Carolina del Norte, Raleigh – La población indocumentada en los Estados Unidos ven el denominado “proceso de reconciliación” como la oportunidad de aprobar una reforma migratoria integral.
Un proceso de reconciliación es una norma legal, válida y vigente, mediante la cual el Senado federal puede modificar leyes existentes para ajustar los niveles de impuestos y gastos a los parámetros establecidos en una resolución presupuestaria.
El instrumento fue establecido en la Ley de Presupuesto del Congreso de 1974.
Proceso de reconciliación: ¿es una solución viable?
En primer lugar, el proceso de reconciliación permite al Senado federal aprobar un proyecto de ley con 51 votos, es decir, mayoría simple o mitad más uno del total, que son 100. Generalmente, se requiere una mayoría calificada de 60.
La norma puede utilizarse cuando un proyecto impacta de forma directa el presupuesto nacional y cómo el gobierno utiliza o gasta los recursos públicos.
La figura permite a la administración realizar cambios en el presupuesto para atender situaciones de emergencia y necesidades específicas.
Temas como la inmigración y ciudadanía entran dentro de los parámetros que admite la norma.
Por eso, el proceso de reconciliación representa una solución viable para la administración Biden-Harris y los líderes demócratas en Washington D.C.
Este instrumento permitiría a los demócratas aprobar la reforma migratoria con 51 votos y evitar la obstrucción del bloque republicano.
Antecedente inmediato
En marzo, los demócratas utilizaron el mismo mecanismo para aprobar el “Plan de rescate americano”.
Este permitió al gobierno nacional destinar recursos para atender la crisis económica y sanitaria.
El proceso de reconciliación es efectivo cuando el mismo partido o fuerza política tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional.
Además, tiene el poder en la Casa Blanca, es decir, controla el gobierno nacional.
Actualmente, las condiciones están dadas para que los demócratas puedan implementar el proceso en caso de querer aprobar la reforma migratoria.
En el Senado, los proyectos de ley de reconciliación no están sujetos a obstrucción y el alcance de las enmiendas es limitado.
Esto da al proceso ventajas reales para la promulgación de medidas presupuestarias y fiscales controvertidas.
Proceso legislativo
Para activar el proceso de reconciliación, se requiere presentar un proyecto de ley en el Senado federal.
Para superar los filtros de revisión, la propuesta debe cumplir con los parámetros y límites que establece la norma que regula la figura, conocida como “regla de Byrd”.
El debate se limita a 20 horas y solo se requieren los 51 votos.
Promesa
La administración Biden-Harris prometió impulsar una reforma integral que ayudaría a más de once millones de inmigrantes indocumentados a regularizar, de forma gradual y ordenada, se estatus migratorio en los Estados Unidos.
Sin embargo, los legisladores federales promueven reformas parciales que sólo apuntan a sectores específicos de la comunidad indocumentada.
Por ejemplo, los beneficiarios de los programas migratorios DACA y TPS, así como a los trabajadores agrícolas y esenciales.
Por si fuera poco, las organizaciones sociales, civiles y comunitarias que trabajan por la población indocumentada en todo el país, difieren sobre la ruta a seguir o la conveniencia de abogar por una reforma integral que beneficie a todos por igual.
Presionan por un "proceso de reconciliación"
Considerando el contexto político y a partir del análisis de las opciones legales que tiene el gobierno nacional para aprobar la reforma migratoria, grupos como El Colectivo NC se inclinan por la ruta de un “proceso de reconciliación”.
El Colectivo NC, grupo de membresía que aglutina a organizaciones latinas en Carolina del Norte, advierte que si la reforma migratoria no se aprueba antes de finalizar el año, las buenas intenciones del gobierno nacional quedarán enterradas.
Por eso, el “proceso de reconciliación”, en el marco de la discusión del presupuesto federal durante las próximas semanas, representa la oportunidad, quizás la única, que tiene el partido Demócrata para cumplir su promesa de campaña.
El tiempo es ahora
Antelmo Salazar y Víctor Álvarez, presidente y vicepresidente, respectivamente, de El Colectivo NC, coinciden en que la población indocumentada debe presionar por una reforma integral y no por medidas o beneficios parciales y simbólicos.
Los líderes y representantes de la comunidad latina en Carolina del Norte temen que si el Congreso Nacional aprueba alguna de las iniciativas de reforma parcial dejará de lado el proyecto presentado por la administración Biden-Harris.
El Colectivo NC sabe que el tiempo se agota. Si el proyecto no suma el apoyo necesario en los próximos meses, será muy difícil que avance luego del 2021.
Salazar y Álvarez señalaron que, con las elecciones de medio periodo programadas para el 2022, resultará imposible consolidar los votos necesarios para aprobar una reforma migratoria después del 2021.
Presión por una reforma migratoria ya
Grupos aliados al El Colectivo NC como Tuesdays with Tillis, Poor People's Campaign: A National Call for Moral Revival, El Centro Hispano, Inc. y El Pueblo, Inc., hicieron un llamado a la comunidad a y presionar a los legisladores federales.
Líderes de todas las organizaciones coinciden en la necesidad de alentar a la población migrante indocumentada a involucrarse en el proceso y participar de forma activa, escribiendo y llamando a los oficiales y representantes populares.
Contrarreloj y con una nueva campaña electoral en 2022, el proceso de reconciliación representa una ventana de oportunidad para el gobierno nacional.
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Si ya que remos una reforma migratoria para poder andar legal en este país