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Cerca de dos millones de dólares pagan los residentes de condado de Wake por el programa de deportación 287(g)
Para 2009, el 80 % de las personas indocumentadas deportadas a través de la oficina del alguacil, fueron acusadas de delitos menores

4 nov., 2018

Solo el 3 % de los más de tres mil alguaciles del país han implementado el programa 287(g)

Cada año, los residentes del condado de Wake pagan $1,941,054 para deportar a sus vecinos. En la elección del alguacil, los votantes de Wake pueden decidir si reforzarán esa política o no.

El Sheriff de Wake, Donnie Harrison, ha estado en la vanguardia de la cooperación entre las autoridades federales de inmigración y las autoridades locales. Los alguaciles enfrentan una serie de opciones voluntarias al trabajar con las autoridades federales de inmigración. Por primera vez en noviembre de 2007, Harrison recibió apoyo financiero de la Junta de Comisionados del condado de Wake para contratar a 12 oficiales de 287(g) a tiempo completo, quienes podrían ejercer el cargo de agentes federales de inmigración. En ese momento, Carolina del Norte tenía la mayor cantidad de alguaciles que habían tomado esta decisión voluntaria.

Felicia Arriaga es profesora asistente de sociología en Appalachian State University, donde sus investigaciones se centran en la criminalización de las leyes y los procedimientos de inmigración.

Este programa sigue siendo voluntario: solo el 3 % de los más de tres mil alguaciles del país han implementado el programa 287(g), y en ningún lugar que comparte los valores progresistas del condado de Wake. Y Harrison no se ha aprovechado de 287(g) para buscar maneras voluntarias de separar a las familias inmigrantes. Fue el primer sheriff en la nación en adoptar Comunidades Seguras, lo cual envía información de huellas digitales a una variedad de agencias para ayudar a determinar el estatus migratorio de una persona, para propósitos de su deportación.

Tan pronto como implementó el programa 287(g), Harrison comenzó a ayudar a deportar a personas acusadas de delitos menores. Para 2009, el 80 % de las personas indocumentadas deportadas a través de la oficina del alguacil, fueron acusadas de delitos menores. Aproximadamente el 50 % de esos provenían de infracciones menores de la ley de tránsito (más de un cuarto de las detenciones iniciales fueron por “no llevar licencia de conducir,” sin seguro, sin registro, conducir con licencia revocada, con etiqueta de placa falsificada, un foco roto o alguna otra infracción menor de tránsito).

Durante los últimos cuatro años, Donnie Harrison ha expulsado a más de 1,500 de nuestros vecinos indocumentados, según sus propios datos presentados ante el Comité Directivo de 287(g).

¿Y cuánto cuesta esto a los que pagan impuestos en el condado de Wake?

Un estudio en 2010 realizado por Hannah Gill y Mai Thi Nguyen intentó calcular los costos del programa 287(g), al comprender los costos del personal, de entrenamientos y de detenciones. Otro estudio de CASA de Maryland agregó costos adicionales del posible cuidado tutelar para los hijos de inmigrantes que han sido detenidos. Soy profesora de sociología, especializada en cómo las fuerzas policiales interactúan con el sistema de inmigración, y he recreado esta misma metodología para estimar el costo de 287(g) para el condado de Wake. Calculo que en el condado de Wake el costo anual del programa es $1,941,054.

En números
• El salario promedio en 2016 de un oficial de detención, nivel 3: $45,007
• Había 17 oficiales activos en 2015
• Días de encarcelamiento elegibles para ICE en el 2016, del Financiamiento SCAAP: 12,412
• Estimación de costo diario de la cárcel de Durham para 2016-2017: $125.50.00, 90 de otro sitio
• Costo de 4 semanas de entrenamiento básico para oficiales activos ($58,855)
• Salario ($45,007 x 17) + Entrenamiento ($58,855) + Costo de la detención ($12,412 x 90) = $1,941,054

Y, finalmente, ¿qué es lo que estamos pagando? La investigación exhaustiva ha demostrado que 287(g) no tiene ningún efecto en la incidencia de los delitos. De hecho, puede perjudicar el trabajo de la policía, al reducir la denuncia de delitos de parte de las familias hispanas. Durante mi investigación, entrevisté a los residentes del condado de Wake para entender su apoyo u oposición al programa 287(g). Los miembros de la comunidad dicen que:

• 287(g)separa a las familias.
• No se cumple con las prioridades de deportación y no están claras
• ICE no monitoréa la implementación local del programa de manera adecuada
• El entrenamiento de oficiales de 287(g) es inadecuada
• Se desperdicia dinero de quienes pagan impuestos.
• Otorga autoridad adicional a la policía local.

¿Cómo podemos permitir la separación de familias, mientras que el Condado de Wake quede sin dinero para otras prioridades? ¿Y por qué castigamos a individuos por conducir sin una licencia, cuando nuestra legislatura estatal dice que no pueden tener una?

El 6 de noviembre, los votantes de Wake tendrán la opción de reelegir a Harrison o a elegir a Gerald Baker, el candidato demócrata que ha prometido terminar el programa 287(g). Los votantes son quienes podrán contestar estas preguntas.

Sobre el autor:

Doctora Felicia Arriaga

Profesora asistente de sociología en Appalachian State University

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