Carolina del Norte, Raleigh. – El bloque demócrata en la Cámara de Representantes requiere el apoyo de 10 legisladores republicanos para poder discutir dos proyectos que proponen más controles a la comercialización de armas de fuego.
Los republicanos son mayoría y dominan todos los órganos en la Asamblea General.
Sin sus votos es imposible conseguir un espacio dentro de la agenda para debatir cualquier iniciativa de ley impulsada por los legisladores demócratas.
61 votos para su aprobación
Los demócratas necesitan 61 votos para que se apruebe la “petición de descarga” firmada por las representantes Marcia Morey (Durham) y Julie von Haefen (Wake), junto a sus compañeros de bancada, incluyendo al líder Robert Reives (Chatham).
Morey y von Haefen son las patrocinadoras de los expedientes HB 525, “Permitir que los ERPO eviten suicidios y salven vidas”, y HB 623, “Permisos y requerimientos para comprar armas largas”.
¿Qué es la petición de descarga?
La “petición de descarga” es un mecanismo reglamentario extraordinario al que pueden apelar los legisladores para sacar un expediente del comité en el que se encuentra asignado y abrir el debate en el pleno de la cámara.
“Esta es una legislación de sentido común sobre seguridad de armas para prevenir suicidios y violencia con armas de fuego. Necesitamos 61 miembros para que se debata este proyecto de ley”, señaló Morey en su cuenta de Twitter.
Tarea no sencilla
Sin embargo, la tarea no es sencilla, ya que los proyectos republicanos, por el contrario, buscan eliminar o flexibilizar cualquier tipo de regulación estatal que limite o retrase el acceso a la comercialización de armas en Carolina del Norte.
“Necesitamos tener conversaciones sobre cómo abordar la epidemia de violencia armada en Carolina del Norte y nuestro país. Sacar estos proyectos de ley del comité es un primer paso”, declaró Von Haefen en su perfil de Twitter.
¿Por qué la petición de descarga?
De acuerdo con la dirección de la División de Análisis Legislativo de la Asamblea General, el HB 525 ni siquiera superó el crossover en mayo anterior, es decir, nunca fue considerado o discutido.
Pero, los tiroteos registrados en centros educativos del estado durante las últimas semanas, así como las crecientes estadísticas de violencia y suicidios con armas de fuego en Carolina del Norte, motivaron a Morey y sus colegas a insistir en el tema.
El bloque demócrata denunció que la Asamblea General ha sido incapaz de ofrecer soluciones a la comunidad y aprobar legislación que contribuya a regular la transferencia y comercialización de armas en el estado.
La Cámara de Representantes está integrada por 120 miembros.
Para aprobar una “petición de descarga” se requiere la mitad más uno del total de legisladores.
¿Qué propone la HB525?
- Crear un procedimiento judicial para que los ciudadanos interesados y las fuerzas del orden público obtengan una orden para restringir de forma temporal el acceso a armas de fuego por parte de personas que representan un peligro significativo para sí mismos o terceros.
- Permitiría que un miembro de la familia o del hogar, cónyuge actual, anterior o expareja, un agente o agencia del orden público o un proveedor de atención médica presenten una petición verificada en el tribunal de distrito para una Orden de protección contra riesgos extremos (ERPO) en cualquier condado.
¿Qué plantea la HB 623?
- Prohibir la transferencia de armas de fuego -pistolas o armas largas como rifles y escopetas- sin permiso de las autoridades correspondientes en Carolina del Norte.
Las legisladoras informaron que las muertes provocadas por armas de fuego en Carolina del Norte aumentaron un 31% en 2020 en comparación con el 2019.
Ese año, en 2019, murieron 511 personas, mientras que el año siguiente, en 2020, se contabilizaron 670 decesos relacionados con armas de fuego.
Las lesiones también registraron un aumento del 13% entre 2019 y 2020.
Responsabilidad y control estatal
Para el bloque de legisladores demócratas, la Asamblea General tiene la responsabilidad de “hacer lo posible por responder a los problemas de las comunidades”.
Eso implica y legislar para generar límites y responsabilidades al ejercicio de los derechos civiles y constitucionales.
Sin embargo, sostienen que los controles propuestos no violentan los derechos constitucionales o la segunda enmienda.