CAROLINA DEL NORTE, Raleigh- La Corte Suprema suspendió el bloqueo impuesto por las cortes menores a la regla de“carga pública”, mientras que estas determinan si la norma es válida o no.
"En un proceso civil hay dos etapas", explicó a Enlace Latino NC, Katharine Woomer-Deters abogada del Centro de Justicia de Carolina del Norte. "La Corte Suprema de Justicia terminó con el bloqueo impuesto por las cortes inferiores a la regla, mientras que estas deciden si la norma es legal o no". Comentó la abogada.
El voto de hoy 27 de enero, de los magistrados fue de 5 a 4. De esta forma la regla puede entrar en vigencia, temporalmente.
¿A quiénes afectaría?
La regla afecta a los inmigrantes que soliciten la residencia. Esto incluiría tarjetas de residencia basadas en una relación familiar o patrocinio por el empleador, entre otras.
No afectados por uso de servicios públicos
Según la abogada, la norma de carga pública y en cuanto al uso de beneficios públicos "no afectará a muchos inmigrantes". "Si un padre solicita un beneficio público en nombre de su hijo, que es residente o ciudadano, esto no afectará a ninguno de los dos".
La mayoría de los inmigrantes que solicitan la residencia legal no son elegibles para recibir beneficios por parte del gobierno. Los beneficios utilizados por los miembros elegibles de su familia no se toman en consideración a menos que los miembros de su familia también estén solicitando una tarjeta verde. El uso de beneficios sólo afecta las solicitudes de ellos mismos.
Si sus hijos o familiares son ciudadanos o ya tienen tarjetas verde, deben continuar usando los programas de beneficios para los que son elegibles , sin afectar su solicitud de inmigración. También, la prueba de inadmisibilidad de carga pública no se aplica a todos grupos de inmigrantes.
En el caso de los padres indocumentados que piden un beneficio a nombre de sus hijos, Woomer-Deters señaló que tampoco resultarán afectados por este concepto si en un futuro legalizan su condición migratoria. "Un padre o un familiar indocumentado no puede recibir ninguno de estos beneficios públicos". Comentó la abogada.
Explicó que la regla no incluye programas como el Medicaid de emergencia o para los niños. Tampoco incluye el programa WIC, Obamacare o comidas gratuitas o a precios reducidos en las escuelas. Salud, vivienda, nutrición y otros beneficios no monetarios proporcionados por los gobiernos estatales y locales tampoco están incluidos.
Sobre la carga pública
Según explica el sitio Boundless, en 1882 el congreso estableció este concepto para permitir que el gobierno de los Estados Unidos pudiera denegar una tarjeta de residencia a cualquiera que “pueda convertirse en una carga pública en algún momento”. Pero se omitió definir a qué se refería con “carga pública”.
Desde 1999, los oficiales de inmigración han adoptado y se han guiado por el principio de que carga pública es alguien que “depende principalmente del gobierno para subsistir”. Principio que se demuestra ya sea: a) usando ayuda pública en efectivo como ingreso para mantenerse o, b) institucionalizándose para el cuidado a largo plazo a expensas del gobierno. Esto ha incluido específicamente:
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
- Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), comúnmente conocido en inglés como “welfare” o “asistencia social”.
- Ayuda en efectivo estatal y local, llamada algunas veces “Asistencia General”.
- Medicaid u otros programas de ayuda institucionalizada a largo plazo, como asilos de ancianos o instituciones de salud mental.
Bajo esta política, a muy pocos inmigrantes se les ha negado la tarjeta de residencia por motivos de carga pública. Principalmente por dos razones: Primera, el Congreso no permite que las familias indocumentadas soliciten beneficios públicos como los nombrados anteriormente. Por lo que el uso previo de estos beneficios está fuera de discusión.
Segunda, el Congreso requiere que la mayoría de los solicitantes de tarjetas de residencia tengan un patrocinador financiero. El patrocinador es normalmente un cónyuge u otro familiar que sea ciudadano estadounidense. Se requiere que pueda demostrar ingresos suficientes para prevenir una futura dependencia de los beneficios del gobierno. Ese límite mínimo de ingresos es definido en los estatutos como 125% de las Pautas de Pobreza Federales. En la actualidad es de $21,137 USD para la mayoría de las parejas sin hijos.
¿Qué cambia?
La nueva regla amplia y redefine el concepto de carga pública para que los solicitantes de tarjetas de residencia y otras visas puedan ser denegados no solo por ser “principalmente dependientes del gobierno para subsistir” (el estándar actual), sino también por ser “propensos” a recibir este tipo de beneficios en el futuro.
Bajo la nueva regla, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) crearía los siguientes criterios para denegar una solicitud de tarjeta de residencia:
(1) Uso previo de ciertos beneficios del gobierno.
En lugar de limitar la definición de beneficios sin límites del gobierno a pagos de asistencia social y subsidios de largo plazo institucionalizados, la nueva política expandiría la definición para incluir un rango más amplio de beneficios comunes del gobierno:
- Todos los beneficios enlistados anteriormente. (SSI, TANF, asistencia general y atención institucional a largo plazo)
más: - Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) comúnmente conocidos como Cupones para Alimentos.
- Asistencia de alojamiento y alquiler de la Sección 8
- Subsidios federales de vivienda
- Beneficios de Medicaid que no son de emergencia (con excepciones para niños menores de 21 años, personas con discapacidades, mujeres embarazadas y madres dentro de los 60 días posteriores al parto)
Una denegación por “carga pública” podría hacerse efectiva si alguien ha recibido uno o más de los beneficios listados anteriormente, por un tiempo que en total sume 12 meses dentro de cualquier periodo de 36 meses.
(2) Probabilidad de uso futuro de beneficios del gobierno.
A pesar de que los siguientes criterios son definidos por el Congreso, el DHS expandiría el número de factores específicos que los oficiales de inmigración deben tomar en cuenta cuando determinen si un solicitante de visa podrá o no convertirse en “carga pública” en algún punto del futuro.
- Edad: los solicitantes podrían ser denegados si son menores de 18 años (edad mínima para tener un trabajo de tiempo completo), mayores de 61 años (edad mínima de “jubilación anticipada” para fines de seguridad social), o de alguna otra edad que impacte su “capacidad para trabajar”.
- Salud: mayor escrutino el alcance del examen médico requerido.
- Tamaño de la familia: tener más hijos u otros dependientes podría aumentar la posibilidad de una visa denegada.
- Habilidades: se revisaría si un solicitante tiene “educación adecuada y habilidades para obtener o mantener un trabajo” (si está autorizado para trabajar), esto se lograría revisando el historial de trabajo, certificado de bachillerato y educación superior, “habilidades ocupacionales, certificados o licencias” y sus competencias del inglés u otros idiomas.
(3) Recursos financieros insuficientes.
Incluso si el solicitante nunca ha gozado de beneficios del gobierno en el pasado y cumple con todos los criterios antes mencionados para demostrar baja posibilidad de uso futuro de estos beneficios, podría ser bloqueado por un requisito completamente nuevo: recursos financieros personales.
Requisitos financieros no solamente del solicitante.
El DHS impondría requisitos financieros probablemente sobre el patrocinador y no solo del solicitante ( aunque no está claro). Como mínimo los solicitantes tendrán que demostrar un ingreso familiar (o el equivalente en activos) de al menos el 125% de las Pautas de Pobreza Federales. Pero, además, el DHS establecería un mínimo de ingreso familiar más alto y completamente nuevo del 250% de las pautas de pobreza, estableciendo esta barrera más alta como un “factor positivo de gran peso”.
Esto podría significar que, para asegurarse de evitar una negación por carga pública, el solicitante deberá mostrar un ingreso familiar anual de $41,150 para una pareja sin hijos. En el caso de una familia de cuatro, por $63,375.
¿Qué viene ahora?
Las cortes menores deberán decidir si la norma es legal o no. Sin embargo, lo sucedido hoy con la Corte Suprema no es una buena señal.
No todo está perdido. Hay que esperar el dictamen de las cortes inferiores. En el caso de que se elija un nuevo Congreso y Presidente, esto puede ser modificado. Lo anterior fue comentado por la abogada.
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