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Demandan al condado de Alamance por encarcelar a personas que no pueden pagar la fianza
Abogados de derechos civiles argumentan que para los residentes pobres del condado, su pobreza significa permanece detenidos en la cárcel durante días o incluso semanas antes de que puedan solicitar una reducción de la fianza o condiciones alternativas de liberación

12 nov., 2019

La demanda dice que el 78% de las casi 350 personas en el centro de detención del condado de Alamance están en espera de juicio y que las prácticas de fianza en efectivo violan su “derecho a la igualdad de protección bajo la ley, el debido proceso procesal y a ser representados por un abogado”/888bailbond CC BY-NC-SA 2.0

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    -Grupos de derechos civiles presentaron una demanda colectiva federal contra funcionarios judiciales del condado de Alamance, alegando violaciones a los derechos constitucionales de las personas que se presumen inocentes y permanecen arrestadas en la cárcel porque no pueden pagar la fianza  y no tienen un abogado para que los represente. -En 2017, los jueces del condado de Alamance exigieron fianzas garantizadas en el 85% de los arrestos por delitos menores.
    -Según los grupos de derechos civiles, ninguno de los demandantes tenía un abogado presente cuando se estableció la fianza ni pudo hablar con un juez sobre su capacidad de pago


Carolina del Norte, Raleigh– Grupos de derechos civiles presentaron una demanda colectiva federal contra funcionarios judiciales del condado de Alamance.

La demanda presentada el 12 de noviembre alega violaciones a los derechos constitucionales de las personas que se presumen inocentes y permanecen arrestadas en la cárcel porque no pueden pagar la fianza  y no tienen un abogado para que los represente.

“Exigimos que finalice esta práctica inconstitucional. La libertad de una persona nunca debe depender de cuánto dinero tenga”, dijo a Enlace Latino NC, Citlaly Mora asociada en Comunicaciones de la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU- NC).

Demanda

La demanda fue interpuesta en nombre de tres personas detenidas en el cárcel del condado de Alamance en contra del Juez de Distrito, magistrados y del alguacil del condado de Alamance Terry Johnson.

La querella alega también que las personas pobres acusadas de delitos no cuentan con abogados para representarlos cuando el juez o magistrado establece una fianza.

“Las reformas que buscamos van más allá de la fianza del dinero. Toda persona acusada de un delito en el condado de Alamance debe estar representada por un abogado defensor calificado cada vez que un juez fije la fianza”, explicó Twyla Carter, abogada del Proyecto de Reforma de Derecho Penal de ACLU.

DEMANDA

Delitos menores esperan hasta un mes

ACLU ejemplificó que según la ley estatal, las personas acusadas de delitos graves pueden esperar hasta 96 horas (4 días) antes de su primera aparición en corte. Sin embargo en el condado de Alamance y en el caso de las personas que no tienen dinero para pagar su fianza y que además están acusadas de un delito menor, la espera puede ser aún más larga, ya que a menudo son encarcelados por días, semanas, y a veces hasta mes o más, antes de ver a un juez y tener un abogado asignado por el estado.

La demanda dice que el 78% de las casi 350 personas en el centro de detención del condado de Alamance están en espera de juicio y que las prácticas de fianza en efectivo violan su “derecho a la igualdad de protección bajo la ley, el debido proceso procesal y a ser representados por un abogado”.

En 2017, los jueces del condado de Alamance exigieron fianzas garantizadas en el 93% de todos los delitos y el 85% de los delitos menores.

Una fianza garantizada es aquella donde la persona tiene que dejar dinero en efectivo o bienes para garantizar que comparecerá ante los tribunales.
En el 2018, Alamance ocupó el segundo lugar en el estado por requerir bonos garantizados por delitos menores, dice la demanda.

Para la organización de derechos civiles cada día que una persona pasa en la cárcel la posibilidad de un juicio justo disminuye ya que es más difícil armar la defensa cuando está tras las rejas.

“Es más probable que la persona se declare culpable, incluso cuando es inocente, solo para irse a casa. Solo tres días tras las rejas pone a una persona en riesgo de perder el trabajo, el hogar y la custodia de sus hijos”, concluyó ACLU.

Sobre el autor:

Paola Jaramillo

Comunicadora social y periodista colombiana. Emprendedora y cofundadora de Enlace Latino NC. Apasionada por la investigación y la comunidad su trabajo ha sido reconocido con más de 29 premios nacionales de periodismo por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas de los Estados Unidos (NAHP).

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