Carolina del Norte, Raleigh. – En un fallo histórico, la Corte de Carolina del Norte restituyó el derecho a votar a 55 mil residentes.
La decisión, con una votación de 2-1, un tribunal colegiado de Carolina del Norte restituye el derecho al voto de 55 mil residentes con libertad condicional que fueron condenados por “delitos graves”.
Organizaciones de derechos civiles locales estiman el fallo otorgaría a unos 55,000 residentes el derecho de participar nuevamente en procesos electorales.
Expansión del voto
Daryl Atkinson, abogado principal del caso y codirector ejecutivo de la organización Forward Justice calificó el fallo como una “expansión histórica de los derechos de voto”.
“Hemos dado un paso importante para poner fin a la práctica de negar a las personas condenadas de los delitos graves que están bajo la supervisión de la comunidad, el voto correcto», declaró Atkinson a Enlace Latino NC mediante un comunicado.
«Hoy, ampliamos el ‘Nosotros’ en ‘Nosotros el pueblo’ «, agregó.
Antes del fallo, las leyes de Carolina del Norte no permitían que las personas condenadas por delitos graves, bajo libertad condicional, fueran” incluidas en nuestro proceso democrático”. Fue lo explicado por Atkinson.
Exclusión y voces silenciadas
Atkinson dijo que, históricamente, los afroamericanos y las mujeres han sido víctimas de exclusión y sus voces han sido silenciadas en las urnas.
Las leyes de privación de derechos de las personas con antecedentes penales se crearon con la intención de prohibir que los afroamericanos participaran en los comicios posteriores a la Guerra Civil.
Forward Justice ofreció una conferencia de prensa para referirse al fallo.
En Carolina del Norte, 4 de cada 10 personas privadas de sus derechos electorales son afroamericanas.
Aunque sólo representan el 21%, es decir, una quinta parte, de la población total del estado.
Organizaciones como The American Civil Liberties Union of North Carolina (ACLU, por sus siglas en Inglés) celebraron el fallo de la Corte de Carolina del Norte.
La decisión de los jueces, señaló ACLU, es la más importante en términos de “expansión” de derechos electorales desde la Ley de Derecho al Voto de 1965.
Apelación
Los legisladores estatales republicanos adelantaron que contratarán una firma de abogados para apelar el fallo de los jueces ante un tribunal superior.
Si el fallo se confirma durante el proceso de apelación, los residentes de Carolina del Norte condenados por delito graves podrán votar una vez que salgan de prisión.
Tal y como ocurre en la mayoría de los estados.
Carolina del Norte podría convertirse en el único estado del sur que restablezca el derecho de manera automática.
Criterio que no comparten los líderes republicanos en la legislatura, quienes pedirán una medida cautelar contra la sentencia.
«Solo la Asamblea General puede modificar la ley»
Por medio de un comunicado de prensa, el senador republicano Warren Daniel (Burke) dijo que las leyes de Carolina del Norte “proporcionan un camino” para que las personas con antecedentes penales recuperen el derecho al voto.
En opinión de los republicanos, solo la Asamblea General puede modificar la ley; a pesar de que los jueces encontraron un vicio de inconstitucionalidad.
“Si un juez prefiere un camino diferente para recuperar esos derechos, entonces debería postularse para la Asamblea General. Y proponer ese camino».
«No se supone que los jueces sean oligarcas que emiten los decretos que creen que son mejores”. Fue lo que declaró el senador estatal republicano.
«Josh Stein: despedido»
Los legisladores republicanos acusaron a Josh Stein, Fiscal General de Carolina del Norte, y a sus colaboradores, de negarse a iniciar el proceso de apelación de inmediato, argumentando “extraños tecnicismos”.
Por medio de una misiva oficial, los representantes del bloque republicano informaron a Stein su decisión de contratar un bufete de abogados que asuma su defensa ante los tribunales y presente la apelación.
“La legislatura se enfrenta a una orden judicial que no se ha hecho pública y una presión de tiempo que es casi imposible de cumplir”, indicaron los legisladores republicanos.
«Improcedente»
Consultado al respecto, la oficina de prensa de Stein explicó que, legalmente, es improcedente presentar una apelación.
Ya que ni siquiera se conoce la sentencia integral y tampoco han recibido una “orden por escrito”.
“Los abogados de nuestra oficina trabajaron diligentemente en nombre del estado durante el último año. Habríamos seguido haciéndolo, pero solo dentro de los límites de la ley, que requiere una orden por escrito para una apelación”.
La Fiscalía General, agregaron, no puede “comprometerse con una estrategia legal futura” si no existe una orden legal escrita.