Por: Haydeé López
Durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, más de 6,200 niños han sido detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos, según datos recientes del Deportation Data Project analizados por The Marshall Project.
La magnitud del incremento es significativa: la detención de menores se ha multiplicado por diez, alcanzando un promedio diario de 226 niños bajo custodia desde su regreso al poder.
Aunque el gobierno presenta estas medidas como parte del control fronterizo, la evidencia independiente muestra otra realidad: niños que pasan semanas e incluso meses detenidos, muchas veces en condiciones precarias.
Esto ocurre pese a las protecciones del acuerdo de Flores, que limita la detención infantil a 20 días.
Aun así, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha mantenido a más de 1,600 menores por encima de ese límite.
Especialistas, incluida la Academia Americana de Pediatría, advierten que cualquier tiempo en detención puede causar daño psicológico, riesgo que aumenta cuanto más se prolonga el encierro.
En la práctica, la detención extendida de menores no es excepcional, sino una tendencia creciente del sistema migratorio actual.
Dilley: “una prisión en medio del desierto”
Enlace Latino NC visitó las afueras del South Texas Family Residential Center, conocido también como el Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, uno de los principales símbolos de la política de detención familiar en Estados Unidos.
Este centro, operado por una empresa privada, ha albergado a casi la mitad de los niños detenidos durante el segundo mandato de Trump.
Según la oficina del congresista Joaquin Castro, hasta el 8 de abril, el centro mantenía a 339 personas: 48 familias, 77 menores (33 niñas y 44 niños), 244 mujeres adultas y 18 hombres adultos.
Lejos de la imagen de ser un “centro residencial temporal” que presentan las autoridades, testimonios de legisladores, abogados y familias describen condiciones alarmantes.
“Hay personas con condiciones médicas graves que están empeorando por la falta de atención… porque no están siendo tratadas como plenamente humanas”, denunció Castro en una reciente rueda de prensa.
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Desde bebés hospitalizados a intento de suicidios de adolescentes
Organizaciones han documentado más de 700 quejas relacionadas con la atención dentro del centro.
Entre ellas, reportes de alimentos en mal estado, agua con mal olor y servicios médicos insuficientes.
Los testimonios incluyen casos de un bebé hospitalizado con niveles peligrosamente bajos de oxígeno, niños que se autolesionan, menores que regresan a mojar la cama y adolescentes que han intentado suicidarse.
Tras una visita, el congresista Greg Casar en rueda de prensa, cuestionó el discurso oficial.
“Nos dicen que están deteniendo a los peores de los peores, pero ninguna de las personas con las que hablamos tenía antecedentes penales”, mencionó.
“La gran mayoría son niños o mujeres solas. Nos dicen que es una instalación temporal, pero hablamos con pequeños que han estado detenidos por casi un año”, agregó.
Acceso a servicios básicos y secretismo
También, Casar, señaló fallas en el acceso a servicios básicos, como la conexión de las computadores a internet o atención médica.
“Dicen que hay asesoría legal en línea, pero las computadoras no están conectadas a internet. Dicen que los niños reciben atención, pero hablamos con una niña de cinco años con múltiples caries sin tratar durante meses”, comentó.
Asimismo, Castro denunció un mayor nivel de secretismo durante esta primera visita bajo la administración del nuevo secretario de seguridad nacional, Markwayne Mullin.
“El personal ahora lee un guión. Nos mostraron la cafetería, la biblioteca y el complejo principal, pero cualquier pregunta debíamos dejarla por escrito y sería respondida desde Washington DC”.
Un campo aislado
Aunque no se permitió el ingreso de líderes y aliados al recinto y solo se observó desde el exterior, los reportes coinciden en las descripciones.
Se presenció una nueva cerca de seguridad y un complejo aislado, rodeado de vallas, con remolques donde familias viven bajo el intenso calor del desierto.
Estos espacios, bautizados con nombres infantiles como “mariposa azul” u “oso marrón”, contrastan con la realidad que relatan quienes han estado dentro.
Estructuras que, en la práctica, funcionan como centros de detención para niños y sus familias.
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Más allá de Dilley: una crisis más amplia
El caso de Dilley no es aislado. A nivel nacional, el sistema de detención migratoria enfrenta un creciente escrutinio por sus condiciones y consecuencias humanas.
Hasta finales de marzo de 2026, al menos 46 personas han muerto bajo custodia de ICE desde enero de 2025.
Solo en 2026, las muertes se registran aproximadamente cada seis días, una frecuencia que ha encendido alarmas entre organizaciones de derechos humanos.
Grupos como Fair Immigration Reform Movement advierten que muchas de estas muertes ocurrieron tras intentos repetidos, y fallidos, de acceder a atención médica.
Según su liderazgo, no se trata de hechos inevitables, sino del resultado de decisiones políticas que han convertido los centros de detención en espacios de “sufrimiento evitable”.
Las denuncias también se extienden a otros centros. En San Benito, Texas, los congresistas Castro y Casar reportaron la presencia de menores embarazadas y adolescentes que acababan de dar a luz a bebés ciudadanos estadounidenses.
Durante una visita de supervisión, Castro señaló que no se le permitió hablar con ninguna de ellas. Esta situación refuerza las preocupaciones sobre la falta de transparencia y acceso dentro de estas instalaciones.
Un futuro incierto
El gobierno federal ha impulsado esfuerzos para eliminar protecciones clave como el acuerdo de Flores, lo que abriría la puerta a la detención indefinida de menores mientras avanzan sus procesos migratorios.
Para defensores y familias, el riesgo es claro: sin estos límites, las condiciones podrían deteriorarse aún más.
Este debate ocurre en paralelo a las negociaciones en el Congreso sobre el financiamiento de ICE y CBP (Customs and Border Protection, su nombre en inglés). Legisladores críticos advierten que ya existen recursos millonarios destinados a la detención y que el enfoque podría intensificarse.
“Ya tienen millones y millones, y quieren abrir más de estas cárceles… están usando el dinero de los contribuyentes para encerrar a niños de cinco años en lugar de invertir en nuestras comunidades”, señaló el congresista Casar haciendo referencia al caso del niño ecuatoriano, Liam Conejo Ramos.
En esa misma línea, el viernes pasado, la administración de Trump solicitó en su propuesta presupuestaria anual fondos. En ella buscan financiar “hasta 30,000 camas para unidades familiares”, una señal clara de su intención de expandir la detención familiar.
Por su parte, el congresista Castro fue más allá al denunciar el trasfondo del sistema:
“Hay quienes están ganando millones, incluso miles de millones, a costa del sufrimiento infantil. Como país, hemos tomado la decisión de convertir ese sufrimiento en un negocio”.
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Llamado a la acción
Durante una reciente conferencia de prensa, Castro subrayó el impacto de la presión pública.
“El rechazo de la gente y sus voces han contribuido a que disminuya el número de personas detenidas. A finales de enero había alrededor de 1,100 personas en Dilley, y esa cifra ha bajado significativamente”, dijo el congresista.
También hizo un llamado directo a las familias, instando a quienes tengan seres queridos detenidos en Dilley a contactar su oficina para buscar apoyo y visibilizar sus casos.
A este reclamo se han sumado figuras públicas, artistas, escritores y activistas que han exigido el cierre del centro.
En los últimos días, grupos defensores de derechos humanos han viajado hasta Dilley para documentar las condiciones y amplificar las voces de las familias detenidas.
“Ningún niño ni familia debería ver su vida marcada por el trauma de una detención cruel”, señaló Stacey Abrams, organizadora principal de la campaña 10 Steps, durante el lanzamiento de Read Them Home: End Family Detention. Esta nueva iniciativa nacional exige el fin de la detención familiar y la libertad para niños y familias que buscan seguridad.
“Estamos tomando acción para decir la verdad, honrar la dignidad de las familias y llamar a los estadounidenses a recordar su propia infancia y afirmar con claridad: la detención familiar debe terminar”, afirmó.
El mensaje que emerge es claro: la presión pública puede marcar la diferencia. En medio de cifras, políticas y debates legislativos, lo que está en juego no son solo números, sino la vida y el futuro de miles de niños.
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