Al menos 100,000 comentarios en contra de la inclusión de la pregunta de la “ciudadanía” en el Censo 2020, buscan alcanzar una coalición de organizaciones nacionales.
Líderes de El Fondo Educativo de la Conferencia de Liderazgo, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO), Asian Americans Advancing Justice (AAJC), y National Urban League hicieron un llamado a la comunidad para que se sume a la campaña dirigida al Departamento de Comercio federal, que supervisa la Oficina del Censo, para que no introduzca la pregunta sobre de ciudadanía en el Censo 2020.
John C. Yang, presidente y director ejecutivo de AAJC, explicó que la Oficina del Censo tiene hasta el 7 de agosto para recibir los comentarios antes de que el Congreso apruebe el cuestionario final. “Deben oír nuestras voces y preocupaciones. Es hora de hacerse escuchar”,mencionó Yang.
Para Vanita Gupta, presidente y CEO de la organización Leadership Conference Education Fund, el gobierno federal deben proteger los derechos civiles de los ciudadanos pero en vez de eso la “pregunta es parte de una agenda antiinmigrante”.
“Afecta a todos por igual. Debemos presentar nuestras voces al Departamento de Comercio y nadie debe quedar atrás”, indicó Gupta.
A principios del mes de julio, Jesse M. Furnman, juez federal del distrito de Manhattan (New York) dictaminó que la demanda interpuesta por decenas de organizaciones nacionales de derechos civiles en contra el Departamento de Comercio podía proceder, ya que había cierta impresión de “mala fe” detrás de la decisión del gobierno del presidente Trump de incluir esta pregunta en el Censo 2020.
También, en el fallo, Furnman señaló que el secretario de Comercio, Wilbur L. Ross Jr., ha ofrecido explicaciones siempre cambiantes del motivo de la inclusión de la pregunta.
“La pregunta es intencional para dejar fuera a la comunidad latina. Esto impactaría en millones de dólares federales en ciudades con mayor población latina”, expresó Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO. “La historia está viendo este procedimiento. La Constitución es clara en que todos deben ser contados sin importar el estatus migratorio”, agregó.
Millones en pérdidas
De acuerdo con el Instituto de Política Pública de la Universidad de George Washington, Carolina del Norte recibe $16,297 millones en fondos federales para la educación, salud pública, construcción de carreteras, servicios para los niños, etc. Pero si la población no es contada como debe de ser, este dinero se perdería.
Además, la información también sirve para determinar la distribución de los distritos electorales en el Congreso, lo que significa que si hay un mal conteo de población, en vez de ganar asientos en el Congreso se pueden perder.
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