Un tribunal federal de apelaciones falló el miércoles a favor del gobierno del presidente Donald Trump y suspendió temporalmente la orden de una corte de menor instancia que mantenía vigentes las protecciones temporales para 60.000 migrantes de Centroamérica y Nepal.
La decisión significa que el gobierno federal puede tomar medidas para deportar a unas 7.000 personas originarias de Nepal cuyas designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) expiraron el 5 de agosto.
Las designaciones de TPS y estatus legal de 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses están programadas a expirar el 8 de septiembre, momento en el cual serán elegibles para ser expulsados del país.
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Moción del 31 de julio suspendida
El Tribunal Federal de Apelaciones del 9º Circuito, en San Francisco, concedió la suspensión de emergencia en lo que se resuelve una apelación, mientras defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que el gobierno actuó de manera ilegal al poner fin a las designaciones de Estatus de Protección Temporal (TPS por sus iniciales en inglés) para las personas procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
“La orden del tribunal de distrito que concedía la moción de la parte demandante para posponer, emitida el 31 de julio de 2025, queda suspendida a la espera de una nueva orden de este tribunal”, escribieron los jueces, quienes fueron designados por el demócrata Bill Clinton y los republicanos George W. Bush y Donald Trump.
Medidas agresivas para eliminar el TPS
El titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) puede otorgar la designación de TPS para evitar que los migrantes sean deportados y se les permita trabajar de forma legal en Estados Unidos.
La Casa Blanca ha tomado agresivas medidas eliminar esta protección, haciendo que más personas sean elegibles para su expulsión.
Es parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno para llevar a cabo deportaciones a gran escala de personas que se encuentran en el país sin autorización legal.
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Más de 20 años residiendo en el país
La secretaria Kristi Noem puede extender el TPS a inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos si se considera que las condiciones en sus países de origen son inseguras para su regreso debido a un desastre natural, inestabilidad política o algún otro factor de riesgo.
Defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que los titulares de TPS originarios de Nepal han vivido en Estados Unidos por más de una década.
En tanto, los beneficiarios procedentes de Honduras y Nicaragua han contado con protecciones en el país desde hace 26 años, después de que el huracán Mitch devastó ambas naciones en 1998.
“El gobierno de Trump está retirando sistemáticamente de documentos a inmigrantes que han vivido legalmente en este país durante décadas, criando hijos que son ciudadanos estadounidenses, abriendo negocios y contribuyendo a sus comunidades”, dijo Jessica Bansal, abogada de National Day Laborer Organization.
Noem puso fin a los programas luego de determinar que las condiciones ya no justificaban la designación.
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Audiencia el 18 de noviembre
En su orden del 31 de julio, la jueza federal Trina L. Thompson, en San Francisco, mantuvo en vigor las protecciones en lo que el caso se dirime en los tribunales. La próxima audiencia está programada para el 18 de noviembre.
Thompson afirmó que el gobierno puso fin al TPS sin una “revisión objetiva de las condiciones del país”, como la violencia política en Honduras y los recientes impactos de huracanes y tormentas en Nicaragua.
En respuesta, la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin declaró: “El TPS nunca tuvo como objetivo ser un sistema de asilo de facto, sin embargo, así es como los gobiernos anteriores lo han utilizado durante décadas”.
Fin del TPS, demandas pendientes
El gobierno de Trump ya ha puesto fin a las designaciones de TPS para alrededor de 350.000 venezolanos, 500.000 haitianos, más de 160.000 ucranianos y miles de personas procedentes de Afganistán y Camerún. Algunos tienen demandas pendientes en tribunales federales.
Los abogados de la parte demandante argumentaron que las decisiones de Noem son ilegales porque fueron predeterminadas por las promesas de campaña de Trump y motivadas por animosidad racial.
Pero Drew Ensign, un asistente del fiscal general adjunto, dijo el martes en una audiencia que el gobierno sufre un daño irreparable continuo por su “incapacidad para llevar a cabo los programas que ha determinado que son justificados”.
La Corte Suprema permitió en mayo que el gobierno de Trump pusiera fin a las designaciones de TPS para los venezolanos. Los jueces no proporcionaron una justificación, lo cual es común en apelaciones de emergencia, y no se pronunciaron sobre los reclamos subyacentes.
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