Los Ángeles, (EFE) – La congresista federal Norma Torres exigió al inspector general del Pentágono que examine si hubo fallas en la investigación militar sobre el asesinato en Carolina del Norte, del soldado latino Enrique Román Martínez.
El Ejército de Estados Unidos cerró en agosto pasado la investigación sobre el asesinato del soldado californiano de 21 años.
Paracaidistas de la base de Fort Bragg
Román Martínez era miembro del grupo de paracaidistas de la base de Fort Bragg, en Carolina del Norte, fue hallado decapitado en la costa de Carolina del Norte, y pidió que se haga justicia.
Martínez, desapareció después de la medianoche del 22 de mayo de 2020.
Esto sucedió durante el fin de semana en que se celebró el Día de Recordación cuando acampaba cerca de Cape Lookout, en el mismo estado.
Víctima de un «homicidio por medios indeterminados»
Parte de los restos del soldado latino fueron encontrados el 29 de mayo en Shackleford Banks, cerca de donde desapareció.
Con base en los registros dentales el Ejército confirmó unos días después que se trataba del paracaidista latino.
Las autoridades forenses informaron que el soldado, oriundo de Chino, California, fue víctima de un «homicidio por medios indeterminados».
Así lo determinaron luego de examinar su cabeza, pues el resto de su cuerpo todavía no ha sido encontrado.
«Sin justicia para Martínez o su familia»
En una carta enviada a Sean O’Donnell, inspector general interino del Departamento de Defensa, y publicada por el periódico Los Angeles Times, la representante federal Torres dijo que el Ejército «lamentablemente» cerró la investigación «sin justicia para (Román) Martínez o su familia».
La legisladora, que representa el área donde reside la familia del soldado, solicitó un «examen completo e independiente de la respuesta y la investigación del asesinato de Martínez».
Torres destacó que la familia del soldado ha pasado más de 16 meses “esperando dolorosamente la justicia” y ha perdido toda confianza en la investigación del Ejército.
Recompensa por información
El Ejército ofreció inicialmente una recompensa de 25 mil dólares, luego aumentó a 50 mil dólares, a quien proporcionara información válida que llevara “al arresto y condena de la(s) persona(s) responsable(s) por el homicidio» del soldado latino.
Como parte de la investigación, el Ejército conformó un grupo de trabajo especializado que ejecutó más de 100 órdenes de arresto y citatorios.
Además, realizó más de 400 entrevistas en varios estados, informó el rotativo.
Asimismo, se realizaron siete visitas al lugar donde el soldado desapareció para realizar búsquedas aéreas, terrestres y marítimas.
Pero no se encontraron pruebas que vincularan a los compañeros del soldado en el asesinato, o que dirigieran la investigación hacia algún sospechoso.
Torres ha insistido que la muerte del soldado no puede quedar impune.