El gobernador Roy Cooper vetó, hoy viernes 20 de septiembre, la controversial propuesta de ley HB10, que impone a los alguaciles de Carolina del Norte cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El esperado veto del gobernador se produce luego de que una versión final del proyecto titulado: “Requerir Colaboración de ICE y Ajustes Presupuestarios” fuera aprobada por el Senado Estatal y posteriormente, el 11 de septiembre, por Cámara de Representantes.
El gobernador tenía 10 días para tomar una decisión: de promulgarla, vetarla, o dejar que entre en efecto sin su firma.
Veto para salvar la educación pública
La nueva versión de la HB10, hace referencia al tiempo de hasta 48 horas que un inmigrante permanecería detenido en caso de no poder identificarse.
La HB10 además incluye disposiciones relacionadas con la aprobación de vales para ayudar a pagar las escuelas privadas, quitando recursos orientados a la educación pública.
Esta disposición ha elevado las críticas en contra de la HB10 por parte de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y la educación pública en el estado.
Al respecto, durante una conferencia de prensa sostenida hoy a las 11.30 a.m., el gobernador enfocó su discurso en el tema de los vales y manifestó su preocupación por el daño que causaría a la educación pública sobre todo en las áreas rurales del estado.
“Este proyecto de ley toma el dinero de los contribuyentes para las escuelas públicas, y se los da a los vales de las escuelas privadas que serán utilizados por familias adineradas”, señaló Cooper.
Según el mandatario, todas las escuelas públicas se verán perjudicadas por el “despilfarro” de los $4,000 millones que la Legislatura ha previsto destinar a su dinero público durante la próxima década, siendo las escuelas públicas rurales las más perjudicadas.
“Este dinero debe usarse para mejorar nuestras escuelas públicas aumentando el salario de los maestros e invirtiendo en los estudiantes de las escuelas públicas. Por lo tanto, veto el proyecto de ley”, declaró.
Al final de la conferencia, Cooper respondió, que desde hace cinco años ha mantenido su postura en contra de obligar a los alguaciles del estado a colaborar con las autoridades de inmigración, por el peligro que este tipo de colaboración supondría para Carolina del Norte.
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Asamblea General planea anular el veto
No obstante, pese el veto del gobernador, la propuesta de ley aún puede convertirse en ley debido a que los republicanos tienen el control total de la Asamblea General, sumado a que algunos demócratas están alineados con sus colegas republicanos lo que les daría un margen superior para anular el veto.
Tres representantes demócratas, Shelly Willingham (Berties, Edgecombe y Martin), Carla Cunningham (Mecklenburg) y Michael Wray (Halifax y Northampton) votaron junto a sus colegas republicanos.
El representante Tim Moore, presidente de la Cámara Baja, había adelantado que la Asamblea General podría anular el veto del gobernador y convertir la propuesta en ley cuando se reúna, ya sea en octubre o después de las elecciones del 5 de noviembre.
De ser anulado el veto de Cooper, el proyecto de ley podría entrar en vigor el 1 de diciembre.
Aplauden veto del gobernador
Organizaciones como El Centro Hispano y El Colectivo, aplauden la posición del gobernador al vetar el proyecto de ley considerado antiinmigrante.
«Agradecemos al gobernador Cooper por estar en el lado correcto de la historia al vetar HB10 y proteger la justicia y la igualdad para todos”, dijo Pilar Rocha-Goldberg, presidenta y directora ejecutiva de El Centro Hispano NC.
“Este proyecto de ley no solo era innecesario sino también perjudicial, apuntando a una comunidad que juega un papel integral en el crecimiento económico de Carolina del Norte”, señaló.
Igualmente, la Red de Inmigrantes de Carolina (CMN) se alegró con la acción tomada por el gobernador.
“Aplaudimos esta decisión del gobernador Cooper para vetar la propuesta de ley, pero sabemos que todavía hay una batalla que tenemos que seguir que va a ser asegurarnos que nuestros representantes en la Cámara Baja y en el Senado apoyen el veto del gobernador para que no se haga ley”, dijo a Enlace Latino NC, Stefania Arteaga, directora y fundadora de CMN.
Versión final fue apoyada por la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte
Por su parte, la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte expresó su respaldo a la versión final del proyecto de ley HB 10. En un comunicado dirigido a este medio por Eddie Caldwell Jr., vicepresidente ejecutivo de la asociación, manifestó sentirse cómodo con los cambios.
“La Asociación agradece a la Legislatura por su disposición de no incluir en la legislación disposiciones que habrían impuesto requisitos de registros onerosos a los 100 alguaciles de nuestro estado; e involucrado al Fiscal General en estos asuntos judiciales”, lee el correo.
Los legisladores decidieron eliminar la cláusula que autorizaba presentar demandas contra los alguaciles, la intervención del Fiscal General y los informes relacionados, los cuales habían sido añadidos por el Senado estatal en mayo.
“En reconocimiento a las mejoras realizadas al Proyecto de Ley de la Cámara 10 por la Asamblea General, la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte APOYA la Subsección 9.1.(a) del Proyecto de Ley 10, tal como se contiene en el Sustituto Propuesto del Comité de Conferencia”, añadió.
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