manifestantes latinos en una protesta contra la entonces prouesta de ley antiinigrante HB10 la cual entró en vigor el 1 de diciembre 2024
Senadora estatal Natalie Murdock (centro) expresa su oposición a la HB 10 en conferencia de prensa realizada por El Colectivo NC y El Centro Hispano el 9 de septiembre/ELNC

El domingo 1 de diciembre entró en vigor la polémica ley antiinmigrante HB 10, que obliga a los alguaciles a cooperar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Carolina del Norte.

Se trata de un proyecto impulsado por los bloques republicanos de la Asamblea General y resistido tanto por los grupos defensores de inmigrantes como por numerosos alguaciles y hasta por el propio gobernador del estado, el demócrata Roy Cooper.

Luego de discusiones parlamentarias que se extendieron durante meses, tanto la Cámara de Representantes como el Senado estatales votaron su aprobación en septiembre de 2024. Días después, el gobernador Cooper decidió vetarla, pero el 20 de noviembre los legisladores republicanos con ayuda de un pequeño grupo de demócratas hicieron valer su supermayoría para anular el veto del gobernador. Finalmente, el 1 de diciembre comenzó a entrar en vigor.

¿Qué cambia en Carolina del Norte con la entrada en vigor de la HB 10?

A partir de la entrada en vigor de la HB 10 en Carolina del Norte, los alguaciles deben verificar el estatus migratorio de cualquier persona arrestada por delitos graves o serios (incluyendo conducir bajo la influencia). El propósito de la verificación del estatus migratorio es constatar si la persona es residente legal, ciudadana de los Estados Unidos o está indocumentada.

Si la oficina del alguacil no puede determinar el estatus legal de la persona que está arrestada, debe notificar al ICE. En ese caso, las autoridades migratorias pueden ordenar la detención de la persona hasta por 48 horas, lo cual puede derivar en el inicio de un proceso de deportación.

Hasta la entrada en vigor de la ley, los alguaciles no estaban obligados a retener a las personas.

Aunque la ley establece que este protocolo sólo se aplica a detenidos por delitos graves, lo cierto es que en el pasado iniciativas idénticas como la 287 (g), que rigió entre 2006 y 2018, derivaron en detenciones y deportaciones de personas que habían cometido hechos muy menores como violaciones a normas de tránsito.

Conozca todos los detalles sobre entrada en vigor de la HB 10 en Carolina del Norte:

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