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Debatirán proyecto que busca expandir programa 287(g) y prohibir identificaciones comunitarias
El proyecto de ley HB 135 también prohíbe que las universidades implementen políticas que limiten o restrinjan la aplicación de la ley federal de inmigración

1 my., 2019


Un proyecto de ley pretende expandir el programa de deportación 287(g) en el estado, prohibir las identificaciones comunitarias como las de la red Faith Action, entre otros graves castigos, será debatido y votado el 2 de mayo por el Comité de Gobierno Local y Estatal de la Cámara de Representantes.

La reunión fue convocada para las 10:00 a.m. en el salón 423 del edificio legislativo.

La propuesta HB 135: “Cumplimiento de la Inmigración por parte del Gobierno” busca, expandir el programa 287(g) en el estado, obligando al Departamento de Seguridad Pública realizar un acuerdo con el Director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), para permitir que “oficiales estatales designados desempeñen funciones de cumplimiento de la ley de inmigración” a través de la activación del programa 287(g).

También prohíbe que las universidades implementen políticas que limiten o restrinjan la aplicación de la ley federal de inmigración.

La HB 135 también busca enmendar la ley estatal y prohibir el uso de documentos de identificación comunitarios como el Faith Action ID.

Asimismo, pretende establecer que la Asamblea General del estado limite los fondos para las ciudades, condados o municipio, así como a los departamentos de policial local o del alguacil, cuando incumplan con las leyes locales de inmigración.

En cuanto a estas se refiere son las leyes que prohíben las ciudades santuario, la aprobación de ordenanzas locales para aceptar documentos de identidad que no son aceptados por el estado como la matrícula consular, y llegado el caso, las identificación comunitarias, y violaciones al uso del E-Verify por parte de la gran mayoría de las empresas.

Denuncias anónimas y sin pruebas

La HB 135 ordena al Fiscal General del estado crear un mecanismo para recibir e investigar las quejas de los ciudadanos que sospechan, “de buena fe”, que hay ciudades, municipios, fuerzas de orden o condados que violan las leyes estatales de inmigración. Las quejas pueden ser anónimas.

Como consecuencia, los fondos que son usados para la construcción de carreteras, desarrollo e infraestructura, etc, pueden dejar de percibirse por 12 meses o más.

Los ciudadanos también podrán usar cualquier otro recurso legal o equitativo como una medida cautelar cuando “crean” que una ciudad, condado o agencia de la ley esta incumpliendo la ley estatal de inmigración. El tribunal impondrá una sanción civil como resultado, además de ordenarle pagar hasta diez mil dólares ($ 10,000) por día sumado a los costos de abogado y tribunales.

La Oficina del Fiscal General del estado, igualmente deberá recibir e investigar las quejas de los ciudadanos que crean que las empresas están incumpliendo las leyes estatales con respecto al E-Verify. Igualmente, el HB 135 establece que las escuelas deberán usar este sistema al momento de contratar compañías.

Los patrocinadores del proyecto son los representantes republicanos George Cleveland (Onslow), Michele Presnell (Haywood Madison y Yancey), Michael Speciale (Craven) y Mark Brody (Arson y Union).

La reunión del Comité de Gobierno Local y Estatal de la Cámara de Representantes es abierta al público. No se necesita presentar ninguna identificación para ingresar, y en la mayoría de los casos los legisladores permiten escuchar las opiniones de los presentes.

HB 135: Comité de Gobierno Local y Estatal de la Cámara de Representantes
Salón 423, a las 10:00 a.m.
300 N. Salisbury St., Raleigh, NC 27603

Sobre el autor:

Paola Jaramillo

Comunicadora social y periodista colombiana. Emprendedora y cofundadora de Enlace Latino NC. Apasionada por la investigación y la comunidad su trabajo ha sido reconocido con más de 24 premios nacionales de periodismo por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas de los Estados Unidos (NAHP).

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