Decenas de personas marcharon el martes 10 de junio desde la Asamblea General hasta la mansión del gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, pidiendo que vete dos proyectos de ley considerados antiinmigrantes y que ahora están en su escritorio.
“Vi varias madres lloraron cuando les hablé sobre este proyecto de ley porque son madres solteras y, si las deportaran, no tendrían a nadie que cuide a sus hijos”, dijo Victor Urquiza, organizador inmigrante del Partido por el Socialismo y la Liberación.
El SB 153 y HB 318, aprobados ayer por ambas cámaras legislativas, aumentarían la colaboración estatal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Es un esfuerzo de legisladores republicanos en el estado para apoyar el plan de deportación masiva del presidente Donald Trump.
“Familia, esto es parte de una campaña de intimidación nacional para quitarnos la humanidad, porque si ya no nos ven como seres humanos”, dijo Fernando Martínez, organizador de Education Justice Alliance. “Entonces vamos a ser perseguidos como animales, y eso es lo que estamos viendo”.
Los manifestantes advirtieron que, de aprobarse, familias serán separadas y un sector clave de la fuerza laboral y cultural de Carolina del Norte será marginado.
Hasta el momento, el gobernador de Carolina del Norte, quien tiene 10 días para tomar una decisión, no ha indicado si firmará o vetará los proyectos.
¿De qué tratan las medidas?: Asamblea de Carolina del Norte aprueba dos proyectos de ley considerados antiinmigrantes
Piden llamadas y mensajes al gobernador
Los defensores de los inmigrantes piden a la gente llamar al gobernador al (919) 814-2000, opción 5, y pedirle que vete ambas medidas.
“Quiero que hablen con sus funcionarios electos, que hablen con los miembros de la junta escolar. Quiero que hablen con sus alcaldes y se aseguren de que llamen al gobernador y le pidan que vete estos proyectos de ley antiinmigrantes”, dijo Martinez frente a la mansión del gobernador.
Además, Mario Alfaro, gerente de políticas de El Pueblo, invitó a enviar un mensaje al gobernador a través de este enlace: petición para el gobernador.
“Nuestro llamado es al gobernador Stein a vetar ambas propuestas que están fundamentadas en un discurso antiinmigrante, racista y sobre premisas absolutamente falsas”, dijo Alfaro a Enlace Latino NC.
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¿Qué pasa si el gobernador de Carolina del Norte veta alguna de estas dos propuestas?
En caso de que el gobernador vete uno de los proyectos, la Asamblea General debe votar nuevamente para anular o se sostener el veto. Para anular el veto, se requiere una mayoría de tres quintos (60%) de los miembros presentes en cada una de las dos cámaras legislativas.
La Cámara de Representantes de Carolina del Norte cuenta con 120 miembros. Si todos están presentes, se necesitarían 72 votos para anular un veto. El Senado estatal tiene 50 miembros; con todos presentes, serían necesarios 30 votos.
Si Stein veta las medidas, los republicanos necesitarían el apoyo de al menos un demócrata en la Cámara de Representantes para anular su veto.
Sin embargo, el número exacto puede variar si no todos los legisladores están presentes durante la votación.
A diferencia de la mayoría de demócratas, la representante Carla Cunningham, del condado de Mecklenburg, votó ayer a favor de la HB 318. Sin embargo, la semana pasada votó en contra de la SB 153.
Por ese motivo, el HB 318, que amplia los delitos de colaboración de alguaciles con ICE, tiene más posibilidad que el SB 153 de convertirse en ley si ambos son vetados por el gobernador.
Advierten sobre el impacto de las políticas
En un momento crítico para las comunidades inmigrantes de Carolina del Norte, la organización comunitaria El Centro Hispano advirtió sobre las consecuencias de las dos propuestas legislativas.
Estas propuestas dijeron cambiarían el enfoque migratorio del estado y generan preocupación por su impacto en la equidad, la seguridad y los derechos civiles.
“Las disposiciones del proyecto podrían dar lugar a un aumento del perfilamiento racial y tensar la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven”, lee el comunicado de El Centro Hispano, sobre la HB 318.
La pérdida de confianza dijeron puede reducir las denuncias y la colaboración ciudadana, poniendo en riesgo la seguridad pública.
Sobre la SB 153 dijeron: “Este cambio podría agotar los recursos locales y erosionar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden, lo que pondría en riesgo la seguridad pública”.
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