El Fiscal General de Carolina del Norte, Jeff Jackson, reafirmó el miércoles 23 de julio su compromiso con la protección de los derechos constitucionales y legales de las comunidades inmigrantes durante una reunión virtual con líderes comunitarios.
Jackson participó en un foro organizado por NC United Power for Action, una red que agrupa a más de 200 organizaciones comunitarias y religiosas en el estado.
En el encuentro, los líderes expresaron preocupación por amenazas al debido proceso para inmigrantes, disparidades en la certificación de visas U y abusos contra residentes de comunidades de casas móviles.
“Hemos dicho explícitamente que vamos a defender el debido proceso. Cuando se empieza a hacer excepciones sobre quién lo recibe y quién no, deja de existir en la práctica”, dijo Jackson. “Todo el mundo tiene derecho a su día en corte frente a un juez imparcial. Esa es la esencia del estado de derecho, y es mi compromiso número uno”.
El foro fue parte del seguimiento a los compromisos que Jackson asumió como candidato ante más de 1,100 líderes comunitarios en la Asamblea de United Power for Action en Durham. En ese entonces, prometió reunirse con el grupo al menos dos veces durante su mandato, visitar comunidades afectadas y atender denuncias de violaciones de derechos.
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Una demanda clave: ciudadanía por nacimiento
Jackson también abordó la demanda que su oficina, junto a otros 17 estados y D.C., presentaron contra una orden ejecutiva de la administración Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento.
Este derecho está protegido por la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, dijo Jackson.
“Creo que vamos a ganar esa demanda”, dijo Jackson. “Si le soy sincero, creo que tenemos méritos muy importantes. Mi predicción es que la ley es tan clara en ese punto que nosotros vamos a prevalecer”.
Un tribunal federal de apelaciones declaró el miércoles 23 de julio inconstitucional la orden ejecutiva. La administración Trump puede apelar, lo que podría llevar el caso a la Corte Suprema.
Disparidades en certificaciones de visas U
Otro tema destacado fue la problemática en la certificación de visas U, dirigidas a víctimas de ciertos delitos violentos que colaboran con la policía.
Marina Castillo, abogada de inmigración, explicó que “existe una gran inconsistencia en cómo las agencias policiales del estado manejan estas certificaciones”.
Algunas oficinas tienen políticas claras y procesan solicitudes rápidamente, pero otras complican el proceso, imponen límites arbitrarios o rechazan casos sin base legal, dijo la abogada.
Jackson reconoció las disparidades en cómo diferentes condados emiten las certificaciones para visas U y se comprometió a supervisar la capacitación de las fuerzas del orden.
“La geografía no debe decidir la justicia. Los mismos derechos que aplican en un condado deben aplicarse en todos, o no hay verdadera justicia”, dijo Jackson.
“Lo que necesito hacer es preguntar a las academias de justicia en Carolina del Norte qué tipo de capacitación, si es que ofrecen alguna, están brindando actualmente. Revisar eso y ver si aborda este problema en particular, la disparidad, lo cual estoy dispuesto a hacer”, añadió.
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Abusos en comunidades de casas móviles
La conversación también abordó prácticas abusivas contra residentes de parques de casas móviles. Algunos ejemplos fueron el uso indebido de tarifas, control arbitrario del agua y retención de títulos de propiedad.
En el parqueadero Las Américas en Cary, líderes comunitarios reportaron que familias que reclamaron sus títulos enfrentaron aumentos de tarifas y represalias.
Un representante del fiscal general informó que se lograron resolver “al menos 24 docenas de títulos” pendientes y que el sistema judicial continúa trabajando para asegurar que los casos restantes se resuelvan con éxito.
Por su parte, Jackson dijo que está dispuesto a participar en sesiones comunitarias organizadas por residentes para escuchar sus testimonios directamente, incluso con intérpretes en varios idiomas.
“Si hay evidencia de daño sistemático, actuaremos. Esa es nuestra función. No podemos representar a individuos, pero sí actuar cuando hay violaciones generalizadas”, dijo Jackson.
“Quiero enviar un mensaje claro: el fiscal general se preocupa por esto y hará cumplir la ley donde se esté quebrantando”, añadió.
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