Con un memorándum dirigido a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, el presidente Donald Trump lanzó una ofensiva contra los abogados y bufetes que, según la administración, abusen del sistema judicial con fines políticos o ideológicos, ordenando sanciones, revisiones de seguridad y posibles expulsiones del ámbito público.
En el memorando presidencial titulado: “Preventing Abuses of the Legal System and the Federal Court” (Prevención de abusos del sistema legal y del tribunal federal) dice, que los abogados estaban ayudando a alimentar el “fraude desenfrenado y las reclamaciones sin mérito” en el sistema de inmigración para “promover causas frívolas, irrazonables o vejatorias”.
“El sistema de inmigración, en el que el fraude desenfrenado y las reclamaciones infundadas han suplantado las bases constitucionales y legales sobre las que el presidente ejerce poderes fundamentales en virtud del Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos, también está repleto de ejemplos de comportamiento sin escrúpulos por parte de abogados y bufetes de abogados”, cita el texto.
Revisarán casos de los últimos ocho años
Además, instruyó a la fiscal Bondi para que revisen casos de los últimos ocho años y envíe a la Casa Blanca los nombres de estos abogados y bufetes con el fin de retirarles sus credenciales y rescindir cualquier contrato que pudieran mantener con el gobierno federal, así como acciones disciplinarias ante sus respectivos colegios profesionales.
La instrucción también cita, que los socios de bufetes serían responsables del comportamiento de abogados junior bajo su supervisión, lo que significa una advertencia directa a las grandes firmas que lideran causas pro bono contra políticas migratorias o electorales del gobierno.
No se trata solo de los abogados de inmigración; sino que además está en juego la integridad del sistema legal, así como los principios del debido proceso y la igualdad ante la ley
Kelli Stump, presidenta de AILA
El documento también señala, que “los abogados y bufetes de abogados que participan en acciones que violan las leyes de los Estados Unidos o las reglas que rigen la conducta de los abogados, deben rendir cuentas de manera eficiente y efectiva. La rendición de cuentas es especialmente importante cuando la mala conducta de los abogados y los bufetes de abogados amenaza nuestra seguridad nacional, la seguridad nacional, la seguridad pública o la integridad de las elecciones”.
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Enfoque en solicitudes de asilo fraudulentas
De acuerdo con el memorando, desde el uso de “dossiers falsos” a fin de influir en elecciones hasta la presentación de solicitudes de asilo “fabricadas” por poderosos despachos pro bono, el texto señala con nombre propio al abogado Marc Elias, fundador de Elías Law Group LLP, y ex asesor legal de Hillary Clinton, a quienes considera responsables de pervertir el Estado de Derecho con fines políticos e ideológicos.
En el documento emitido el sábado 22 de marzo, se critica el papel de los abogados en el sistema migratorio, a quienes se acusa de “inundar” de fraudes y reclamaciones sin mérito, de juristas que instruyen a los solicitantes de asilo para mentir u ocultar información con el fin de obtener estatus migratorios indebidos.
La presidencia vincula estas prácticas con una supuesta “crisis de inmigración ilegal”, que, ha desencadenado “crímenes atroces” cometidos por inmigrantes indocumentados.
Se mencionan específicamente casos como el de Laken Riley, Jocelyn Nungaray y Rachel Morín, que fueron víctimas de asesinatos cometidos por extranjeros con antecedentes penales.
Grupos legales y de derechos civiles rechazan acusaciones del gobierno
Varios grupos que representan abogados de inmigración y de derechos civiles, han refutado las acusaciones del gobierno.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), calificó la directiva como “escalofriante”.
“La retórica de esta administración no solo es engañosa, sino también peligrosa. Busca deslegitimar el trabajo de profesionales comprometidos con garantizar que los inmigrantes, muchos de los cuales huyen de la persecución y contribuyen a sus nuevas comunidades, tengan acceso a una representación legal justa”, dijo su actual presidenta, Kelli Stump.
Este memo, es un intento de asustar y castigar a los abogados y voluntarios para que no ayuden a los inmigrantes a presentar sus casos. Este intento de eliminar el debido proceso básico perjudicará a las personas que ya tienen pocas opciones”
Rebekah Wolf, directora del American Immigration Council’s Immigration Justice Campaign
Stump dijo, que no se trata solo de los abogados de inmigración; sino que además está en juego la integridad del sistema legal, así como los principios del debido proceso y la igualdad ante la ley.
“Los miembros de AILA no se dejarán intimidar. Hemos prestado juramento como abogados y las presiones políticas no nos disuadirán de cumplir con nuestro deber constitucional”, señaló la presidenta de AILA.
Intento de silenciar a los profesionales
Por su parte, Cecilia Wang, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), condenó enérgicamente la decisión, considerándola un intento para silenciar a los profesionales que buscan que el gobierno rinda cuentas por sus actuaciones.
“Esta orden representa otro paso hacia el desmantelamiento del Estado de Derecho, y un intento de silenciar a los abogados que intentan exigir al gobierno responsabilidades cuando se vulneran los derechos de la población”, declaró Wang.
Así mismo, Rebekah Wolf, directora del American Immigration Council’s Immigration Justice Campaign, dijo que “este memo, es un intento de asustar y castigar a los abogados y voluntarios para que no ayuden a los inmigrantes a presentar sus casos. Este intento de eliminar el debido proceso básico perjudicará a las personas que ya tienen pocas opciones”.
Estudios revelan la importancia de la representación legal ante las cortes migratorias
Varios estudios producidos por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), han encontrado que a los inmigrantes con representación legal les va mejor en los resultados de sus casos.
Casi 2 millones de inmigrantes están actualmente a la espera de audiencias de asilo, según TRAC. Y hay 3.6 millones de casos judiciales de inmigración atrasados, la mayor cantidad en la historia de Estados Unidos, dice la organización sin fines de lucro.
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