La reciente aprobación de la ley HB 10 en Carolina del Norte ha generado reacciones encontradas entre los alguaciles del estado, especialmente sobre su impacto en las comunidades inmigrantes.
La nueva legislación exige la cooperación más estrecha entre los alguaciles locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Algunos alguaciles están de acuerdo, mientras otros temen que erosione la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad.
A continuación, se presentan las declaraciones enviadas a Enlace Latino NC de varios alguaciles del estado en respuesta a esta nueva ley.
Oficina del alguacil del condado de Wake
El alguacil del condado de Wake, Willie Rowe, expresó preocupación porque la HB 10 podría generar desconfianza en la comunidad inmigrante local.
Rowe señaló que su oficina ya cumple con las leyes estatales de notificación a las autoridades federales. Pero que la nueva ley podría disuadir a los inmigrantes de pedir ayuda a la policía, aumentando el riesgo de victimización.
“Sigo preocupado de que este proyecto de ley, y cualquier malentendido sobre la misma, pueda hacer que nuestra comunidad inmigrante sea reacia a solicitar asistencia de la policía, aumentando así la probabilidad de que sean víctimas de delitos”, explicó el alguacil en un comunicado.
El alguacil resaltó que la HB 10 no permite que los oficiales detengan a alguien solo por sospechas sobre su estatus migratorio. Sino, que exige que se notifique a ICE si una persona arrestada por ciertos delitos graves no puede demostrar su estatus legal en Estados Unidos.
“La Oficina del Alguacil del Condado de Wake continuará manteniendo relaciones laborales fuertes con nuestros socios locales, estatales y federales, a la vez que mantenemos nuestro compromiso de servir a todos en nuestra comunidad”, lee el comunicado.
“La colaboración entre todos los niveles de gobierno es esencial para la seguridad pública, y nuestras asociaciones siguen enfocadas en proteger a la gente del Condado de Wake, manteniendo su confianza y seguridad”.
Además, reiteró su llamado a una reforma migratoria significativa a nivel federal.
“El Congreso debe promulgar políticas que proporcionen los recursos suficientes para asegurar la frontera de nuestro país de manera efectiva, eficiente y humana”, añadió Rowe.
Oficina del alguacil del condado Mecklenburg
El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, se mantiene firme en su oposición a la legislación. Específicamente, a la sección 9.1(a), que reescribe el Estatuto General de Carolina del Norte 162-62. Ahora, esta provisión requiere que se honren las órdenes de detención de ICE sin elección ni discreción.
El alguacil McFadden cooperó con ICE, bajo la versión de lo que es ahora 162-62, a pesar de afirmaciones contrarias en los medios locales. Pero cree que la nueva ley socava la autoridad de los alguaciles. También criticó que impide a las comunidades locales establecer políticas acordes con la voluntad de sus electores.
También cree que los nuevos requisitos son una carga innecesaria para los alguaciles y contribuyentes. Una orden federal de detención y una retención de 48 horas autorizada por un magistrado, costaría a los contribuyentes del condado de Mecklenburg $191 por día por detenido, sin apoyo federal para cubrir una factura de $463 millones.
La Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte (NCSA) apoya la legislación, citando el alivio de los requisitos de mantenimiento de registros para los 100 alguaciles y la ampliación de la supervisión general de la Fiscalía, con lo que McFadden, miembro de la NCSA, está de acuerdo. Sin embargo, argumenta que el proyecto de ley no aborda adecuadamente los miedos y la seguridad de las familias en la comunidad.
“No hay una sola persona que no valore la seguridad de nuestros ciudadanos. Nadie quiere que un criminal violento esté en nuestras calles y vecindarios, documentado o indocumentado”, dijo el alguacil McFadden.
“Pero este proyecto de ley erosionará aún más la confianza no solo entre las fuerzas del orden y la comunidad hispana, pero cualquier residente que sea indocumentado, especialmente cuando el presidente electo Trump se prepara para asumir el cargo y se habla de políticas de inmigración aún más duras por venir. Continuaré alentando a todas las personas a contactarnos, denunciar delitos y hablar con las autoridades, pero me temo que la HB 10 hará que los miembros de nuestra comunidad inmigrante sean mucho menos propensos a hacerlo”.
A pesar de su decepción, el alguacil McFadden y la Oficina del Alguacil del Condado de Mecklenburg (MCSO) siguen comprometidos a cumplir las leyes, incluida la HB 10. Antes de que la ley entre en vigor, MCSO trabajará con el magistrado para crear nuevas políticas. A su vez, garantizarán la seguridad y el bienestar de todos los residentes y visitantes del condado de Mecklenburg.
Le puede interesar: Piden recuento de votos en varias competencias de Carolina del Norte
Oficina del alguacil del condado de Durham
El alguacil del condado de Durham, Clarence F. Birkhead, expresó su firme oposición al HB 10. Además, destacó su compromiso de seguir apoyando a la comunidad hispana y la importancia de la confianza y colaboración para una ciudad más segura.
“Hace seis años, abrí mi puerta a la comunidad hispana, y sigue abierta hoy”, dijo Birkhead en un comunicado. “No vamos a permitir que esta legislación destruya lo que hemos creado. En cambio, trabajaremos para construir una asociación aún más fuerte hacia el futuro”.
El alguacil también reconoció el temor que muchos residentes sienten ahora que HB 10 es ley. Pero aseguró que las relaciones de confianza con la comunidad siguen siendo fuertes.
“Sé que sus preocupaciones son válidas, pero nuestras relaciones son más fuertes que cualquier legislación”, añadió.
Además, el Birkhead anunció que está trabajando con líderes hispanos locales para organizar una reunión comunitaria. El objetivo de escuchar directamente las preocupaciones de los residentes y seguir promoviendo el diálogo entre la comunidad y las fuerzas del orden.
También ánimo a la comunidad a que se comuniquen con su oficina si tienen alguna pregunta o problema específico que necesite ser atendido.
Oficina del alguacil del condado de Buncombe
La Oficina del Alguacil del Condado de Buncombe explicó a Enlace Latino NC que ya cumple con el Estatuto General de Carolina del Norte 162-62, que exige notificar a las autoridades federales en ciertas circunstancias. Además, aclararon que la HB 10 no permite detener a una persona únicamente por sospechar su estatus migratorio.
“La nueva ley exige que determinemos el estatus legal de una persona únicamente si ha sido arrestada y acusada de delitos graves específicos”, señaló la oficina. “Si no podemos verificar ese estatus, estamos obligados a notificar a ICE”.
En una reunión comunitaria realizada en abril de este año en el Barrio Emma, el alguacil Quentin Miller había destacado: “Yo soy uno de los sheriffs que decidió no colaborar con ICE y no ser parte del programa 287g. Vienen con esta ley para tratar de obligarnos a hacerlo y lo tomo como algo personal, voy a seguir peleando contra esto”.
Incluiremos declaraciones adicionales de otros alguaciles del estado a medida que recibamos sus respuestas.
PODCAST
Después de la tormenta
Hace un año, el huracán Helene golpeó al oeste de Carolina del Norte. La comunidad latina respondió con algo más fuerte que la tormenta: solidaridad.
🎧 En este episodio, conoce cómo las organizaciones latinas transformaron la crisis en resiliencia.
▶️ ¡Dale play para escuchar!
Republique gratuitamente nuestras historias en su website o periódico. Seguimos la licencia de Creative Commons. Dele clic al recuadro, y siga las instrucciones.
