CAROLINA DEL NORTE, Rocky Mount- Nueve autobuses esperan con los motores apagados bajo el cielo gris en el estacionamiento de un centro comercial de Rocky Mount. Es un domingo nublado de otoño. Es el único día de la semana en el que a los trabajadores H2A les permiten salir de los campos en los que cosechan tabaco, pepino o camote en Carolina del Norte. Son jornadas largas. Trabajan durante diez horas por día, seis días a la semana. Algunos hombres se aburren mirando por la ventanilla a la gente que pasa con sus bolsas. Mientras, sus compañeros aprovechan para hacer compras o enviarle dinero a sus esposas e hijos que los esperan en México. No los han visto desde hace meses.
Los trabajadores han llegado a laborar en los campos de Carolina del Norte a través del programa de visas H2A. Es un programa de empleo temporario destinado a trabajadores rurales migrantes. Los trabajadores pasan la mitad del año en sus comunidades de origen y la otra mitad en Estados Unidos.
De acuerdo a las estadísticas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en la última década se ha triplicado la cantidad de empleados contratados bajo este régimen.
En 2019 hubo alrededor de 206,000 y Carolina del Norte es el quinto estado en todo el país que más trabajadores H2A recibió con 18,129, lo que significó el 8.8% de todos los migrantes que llegaron al país a través del programa.
Solo lo superaron, en su orden, California, Florida, Washington y Georgia, en el primer lugar.
En ese contexto, el gobierno federal de Estados Unidos busca imponer cambios que podrían empeorar las condiciones laborales -ya de por sí muy precarias- de los trabajadores H2A. Los hombres que esperan en los autobuses aparcados en el centro comercial lo saben. Sin embargo, son pocos los que se animan a hablar con la prensa. La mayoría baja la mirada o responde con evasivas: nadie lo dice, pero lo cierto es que las visas H2A dependen de un solo empleador. Los trabajadores tienen muy pocas protecciones en caso de represalias. Por eso muchos eligen callar.
Sindicato de empleados rurales de Carolina del Norte
Una voz nasal, muy aguda, rompe el silencio del autobús. La primera en tomar la palabra es la única mujer de todo el contingente: "Estamos muy preocupados”, dice a Enlace Latino NC, Leticia Zavala mexicana y quien durante años fue trabajadora H2A y actualmente es una de las líderes de FLOC, el sindicato de empleados rurales de Carolina del Norte, el único que representa a los trabajadores migrantes.
“El gobierno quiere modificar el régimen de reembolso de los gastos en los que incurre el trabajador durante su viaje. También el control de las condiciones de vivienda y el cálculo del salario”, indicó.
Reembolso
La imagen se repite varias veces por año. Una marea de trabajadores rurales del interior de México, en su enorme mayoría hombres, inunda los alrededores del consulado estadounidense en Monterrey. Están a la espera de obtener su documentación. Vienen de comunidades lejanas como Durango, Puebla y Zacatecas. Han recorrido un largo camino para llegar hasta allí. La metáfora es un lugar común pero no por eso menos cierto: cargan pequeñas maletas y la enorme ilusión de obtener una vida mejor para ellos y para sus familias.
El proceso para adquirir la visa H2A lleva varios días. Los hombres ya han gastado mucho dinero. Algunos les han pagado a reclutadores que les cobran de manera ilegal para conseguirles un empleo temporal en Estados Unidos. Son los mismos reclutadores que controlan que no hablen con nadie mientras hacen las interminables filas. Todos han pagado, además, pasajes de autobús para llegar a Monterrey, comida y alojamiento.
Evy Peña es directora de comunicaciones del Centro de Derechos del Migrante, una organización transnacional con sedes en México y Estados Unidos que brinda servicios legales y asesorías a trabajadores H2A. Cuenta que según la legislación actual los empleadores están obligados a reembolsar los gastos en que incurran los trabajadores desde su comunidad de origen hasta su lugar de trabajo en Estados Unidos.
Sin embargo, muchas veces en la práctica sucede otra cosa: “Mi patrón sólo me reembolsa el importe del derecho a visa y el pasaje de Monterrey hasta Carolina del Norte, pero no desde Durango hasta Monterrey, ni el dinero que gasto allí en hoteles y alimentos”, dice a Enlace Latino NC Diego Ramírez, uno de los trabajadores que esperan en los autobuses aparcados en el estacionamiento del centro comercial de Rocky Mount, un pueblo ubicado a 40 minutos al este de Raleigh.
Lo que le ocurre a Ramírez consiste en una infracción a las condiciones de la visa H2A que el gobierno de Estados Unidos pretende legalizar.
Evy Peña explica que “se está proponiendo que los trabajadores absorban los gastos de transporte hasta que hayan obtenido su visa. Estamos hablando de cientos de dólares que deben gastar para llegar a Monterrey personas que generalmente vienen de las comunidades más aisladas. Se está creando un costo obligatorio, se está haciendo que los trabajadores paguen por trabajar", señaló.
Condiciones de vivienda
La legislación actual del programa H2A establece que los empleadores deben proveer viviendas dignas de manera gratuita. Por dignas se entiende cuestiones tan básicas como que deben contar con servicios de gas, electricidad y agua potable. Leticia Zavala cuenta que recién desde 2008 comenzó a ser un requisito en Carolina del Norte la provisión de un colchón para cada trabajador; antes ni siquiera era obligatorio.
Para garantizar que estas condiciones básicas se cumplan, Evy Peña explica que un inspector del Departamento de Trabajo de Estados Unidos debe monitorear las viviendas una vez por año. Las modificaciones en la ley buscan extender ese plazo a dos años: es decir, podrían pasar 24 meses sin que nadie controle.
Desde el Centro de Derechos del Migrante han recibido, bajo la legislación actual, cientos de denuncias por condiciones deplorables. Consideran que la situación podría empeorar fuertemente con los nuevos cambios.
Mario Arámbula Macías, otro de los trabajadores que se desempeña bajo el programa H2A en Carolina del Norte hace más de veinte años, cuenta que hay campamentos en los que la gente vive debajo de puentes o de árboles. Carecen de luz y agua, padeciendo las altas temperaturas en verano y las heladas en invierno.
"¿Cuál es el incentivo para que un empleador haga que su vivienda cumpla con los estándares necesarios si el gobierno no ejerce un control? ", se pregunta, con preocupación, Evy Peña.
Por otro lado, la presencia de los inspectores no se reduce únicamente a controlar las condiciones habitacionales. También abre una línea directa con el Estado: permite que los trabajadores tengan una vía para denunciar cualquier tipo de violación a sus derechos. Si los inspectores no van, o van cada dos años, esa vía deja de existir.
Salario
Los cambios en la fórmula para calcular los salarios son el punto de mayor controversia entre aquellos que se oponen a las modificaciones en la legislación de la visa H2A. El propósito del programa es proporcionar mano de obra a los emprendimientos agrícolas que no puedan cubrir sus puestos de trabajo con empleados locales.
Este fin tiene dos consecuencias: en primer lugar, las empresas deben asegurarse de que no existan personas en Estados Unidos dispuestas a tomar esos empleos. Para eso, deben publicitar las búsquedas laborales en determinados medios y durante una cierta cantidad de tiempo. Sólo si no consiguen mano de obra local pueden contratar trabajadores H2A.
En segundo lugar, los salarios de los trabajadores H2A no pueden ser inferiores a los salarios mínimos que se les deben pagar a los trabajadores locales por la misma actividad. En Carolina del Norte, por ejemplo, el salario mínimo de los empleados rurales es de $12,25 la hora.
Cambios propuestos
Caitlin Ryland, abogada de la Unidad de Trabajadores Agrícolas de Legal Aid, una organización que brinda asistencia jurídica a poblaciones de bajos recursos en Carolina del Norte, explica que uno de los cambios propuestos consiste en eliminar el requisito de publicitar las búsquedas laborales para los trabajadores locales. Algunos especialistas además mencionan la posibilidad de modificar la fórmula a partir de la cual se calcula el salario de los trabajadores H2A por otra que conduciría a salarios más bajos. Esa combinación sería perjudicial tanto para los trabajadores locales, que muchas veces también son inmigrantes y provienen de sectores marginados, como para los H2A.
Según Ryland, la ley de la oferta y la demanda genera que si un empresario no consigue mano de obra deba aumentar los salarios para lograr cubrir los puestos que necesita. Si, en cambio, pudiera contratar trabajadores H2A a menor valor, estaría discriminando a los trabajadores locales. Con lo anterior, al mismo tiempo empeorarían las condiciones laborales de los H2A.
Más allá de los cambios en la legislación, las fuentes consultadas coinciden en que a pesar de que existan los mecanismos formales para hacer reclamos, en los hechos el acceso real a la justicia se torna muy difícil. “Uno puede llamar al Departamento de Trabajo y pedir que hagan una investigación o que manden un inspector. Pero es difícil que eso ocurra por diversos motivos: barreras idiomáticas, falta de dinero para pagar abogados, poca información. La ignorancia es una barrera para la justicia”, concluye Evy Peña.