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La frontera está aquí: las políticas de inmigración basadas en el miedo están causando estragos en Carolina del Norte

5 agto., 2019


Por Raúl Pinto

Abogado del Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados del Centro de Justicia de Carolina del Norte.

A medida que las imágenes de la crisis humanitaria que se desarrolla en la frontera sur de los EE. UU. continúan horrorizando a todas las personas con pulso y las políticas de la administración de Trump no mejoran la crisis de ninguna manera, los legisladores de Carolina del Norte parecen tener la intención de llevar la crisis a casa.

El Senado estatal aprobó el Proyecto de Ley 370 de la Cámara de Representantes, una propuesta que obligaría a los alguaciles a cumplir con cada solicitud de “detención” que emite el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando alguien es procesado en una cárcel local.

El proyecto de ley ahora espera un voto final de aprobación en la Cámara de Representantes. Después de que el gobernador Roy Cooper anunció su oposición al proyecto de ley, los miembros de la Cámara de Representantes impulsaron el Proyecto de Ley 135, una medida que prácticamente lograría el mismo resultado.

Si bien los defensores de estos proyectos de ley argumentan que estas políticas son necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad, el impacto real será claramente crear y promover el miedo entre las comunidades inmigrantes.

Debido a que ICE emite una orden de detención en el momento del arresto en lugar de hacerlo después de que las personas sean condenadas por algún delito, las ordenes se utilizan como una herramienta para deportar a nuestros vecinos inmigrantes que con demasiada frecuencia no cometieron ningún delito.

Por ejemplo, cuando se llama a las fuerzas del orden público para ayudar durante una disputa de violencia doméstica, la policía a menudo acusará y arrestará a ambas partes por violaciones de la ley sin preocuparse demasiado por quién es la víctima y quién es el abusador.

Es entonces el trabajo del tribunal condenar a la parte culpable y desestimar los cargos de la víctima. Sin embargo, para el momento en que se desestiman los cargos de la víctima, ICE ya ha emitido una orden de detención y muy posiblemente sacó a la víctima de la cárcel local a una instalación en Georgia, lejos de la representación legal, lejos de los recursos, y con demasiada frecuencia, destrozando a la familia separándola de sus hijos.

Dado un telón de fondo tan aterrador, ¿por qué los inmigrantes reportarían delitos cuando hacerlo podría llevarlos a un centro de detención deplorable y en una vía rápida hacia la deportación? No es sorprendente que los datos confirmen que cuando las autoridades locales aumentan la cooperación con las autoridades de inmigración de manera indiscriminada, es menos probable que las comunidades inmigrantes denuncien crímenes, lo que hace que todos los habitantes de Carolina del Norte estén menos seguros.

Es especialmente miope mirar lo que está sucediendo en la frontera aislado de estas condiciones de Carolina del Norte. La herramienta elegida por esta administración para abordar la inmigración es el miedo, ya sea en la frontera o en nuestras comunidades. La política de separar a las familias que vienen a la frontera de los Estados Unidos en busca de asilo se basa en hacer que las personas tengan miedo de perder a sus hijos si ejercen su derecho a solicitar asilo.

Los proyectos de ley 370 y 135 fueron diseñados para despertar el mismo temor: si maneja sin licencia para comprar alimentos y la policía lo detiene, es posible que no vuelva a ver a su familia; Si informa que ha sido víctima de un delito ante el departamento de policía local, su familia puede ser separada.

Yo, como millones de otros estadounidenses, llevo en mi mente la foto icónica de los cuerpos de Oscar Alberto Martínez Ramírez y su pequeña hija, Valeria, en las orillas del Río Grande. Esa imagen debería servir como un recordatorio de en qué se ha convertido nuestro país y qué han causado las políticas de inmigración de nuestra nación.

Pero, debemos recordar que las políticas que causaron la muerte de Oscar y Valeria no se desarrollaron de la noche a la mañana. La proliferación de programas como 287 (g) y “Comunidades seguras”, creadas para maximizar la cooperación entre la policía local y el ICE se remonta a casi dos décadas.

Incluso bajo la administración del presidente Obama, estos programas separaron a las familias, deportaron a las personas a condiciones mortales en sus países de origen y alimentaron la retórica antiinmigrante. Puede que no haya imágenes virales de estas deportaciones pasadas grabadas en nuestra conciencia pública, pero no debería haber ninguna duda de que miles y miles de familias sufrieron y sufrieron mucho, a menudo en silencio estoico.

En su declaración de oposición a la legislación propuesta, el gobernador Cooper observó con razón que la ley de Carolina del Norte ya prevé el enjuiciamiento y la condena de las personas que cometen un delito. Podría haber agregado que propuestas como HB 370 y HB 135 también están indudablemente entrelazadas con la campaña de miedo no estadounidense y, en última instancia, contraproducente de la administración Trump.

No sé qué se necesitará para la separación de familias causada por políticas como las contenidas en estos proyectos de ley para indignar a los norcarolinos y hacer que exijan un cambio en la política. Sin embargo, a menos que queramos otra fotografía viral trágica en nuestra conciencia colectiva, ya no podemos darnos el lujo de adoptar un enfoque de “no ver el mal”.

 

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