La Cámara de Representantes de Carolina del Norte programó para mañana 24 de octubre, una sesión donde se debatirá la anulación del veto del gobernador Roy Cooper al proyecto de ley HB 10, una propuesta que obligaría a los alguaciles del estado a colaborar con el ICE.
La Cámara de Representantes se reúne a las 12:00 del medio día. El voto puede ocurrir en cualquier momento de la tarde o también no ocurrir, dependiendo de lo que el liderazgo republicano determine.
Luego del voto de esta cámara, el proyecto pasará a manos del Senado estatal para su votación.
Para lograr la anulación del veto gubernamental, los promotores de la ley necesitarán contar con el apoyo de 72 legisladores en la Cámara de Representantes, y 30 senadores en la cámara alta estatal.
Si el veto de Cooper a la HB 10 es anulado, en ambas cámaras, la medida se convertiría en ley, entrando en vigor el 1 de diciembre del 2024.
Verificación obligatoria del estatus migratorio de los inmigrantes detenidos
Tal y como está en la propuesta, la HB 10 se aplicaría a personas detenidas por:
- Delitos graves (felonías)
- Conducir bajo efectos del alcohol
- Delitos específicos bajo varios artículos del Capítulo 14: Delitos a la propiedad pública, pandillas, delitos contra la persona, la propiedad, robo de identidad y fraude, armas de fuego, etc. (Aquí hay delitos de todo tipo, muchos de ellos menores)
- Violaciones de órdenes de protección por violencia doméstica
¿Por qué la HB 10 es tan peligrosa?
Sin embargo, la práctica ha demostrado lo contrario, y no solo por estos delitos un inmigrante puede ser arrestado y llevado a la cárcel.
Un ejemplo de ello fue el programa 287(g), que estuvo vigente entre el 2006 y 2018 en más de 11 condados del estado, entre ellos Wake y Mecklenburg.
Durante este tiempo ACLU señaló que más de 15,000 inmigrantes fueron procesados por el programa, solo en Mecklenburg. De estos, miles de los inmigrantes detenidos llegaron a cárcel no por delitos graves, sino por infracciones menores de tránsito.
El 287(g) también estipulaba que era un programa para “remover a personas, identificar y procesar a los no ciudadanos -con cargos penales o pendientes- que sean detenidos por las fuerzas del orden estatales o locales”.
Tal como indicó con anterioridad a Enlace Latino NC Orozco, el proyecto republicano pretende forzar a los alguaciles a cooperar con inmigración a través de dos modalidades distintas.
En primer lugar, obliga a los alguaciles a informar a ICE cada vez que arrestan a una persona acusada de cometer ciertos delitos. Dentro de esa lista de delitos, se encuentran algunos muy graves como asesinatos o violaciones, y otros menores, que no incluyen violencia.
“No es cierto que todos los delitos mencionados en la HB 10 sean considerados graves. Por ejemplo, están mencionados los “asaltos menores” que son simplemente amenazas que no llegan a concretarse y tienen penas inferiores a un año.
También incluye incumplimientos a órdenes civiles de protección o cuestiones vinculadas con drogas, que históricamente se han utilizado para criminalizar y deportar a poblaciones de bajos recursos que cometen actos no violentos”, afirmó el abogado.
Proceso de verificación
Los administradores de las cárceles deben preguntar directamente al detenido sobre su estatus migratorio, examinar sus documentos y consultar con el ICE si no pueden determinarlo.
Procedimiento con órdenes de detención de ICE
Según está establecido en la propuesta de ley, cuando ICE emite una orden de detención (“detainer”) el detenido debe ser llevado ante un juez estatal. Luego, el juez debe revisar la orden y verificar la identidad. Si se confirma la identidad y el inmigrante está indocumentado, debe emitir una orden de detención.
Límites de tiempo de detención
La persona será liberada cuando ocurra lo primero:
- Después de 48 horas desde recibir la orden de ICE
- ICE toma custodia del detenido
- ICE cancela la orden de detención
Protecciones legales
De acuerdo a la propuesta, los oficiales no tienen responsabilidad civil ni penal por cumplir estas órdenes. Entre tanto, los detenidos mantienen su derecho a fianza, excepto durante la detención por orden del ICE.
Recursos y supervisión
- Se asignan $278,994 para contratar dos inspectores de cárceles
- Los inspectores supervisarán el cumplimiento de esta ley
Fecha de Implementación
Cabe anotar que la ley no será retroactiva, es decir si aplicaría solo a inmigrantes arrestados luego del 1 de diciembre.
La ley abarcaría a los inmigrantes indocumentados que sean llevados a las cárceles del condado, centros de detención locales y distritales, cárceles satelitales y unidades de liberación para trabajo.
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