La Corte Suprema de Carolina del Norte anuló este jueves una orden del tribunal de primera instancia de 2022, que buscaba aumentar el financiamiento estatal para las escuelas públicas, al determinar que el tribunal inferior carecía de jurisdicción para emitirla.
Según la decisión de la Corte, los tribunales de primera instancia “carecen de jurisdicción sobre reclamos que no han sido presentados correctamente”.
El fallo añade que “los litigantes transformaron los reclamos originales en demandas muy diferentes sin seguir el procedimiento adecuado para invocar la jurisdicción del tribunal”.
Como resultado, la Corte determinó que las órdenes posteriores a julio de 2017, incluida la de 2022, “sean nulas por exceder el alcance de la demanda original”.
La decisión fue de 4-3, con el juez asociado republicano Richard Dietz, quien se unió a las dos juezas demócratas como disidente.
Cronología del caso Leandro
El caso “Leandro v. State of North Carolina” se inició en 1994 por juntas escolares y familias de condados rurales con bajos ingresos, quienes alegaban que el estado no cumplía su obligación constitucional de garantizar “una educación básica sólida”.
Durante casi tres décadas, los tribunales han debatido sobre la responsabilidad del Estado de corregir las desigualdades educativas. En 1997, los tribunales reconocieron que el Estado tenía la obligación constitucional de garantizar una educación básica sólida.
A pesar de este fallo, los defensores aseguraban que la falta de financiamiento dejaba a los distritos escolares sin los recursos necesarios para ejecutar la orden.
Órdenes posteriores, en 2004 y entre 2010 y 2017, establecieron transferencias de fondos y programas específicos para atender a los distritos rurales y de bajos ingresos.
La orden de 2022, ahora revocada, requería destinar más de 1,700 millones de dólares a la educación pública para corregir desigualdades educativas.
La Corte Suprema estatal pasó a tener una mayoría republicana de 5-2 en 2023 lo que llevó a reconsiderar los fallos del caso Leandro.
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Razones de votos disidentes
Las juezas demócratas Anita Earls y Allison Riggs cuestionaron la limitación de la mayoría a la supervisión judicial. Asimismo, defendieron la protección del derecho constitucional a una “educación básica sólida”.
“Este caso es —y siempre lo ha sido— sobre la naturaleza del derecho constitucional reconocido hace tres décadas en Leandro v. State: que el Estado tiene el deber de proteger y garantizar el derecho de cada estudiante de Carolina del Norte a acceder a una educación básica sólida… La Corte hoy traiciona estos compromisos constitucionales”, dijo Earls.
Riggs apoyó la visión de Earls de que la mayoría limitó indebidamente la autoridad de los tribunales para corregir desigualdades persistentes.
“Los niños de nuestro estado ya han esperado demasiado para que su gobierno estatal les proporcione el comienzo en la vida que nuestra Constitución les promete, y después de hacerlos esperar aún más, este Tribunal ahora les ha quitado el suelo bajo sus pies”, dijo Riggs en su disenso.
Asimismo, el juez republicano Richard Dietz disintió porque no estaba de acuerdo con que la Corte considerara que existían defectos jurisdiccionales “fatales” que invalidaran el caso Leandro. Alego que los problemas procesales podían corregirse sin cerrar el caso.
“No estoy de acuerdo con la mayoría en que existan defectos jurisdiccionales fatales en este caso. Los tribunales de primera instancia tienen jurisdicción sobre reclamos que alegan que el Estado está violando una disposición expresa de la Constitución de Carolina del Norte”, dijo Dietz.
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Reacciones dividias ante el fallo
El fallo generó respuestas inmediatas entre legisladores, defensores de la educación y organizaciones comunitarias.
Líderes republicanos apoyan decisión
Legisladores republicanos celebraron la decisión. Los funcionarios públicos argumentaron que corresponde a la Asamblea General de Carolina del Norte asumir un rol más directo en la financiación de las escuelas.
“La decisión de hoy reconoce correctamente el papel constitucional de la Asamblea General de Carolina del Norte, ya que la Constitución estatal otorga exclusivamente al poder legislativo la autoridad sobre las asignaciones presupuestarias”, dijo Demi Dowdy, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, Destin Hall.
También reiteró la propuesta del presupuesto estatal por parte de esta cámara para otorgar un aumento promedio a los maestros de 8.7%.
Asimismo, el líder del Senado, Phil Berger, afirmó que durante décadas “intereses especiales vinculados a la educación liberal han intentado apropiarse indebidamente del proceso constitucional de financiamiento de Carolina del Norte para imponer sus preferencias políticas mediante decisiones judiciales”.
Según Berger, la resolución confirma que “la vía adecuada para la formulación de políticas públicas es el proceso legislativo”.
“Hoy, los niños de Carolina del Norte tienen acceso a oportunidades educativas de nivel mundial gracias al compromiso del poder legislativo con la mejora de los resultados educativos”, agregó Berger. “De cara a la sesión corta, los republicanos del Senado continuaremos con nuestro enfoque constante de aumentar la participación de los padres y las oportunidades educativas para los estudiantes.”
Critican el fallo por impacto a estudiantes
Por su parte, el gobernador demócrata de Carolina del Norte, Josh Stein, calificó la decisión como un golpe a los estudiantes.
En un comunicado, señaló que la Asamblea General ha dejado al Estado en el puesto 49 del país en inversión por alumno. Así como con maestros entre los peor pagados de la nación.
“La noticia de hoy no modifica la responsabilidad fundamental de nuestro Estado hacia sus estudiantes. Por eso sigo abogando por un aumento salarial real para cada maestro, más personal de apoyo en nuestras escuelas, desayuno escolar gratuito para todos los estudiantes e inversiones comprobadas en resultados estudiantiles, como la Ciencia de la Lectura y Roles Avanzados de Enseñanza”, dijo Stein.
Organizaciones como North Carolina Justice Center y Every Child NC advirtieron que la revocación de la orden de 2022 podría agravar las desigualdades educativas existentes.
También urgieron a los legisladores a garantizar que los estudiantes de distritos con menos recursos no queden desprotegidos.
“La decisión de hoy de anular Leandro IV es parte de un patrón a nivel estatal de obstruir los derechos educativos y negar a las escuelas los recursos necesarios para sostener el derecho constitucional a oportunidades educativas básicas sólidas para los niños de nuestro estado”, dijo Dana Mangum, directora ejecutiva interina del North Carolina Justice Center.
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