Entre los múltiples obstáculos que afectan a los trabajadores agrícolas migrantes en los Estados Unidos, la barrera idiomática suele ser uno de los más frecuentes. Sin embargo, en determinados casos el acceso a un traductor es un derecho garantizado por leyes federales.
Por eso, si no se respeta, el trabajador puede hacer un reclamo para recibir interpretación.
“Si un trabajador con dominio limitado del inglés va a una oficina del gobierno o a cualquier establecimiento médico que recibe financiación federal, deberán proveerle un traductor”. Es lo que indicó a Enlace Latino NC Aaron Jacobson, abogado de Ayuda Legal para Trabajadores Agrícolas.
“Por ejemplo, si va a un hospital federal, o un hospital estatal, o incluso a un hospital privado que recibe financiación federal, el hospital tiene la obligación de proveer traductores para todas las personas que se atiendan allí”.
Derecho a la traducción
El derecho a la traducción está garantizado por el título VI del Acta de los Derechos Civiles, una norma federal de enorme importancia histórica.
Específicamente, el Título VI prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en cualquier programa o actividad que reciba fondos federales u otra asistencia financiera federal.
En ese sentido, los programas que reciben fondos federales no pueden distinguir entre las personas por motivos de raza, color u origen nacional; ya sea directa o indirectamente.
Por ese motivo, las políticas o prácticas no pueden negar a las personas con dominio limitado del inglés el acceso equitativo a los programas financiados por el gobierno federal para los cuales dichas personas califican.
Esta prohibición se aplica a la discriminación intencional; así como a los procedimientos que parecen neutrales pero que tienen un efecto discriminatorio sobre las personas debido a su raza, color u origen nacional. Por ejemplo, servicios brindados únicamente en inglés en zonas con población migrante.