en esta casa finalmente”, dijo.
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Este informe, es el último de una serie realizado con apoyo de Investigative Editing Corps, un proyecto que ayuda a las organizaciones de noticias locales a realizar reportajes de investigación.
Este proyecto es financiado por North Carolina News Lab Fund