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Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo acepta ocuparse de la “carga pública” de Trump

22 feb., 2021


    En el marco de su política antiinmigratoria, el gobierno de Trump en 2018 por decreto ordenó que los funcionarios de inmigración evaluaran la condición económica de los migrantes para determinar si usarían beneficios públicos como los cupones de alimentos o subsidios para la vivienda

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Washington, (EFE News).- El Tribunal Supremo de Justicia aceptó este lunes ocuparse de una demanda contra una norma del gobierno del expresidente Donald Trump. Bajo dicha norma puede negarse a un inmigrante la residencia legal si ha pedido ayudas gubernamentales.

El gobierno de Trump por decreto ordenó que los funcionarios de inmigración evaluaran la condición económica de los migrantes. Lo anterior para determinar si usarían beneficios públicos como los cupones de alimentos o subsidios para la vivienda. El decreto data del 2018 en el marco de la política antiinmigratoria de Trump.

El argumento del gobierno es que a Estados Unidos le beneficia asegurarse de que los inmigrantes son económicamente autosuficientes. Que no se convertirían en una carga pública.

El gobierno de Trump sustentó esa medida en una ley de inmigración de 1882. Mediante esa ley el Congreso decidió asegurarse de que los extranjeros llegados al país medraran por sí mismos. Sin dependencia de los programas del gobierno.

Persona “primordialmente dependiente”

Las normas definen a la persona “primordialmente dependiente” como la que recibe asistencia del gobierno equivalente a más de la mitad de su ingreso. Dichas normas fueron actualizadas en 1996.

Esto sólo incluía los beneficios que se pagan con dinero en efectivo. Beneficios como la asistencia temporal para familias necesitadas o el ingreso suplementario del Seguro Social. En la norma del gobierno de Trump esa definición se amplió para incluir otros programas de beneficios.

Varios estados y grupos que defienden a los migrantes iniciaron querellas en tribunales. Uno de los tribunales dictaminó que el decreto viola las leyes federales de inmigración al ampliar la definición de quién cuenta como “carga pública”. En consecuencia, expandiendo el número de personas a quienes se les podría negar la residencia legal.

El gobierno de Trump apeló ese dictamen y ahora el Supremo se ocupará del caso.

Expertos en inmigración creen que el gobierno de Biden probablemente abandonará la causa antes de que el Supremo escuche a las partes en otoño próximo.

 

 

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