Tras un fallo de la Corte Suprema estatal que bloqueó la asignación de fondos bajo el Plan Leandro, padres y defensores de la educación pública prometieron el miércoles mantener la presión para garantizar que los estudiantes reciban los recursos necesarios.
La reciente decisión de la Corte Suprema estatal impide destinar millones de dólares a escuelas de bajos recursos aprobados en una orden previa.
“Estamos realmente con el corazón roto”, dijo Jackie McLean, demandante original del caso, en una conferencia de prensa. “Nos indigna que los tribunales desestimen, ignoren, priven de derechos y sigan violando, con esta decisión, los derechos constitucionales de nuestros estudiantes a una educación básica adecuada”.
Por su parte, líderes de la Asamblea General respaldaron la decisión, argumentando que los tribunales no deberían intervenir en la financiación de las escuelas públicas.
“La decisión de hoy confirma que el camino adecuado para la elaboración de políticas es el proceso legislativo”, dijo el líder del Senado de Carolina del Norte, Phil Berger, tras el fallo del jueves.
Ante este escenario, los defensores de la educación pública plantearon un cambio de estrategia.
“Lo que debemos hacer ahora es cambiar nuestro enfoque, quizá de los tribunales hacia la defensa pública, para seguir abogando públicamente y volver a involucrar a nuestros padres”, dijo McLean.
Impacto en las comunidades y estudiantes
La decisión afecta principalmente a escuelas rurales y de bajos ingresos, donde los recursos son limitados, dijeron lideres de las organizaciones progresistas en conferencia de prensa.
En Hoke County, la escasez de maestros y trabajadores sociales limita el acceso de los estudiantes a una educación básica adecuada, argumentó McLean.
“Tenemos aulas sobrecargadas, niños hambrientos, y maestros que se van por falta de apoyo,” dijo McLean. “El estado tiene los recursos, pero no los está usando para nuestros estudiantes”.
Kris Nordstrom, experto en financiamiento escolar, subrayó que el Plan Leandro sigue siendo el mínimo indispensable para garantizar la educación básica.
“Vamos a seguir luchando por el Plan Leandro”, dijo Nordstrom. “El Plan Leandro seguirá siendo el mínimo absoluto de lo que esperamos de los legisladores, tanto del gobernador, cuando presente su presupuesto recomendado para 2026-2027 en las próximas semanas, como de nuestra Asamblea General”.
Además, criticó el plan alternativo propuestos por el superintendente Mo Green, que destinaría significativamente menos recursos.
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Contexto histórico y legal
El caso Leandro comenzó en 1994, cuando padres de Hoke County demandaron al estado por la falta de recursos educativos adecuados.
En 1997, los tribunales reconocieron que el Estado tenía la obligación constitucional de garantizar una educación básica sólida.
A pesar de este fallo, los defensores aseguraban que la falta de financiamiento dejaba a los distritos escolares sin los recursos necesarios para ejecutar la orden.
Órdenes posteriores, en 2004 y entre 2010 y 2017, establecieron transferencias de fondos y programas específicos para atender a los distritos rurales y de bajos ingresos.
La orden de 2022, ahora revocada, requería destinar más de 1,700 millones de dólares a la educación pública para corregir desigualdades educativas.
El juez Chris Brook, quien representó a demandantes en el Caso Leandro, destacó que la Corte no negó la existencia del derecho constitucional, sino que argumentó que no tenía jurisdicción para exigir la implementación de los fondos.
“¿La mayoría alguna vez dice que no existe un derecho constitucional estatal a una educación básica adecuada? Absolutamente no. De ninguna manera se alejan de lo que el Tribunal Leandro, de manera bipartidista, ha sostenido durante décadas”, afirmó.
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Movilización de defensores y próximos pasos
Los líderes presentes destacaron la necesidad de trasladar la lucha del tribunal a la acción comunitaria y política.
Shray Shetty del Centro de Justicia de NC enfatizó que la decisión no marca el final y que la educación pública debe seguir siendo prioridad.
“Esto no es un final”, dijo Shetty. “Es el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra lucha por la educación de nuestros estudiantes, por que nuestros maestros reciban un salario justo… Nada en este fallo ha cambiado las palabras de nuestra Constitución. Nada en este fallo dice que nuestros estudiantes no merecen el derecho a la educación pública”.
Caroline Sparks, directora ejecutiva de Justice NC, advirtió que la politización de la Corte sigue dejando a los estudiantes como víctimas de intereses políticos.
“La realidad es que la necesidad no desapareció. Los estudiantes siguen necesitando apoyo, las escuelas continúan con insuficiente financiamiento y recursos, las familias enfrentan muchas dificultades, y las comunidades siguen sintiendo el impacto a diario”, añadió Susana Benites de Every Child NC.
Jenice Ramirez, de Education Justice Alliance, enfatizó que los defensores continuarán llamando a legisladores, participando en eventos de activismo y manteniendo la presión para garantizar que los fondos lleguen a los distritos más afectados.
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