La Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobó hoy un proyecto de ley que obliga a los alguaciles de Carolina del Norte a cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La propuesta HB 10 ya fue aprobada el lunes por el Senado. Ahora se dirige al escritorio del gobernador Roy Cooper quien tiene 10 días para tomar acción: promulgarla, vetar la media, o dejar entre en efecto sin su firma.
Tres representantes demócratas, Shelly Willingham (Berties, Edgecombe y Martin), Carla Cunningham (Mecklenburg) y Michael Wray (Halifax y Northampton) votaron junto a sus colegas republicanos.
“Estoy muy emocionado de que finalmente hayamos aprobado la legislación para tratar con ICE y exigir que los alguaciles cooperen con la Oficina de Inmigración y Aduanas”, dijo Tim Moore, presidente de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte tras culminada la votación de la tarde de hoy 11 de septiembre.
La HB 10 se enfrenta a un veto casi seguro del gobernador Roy Cooper. Esta propuesta además incluye disposiciones relacionados con la aprobación de vales para ayudar a pagar las escuelas privadas, quitando recursos orientados a la educación pública.
El representante Moore adelantó que la Asamblea General podría anular el veto del gobernador y convertir la propuesta en ley cuando se reúna, ya sea en octubre o después de las elecciones del 5 de noviembre.
“Si hay suficiente gente en la sesión del 9 de octubre, lo abordaremos. Pero, francamente, depende de cuántas personas vayan a estar presentes”, dijo Moore a Enlace Latino NC. Sobre este este punto el presidente del Senado, Phil Berger, dijo el lunes a este medio que esta votación sería más probable en noviembre.
Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte apoya la versión final
La Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte expresó su respaldo a la versión final del proyecto de ley HB 10. En un comunicado enviado a Enlace Latino NC por Eddie Caldwell Jr., vicepresidente ejecutivo de la asociación manifestó sentirse cómodo con los cambios.
“La Asociación agradece a la Legislatura por su disposición de no incluir en la legislación disposiciones que habrían impuesto requisitos de registros onerosos a los 100 alguaciles de nuestro estado; e involucrado al Fiscal General en estos asuntos judiciales”, lee el correo.
Los legisladores decidieron eliminar la cláusula que autorizaba presentar demandas contra los alguaciles, la intervención del Fiscal General y los informes relacionados, los cuales habían sido añadidos por el Senado estatal en mayo.
“En reconocimiento a las mejoras realizadas al Proyecto de Ley de la Cámara 10 por la Asamblea General, la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte APOYA la Subsección 9.1.(a) del Proyecto de Ley 10, tal como se contiene en el Sustituto Propuesto del Comité de Conferencia”, añadió.
“No codifiquen la HB 10”
Jasmina Nogo, abogada de inmigración en el Centro de Justicia de Carolina del Norte, mencionó durante los comentarios públicos en el Comité de Reglas y Operaciones que la HB 10 codifica el programa de inmigración 287(g).
“Los datos muestran que los acuerdos de la 287(g) han dado lugar a la elaboración de perfiles raciales, violaciones de los derechos civiles, aislamiento de las comunidades de inmigrantes y separaciones familiares”, señaló.
Jasmina Nogo indicó que los condados más grandes del estado han retirado sus acuerdos con la 287(g), entre ellos Wake, Forsyth y Durham, para mostrar su apoyo a sus comunidades de inmigrantes.
“Les pedimos que no codifiquen la 287(g) en nuestras leyes estatales y que permitan a los ‘sheriffs’ tomar decisiones basadas en principios democráticos de responsabilidad ante sus electores sobre cómo aplicar o no las leyes de inmigración federales”, afirmó.
Al respecto el representante republicano Destin Hall, uno de los principales patrocinadores de la iniciativa, rechazó los comentarios que unen la HB 10 con el programa 287(g).
“Este proyecto de ley se aplica a las personas que han cometido delitos graves, delitos violentos o delitos menores violentos. No se aplica a quienes conducen sin licencia”, comentó durante la reunión el Comité de Reglas y Operaciones, celebrada la mañana de hoy.
“Tampoco es la 287(g) en absoluto. La 287(g) es esencialmente un programa en el que los ayudantes del ‘sheriff’ tienen un rol federal y salen al campo para ayudar a la autoridad de inmigración a nivel federal a cumplir la ley federal de inmigración”, señaló.
Además, Hall destacó que la HB 10 no requiere que los ayudantes del alguacil salgan a hacer el trabajo con el ICE.
“Habla de situaciones en las que ya se ha arrestado a alguien y un magistrado ha encontrado causas probables de que se han cometido uno de estos delitos graves. Esa persona ya está en la cárcel, por lo que no van a salir en busca de personas que puedan estar aquí ilegalmente. Eso es la 287(g)”, afirmó.
Acerca del 287(G)
El programa 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) es un acuerdo que permite a las agencias de aplicación de la ley locales realizar funciones de oficiales de inmigración.
El programa funciona bajo dos modelos uno donde los oficiales de la policía estatal y local son capacitados, certificados y autorizados por ICE para realizar funciones de control migratorio y el otro donde los oficiales de la policía estatal y local nominados son capacitados, certificados y autorizados por ICE para realizar funciones limitadas de un oficial de inmigración dentro de las cárceles.
Entre el 2006 y 2018 en Carolina del Norte el programa 287(g) dejó a más de 15,000 inmigrantes en riesgo de deportación y el Wake, desde el 2008, más de 11,000.
Critican la HB 10 en conferencia de prensa
Antes de la votación, al menos siete organizaciones realizaron una conferencia de prensa en las afueras del edificio legislativo estatal para expresar su desacuerdo con el proyecto de ley HB 10.
La propuesta, que busca la cooperación de los alguaciles locales con ICE, también incluye cientos de miles de dólares destinados a “becas de oportunidad” para asistir a escuelas privadas.
Los críticos de esta medida expresan preocupación porque destina dinero de las escuelas públicas a las privadas.
“¿Cómo quieren que yo aprenda si no tengo maestros para ninguna de mis clases?”, dijo Yan Carlos Nolasco, miembro del Vinculo Hispano, a Enlace Latino NC. “¿Y cómo quieren que mi mamá y mi papá, inmigrantes en este país, puedan tener un buen futuro para mí y para mis hermanos si nos están quitando nuestros derechos?”
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