Falta menos de un año para que Claudia (omitiremos su apellido a petición suya) pueda conseguir sus “papeles” y arreglar su situación migratoria en los Estados Unidos.

Nacida en Colombia, Claudia llegó a este país hace más de 25 años y se quedó. Desde entonces formó una familia, se casó, compró una casa, paga impuestos cada año y diariamente en sus compras, y tiene un pequeña empresa de limpieza de casas.

En mayo del 2019, su hijo mayor cumplirá 21 años y podrá patrocinarla para que consiga su residencia.

Sin embargo, y debido a un reglamento que el gobierno federal quiere implementar, su sueño podría quedar en el limbo.

¿Qué es la carga pública?

La administración del presidente Donald Trump quiere cambiar el actual reglamento de “carga pública”, es decir una regla de inmigración ya establecida que dice que el gobierno puede negar la entrada o la residencia permanente a un inmigrante que probablemente se convierta en «dependiente principal» del gobierno para recibir apoyo.

Los cambios propuestos afectarían a los inmigrantes que soliciten la residencia legal permanente (LPR) o a aquellos que  busquen pedir a un familiar inmediato (cónyuge, padre o hijo).

Lo que proponen

Actualmente, la carga pública solo se aplica a los inmigrantes que reciben beneficios en efectivo o atención médica institucional a largo plazo pagada por el
Gobierno. Sin embargo, y según lo explicó Charlotte Center for Legal Advocacy, la administración busca ampliar este concepto e incluir servicios públicos como:

-Medicaid que no es de emergencia.
-Programa de asistencia nutricional suplementaria
(SNAP), es decir estampillas de alimentos o de comida.
-Subsidio por bajos ingresos para costos de
medicamentos recetados bajo la Parte D de
Medicare.
-Asistencia de vivienda, como los vales de vivienda
de la Sección 8  

En cuanto al tema de los servicios públicos, tal y como esta planteado, la regla de carga pública solo afectará a quienes estén solicitando el beneficio y no al  patrocinador. “El gobierno utilizará estos beneficios en contra de ellos a la hora de determinar si pueden obtener un estatus migratorio legal”, explicó la abogada del Centro de Justicia Kate Woomer-Deters a Enlace Latino NC.

Para ejemplificar esto, podríamos decir que si un inmigrante adulto con residencia temporal busca obtener la residencia permanente pero ha solicitados alguno o un conjunto de los beneficio públicos nombrados podría estar en riesgo de que sea negado.

Niños ciudadanos

“Es muy importante saber que la nueva regla no cuenta cualquier beneficio utilizado por un miembro de la familia (incluyendo niños ciudadanos), en contra del inmigrante para determinar si es o no una carga pública” señaló la abogada.

Por ejemplo estarán exentos los niños que son ciudadanos americanos y que en algún momento sus padres han solicitado (para los niños) servicios públicos.

Ingresos económicos y otros

Pero de entrar en vigencia esta nueva regla también perjudicaría a inmigrantes que nunca han utilizado programas de beneficios y lo haría simplemente por tener bajos ingresos, una condición de salud, o no tiene un historial laboral afuera del hogar.

La regla propone reducir los efectos positivos de una “Declaración Jurada de Apoyo”, un documento que actualmente permite a muchos inmigrantes de bajos ingresos a pasar la prueba de la carga pública solo mostrando el apoyo financiero de un familiar o amigo.

La propuesta busca que tanto los solicitantes y como los patrocinadores, tengan ingresos por encima del 125 % de la línea de pobreza, o $ 15,175 por año para una persona y $31,375 por año para una familia de cuatro.

Y es justamente esto lo que le afectaría a Claudia. “Mis ingresos ni superan los $40,000 al año. Somos 4 en la casa. Mis tres hijos y yo”, mencionó a Enlace Latino NC. “Mi hijo mayor está terminando la universidad y tampoco tiene esos ingresos. Si es así, me podrían negar la residencia”, dijo.

Según el gobierno para evitar la prueba de carga pública, un solicitante y patrocinador tendría que ganar más del 250% del nivel federal de pobreza, o $ 30,350 para un individuo y$ 62,750 para una familia de cuatro.

“Si se finaliza, este cambio crearía un sistema de inmigración discriminatorio al que solo pueden acceder los ricos” indicó el Charlotte Center for Legal Advocacy.

Impacto en el estado 

En Carolina del Norte, los impactos de estas reglas pueden afectar a 530,000 personas quienes viven con sus familias que incluyen un miembro no ciudadano y que reciben por lo menos uno de los apoyos financieros identificados en la regla.

“Mientras no todos serán sujetos a la determinación de la carga publica, es posible que una porción de la población estará preocupada de su participación en estos beneficios públicos y es posible que podrían retirarse de estos programas”, indicó Woomer-Deters. “ Estas realizaciones dañinas tendrán significativos efectos negativos en la salud y el bienestar de los inmigrantes y sus niños”.

Se acaba el tiempo para comentarios

Tras la publicación de esta regla en el Registro Federal (diario del gobierno) la comunidad puede hacer sus comentarios ingresando al sitios de Internet:  https://protectingimmigrantfamilies.org/#take-action

El gobierno recibirá los comentario hasta el lunes 10 de diciembre.

Woomer-Deters explicó que posteriormente los comentarios serán evaluados y dependiendo los recibidos pueden o no hacerse cambios a la regla propuesta. “No sabemos lo que suceda después. Por eso debemos levantar nuestra voz, compartir nuestras historias y explicar como esto afectará a nuestras familias”, concluyó la abogada.

Algunos de los inmigrantes excluidos de la regla de carga pública

 

-Refugiados y asilados.
-Extranjeros que solicitan ajuste de estatus de conformidad con la Ley de Ajuste Cubano.
-Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad la Ley NACARA.
-Haitianos que están ajustando su estatus según la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.
-Inmigrantes amparados bajo el Programa de Jóvenes Especiales (SIJ).
-Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal (TPS).
-Víctimas de tráfico humano y de crímenes que piden Visa T y Visa U.
-Víctimas de abuso doméstico bajo la Ley VAWA.

Comunicadora social-periodista colombiana. Emprendedora y cofundadora de Enlace Latino NC donde es la directora ejecutiva.

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