En una votación dividida, la Junta de Educación del condado de Johnston aprobó una nueva política que prohíbe a estudiantes y maestros el uso de celulares durante el horario de clases.
La votación 5-2 en el condado de Johnson sigue un esfuerzo más amplio a nivel estatal para reducir las distracciones digitales en las aulas.
La política, denominada Código de Póliza 4318: Uso de Dispositivos de Comunicación Inalámbrica, exige que los estudiantes mantengan sus teléfonos apagados, fuera de vista y guardados durante el tiempo de instrucción.
El personal docente también deberá limitar el uso de sus dispositivos móviles, salvo en casos de emergencia o cuando el uso haya sido aprobado con fines educativos.
“Si estás enseñando, entonces no vas a estar en tu teléfono¨, dijo el miembro de la Junta Terry Tippett durante la reunión. ¨Si vamos a hablar sobre maestros como profesionales, tenemos que entender que nosotros no hablamos en nuestros teléfonos mientras damos clase… Ese es un hecho”.
Un esfuerzo más amplio a nivel estatal
El voto ocurre tras meses de debate y refleja una tendencia más amplia en el estado. Legisladores de Carolina del Norte han impulsado dos proyectos de ley (SB 55 y HB 87) que buscan limitar el uso de teléfonos por estudiantes durante las clases en otros distritos escolares.
Distritos como Wake y Union han adoptado políticas restrictivas similares, aunque Johnston se convierte en uno de los pocos que también incluye a los docentes.
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Argumentos a favor
Para quienes respaldan la medida, el objetivo es establecer expectativas claras para todos y minimizar distracciones durante las clases.
“Especialmente en las escuelas secundarias, tienes a estudiantes pegados a sus celulares. También tienes al personal pegado a sus celulares¨, señaló Kevin Donovan, miembro de la junta. “Y la respuesta ha sido: ´necesitamos una política con fuerza´ para poder hacer responsables también a los maestros”.
La miembro de la Junta, Michelle Antoine, recalcó que la política se debería ver desde otra perspectiva. Ella agregó que la intención no es castigar, sino para apoyar la enseñanza de los estudiantes.
“La percepción no debe ser que queremos sancionar a un maestro, sino que todos necesitamos reajustar nuestros hábitos”, dijo. “No se trata de dañar, sino se trata de darles a los docentes la libertad de enseñar sin sentirse distraídos”.
Otro miembro, Kay Carroll, añadió que esta decisión se basa en la confianza hacia el profesionalismo docente, pero que la política podría modificarse en tiempo si no se observan cambios reales.
“Esta política se puede enmendar en un año si descubrimos que no lo están cumpliendo, que solo están aparentando ser profesionales”, dijo. “Pero estoy dispuesto a decir, ‘los escucho’ y a tratarlos con respeto como profesionales capaces de controlar el uso del teléfono en la clase”.
Preocupación de los docentes y miembros de la junta
Por otro lado, algunos miembros de la junta y docentes expresaron preocupación por cómo la política podría generar desconfianza o limitar la autonomía personal.
“Ya tenemos herramientas para evaluar a los maestros”, dijo April Lee, unas de las dos integrantes que votaron en contra. “Ya existe una forma de hacerlos responsables sin necesidad de esta política”.
Lee también cuestionó el potencial de tener que justificar ante de los alumnos el uso de un dispositivo por motivos legítimos.
“El momento en que necesite usar el celular, ya sea para una aplicación de autenticación o cualquier otra cosa, no debería tener que justificarlo ante mis estudiantes por qué lo estoy usando”, afirmó.
Además, advirtió sobre las posibles consecuencias adversas que podría tener la nueva política.
“Estamos abriendo la puerta a que padres y estudiantes usen esta política como un arma contra los maestros”, concluyó.
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Lo que sigue
Aunque los detalles sobre las sanciones para el personal no han sido totalmente aclarados, la política establece que los estudiantes que violen la norma podrán enfrentar desde advertencias hasta suspensiones.
La política entrará en vigor al inicio del año escolar 2025-2026.
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