El fiscal general de Carolina del Norte Jeff Jackson, se unió hoy a una coalición de fiscales estatales en la presentación una demanda federal para detener la orden ejecutiva del presidente Trump que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
“Los demandantes interponen esta acción para proteger a sus estados, localidades y residentes del intento ilegal del presidente de despojar a cientos de miles de niños nacidos en Estados Unidos de su ciudadanía”, menciona la demanda.
La presentación legal fue realizada hoy, martes 21, en la corte de distrito de Massachusetts.
Orden ejecutiva
El lunes el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio estadounidense.
“El principio de la ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la Constitución desde hace más de 150 años”, argumenta la demanda. “La Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda confiere inequívoca y expresamente la ciudadanía a «todas las personas nacidas» y «sujetas a la jurisdicción» de Estados Unidos”, señala.
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Confirmación del Tribunal Supremo
Asimismo, el escrito, resalta que “hace más de 125 años, el Tribunal Supremo confirmó que esto da derecho a la ciudadanía automática a los niños nacidos en Estados Unidos de padres no ciudadanos.
También, la demanda subraya el carácter inconstitucional de la acción ejecutiva.
“Poder Ejecutivo ha reconocido desde hace tiempo que cualquier intento de denegar la ciudadanía a los hijos basándose en la ciudadanía o la situación migratoria de sus padres sería «incuestionablemente inconstitucional…».
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Qué busca la demanda
La demanda solicita un mandato judicial preliminar para detener la aplicación de la orden ejecutiva y, en última instancia, invalidarla.
Los estados que se han unido a la demanda son: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin.
Esta demanda se suma la interpuesta por Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones luego que Trump firmara la orden ejecutiva.
La orden de Trump entrará en vigor a finales de febrero, pero es posible que un tribunal ordene detenerla antes.



