El fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, se unió el 4 de noviembre a una demanda presentada por varios estados contra la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La acción legal, presentada en un tribunal federal de Oregón, acusa a ambas agencias de retener fondos prometidos destinados a operaciones de gestión de emergencias, asistencia en casos de desastre y programas de seguridad nacional.
Según la acción judicial, FEMA asignó a Carolina del Norte 8,5 millones de dólares en subvenciones para el Desempeño en la Gestión de Emergencias y otros 21 millones a través del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional en septiembre.
Sin embargo, el documento acusa a la administración Trump de imponer nuevas restricciones “ilegales” después de la adjudicación, sin la aprobación del Congreso, lo que habría resultado en la retención de los fondos ya otorgados a los estados.
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Financimiento crucial
En el comunicado de prensa por parte de Jackson, el director de la Agencia de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte, Will Ray, dijo que ambas subvenciones son fuentes de financiamiento cruciales para las agencias estatales y locales de manejo de emergencias en todo el estado.
“El retraso de estos fondos tendrá importantes repercusiones negativas para la seguridad pública de nuestro estado”, explicó Ray.
Subvenciones, preparación y respuesta
Las subvenciones federales buscan fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias. El programa para el Desempeño en la Gestión de Emergencias ofrece recursos a agencias estatales y locales para implementar el Sistema Nacional de Preparación, mientras que el Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional apoya los esfuerzos para prevenir, responder y recuperarse de actos de terrorismo y otras amenazas.
Según Jackson, Carolina del Norte utilizó fondos de la Subvención para la Gestión de Emergencias para prepararse y responder al huracán Helene.
“Nuestros equipos de gestión de emergencias y de primera respuesta trabajaron sin descanso durante las semanas posteriores al huracán Helene, y estos fondos fueron cruciales para su labor”, declaró Jackson en el comunicado de prensa.
Coordinación de operaciones de rescate y refugios
Los fondos no solo ayudaron a desplegar personal capacitado para la gestión de emergencias antes y durante la tormenta, sino que también ayudó a coordinar operaciones de rescate y refugios y mantener las operaciones durante los apagones de energía y comunicaciones.
“Estamos en plena temporada de huracanes, y sin estos fondos, contaremos con menos recursos para ayudar a la población durante la próxima tormenta que azote Carolina del Norte”, continuó.
Argumentos del gobierno federal
Este año, como parte de los cambios en las restricciones, el gobierno federal retuvo una de las subvenciones con el argumento de que el estado debía proporcionar a FEMA una certificación de la población al 30 de septiembre de 2025.
Este reporte, incluye una explicación de la metodología utilizada para determinarla y una garantía de que la cifra no incluye a personas expulsadas del estado bajo las leyes de inmigración.
La demanda afirma que los estados no mantienen censos poblacionales con ese nivel de detalle ni actualización, ya que dependen de los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos y no cuentan con información para determinar el número exacto de personas recientemente deportadas.
También menciona que la retención de certificación de población es ilegal.
Plazo para el gasto de fondos
El segundo cambio es la drástica reducción del plazo para gastar los fondos de ambas subvenciones, que se habría realizado sin la aprobación del Congreso y sin dar ninguna explicación.
Este plazo más corto implica que Carolina del Norte no podrá utilizar de la manera más eficaz la totalidad de los fondos para los programas estatales y locales de gestión de emergencias y las iniciativas de seguridad pública.
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¿Qué busca la demanda?
La demanda busca que se anule la retención de la certificación de población y el cambio del período de desempeño, permitiendo que los estados demandantes reciban y utilicen los fondos de ambas subvenciones según lo previsto por el Congreso.
No es la primera demanda de Carolina del Norte contra FEMA
La demanda presentada este mes contra FEMA no sería la primera que el estado interpone.
En julio, el fiscal general Jeff Jackson, junto con otros 19 estados, presentó una acción judicial contra FEMA por la cancelación del programa BRIC, que destina más de 200 millones de dólares a la protección de la infraestructura en Carolina del Norte.
En la demanda, Jackson solicitó una orden judicial preliminar para evitar que los fondos fueran desviados a otros fines y una orden permanente que restableciera el programa y los recursos comprometidos.
Un mes después, en agosto, un juez federal emitió una medida cautelar que impide al gobierno redirigir los fondos de BRIC, un fallo considerado un avance significativo en el caso.



