A lo largo de los años, Earls ha dejado claro que cree que los jueces llegan al estrado con sus propias inclinaciones políticas y sesgos, y que tienen el deber de actuar cuando existen disparidades documentadas. En un estado donde los jueces están obligados a postularse con afiliación partidista, Earls ha defendido asistir a eventos partidistas durante la campaña, diciendo que los votantes deberían juzgar sus acciones en el tribunal y si es capaz de resolver los casos de manera no partidista, justa e imparcial.

La composición partidista del tribunal llevó a su disenso en dos casos de gran repercusión relacionados con la redistribución de distritos y las leyes de identificación de votantes. En 2023, ambos casos habían sido decididos recientemente por una Corte Suprema estatal con mayoría demócrata; cuando cambió la composición del tribunal, la nueva mayoría republicana decidió volver a escuchar los casos. Earls argumentó que volver a escuchar los casos en esas circunstancias amenazaba la imparcialidad y la independencia judicial.

Se resistió a los pedidos de legisladores para recusarse en el prolongado caso Leandro del estado, porque años atrás, como abogada, había trabajado en un litigio relacionado. Earls ha señalado anteriormente a la Asamblea General del estado como la mayor amenaza para la independencia judicial, por ejemplo, al someter a juicio político a jueces que fallan en contra de su agenda o transferir facultades de nombramiento a legisladores electos.

Defender los derechos consagrados en la Constitución estatal, incluido el acceso a la atención médica, el voto y la educación pública, es un eje central de la campaña de Earls. En sus comentarios públicos y fallos, ha indicado que cree que las garantías constitucionales deberían imponer límites reales al gobierno y que los tribunales deben proporcionar remedios efectivos cuando se violan esos derechos. Ha aplicado este principio con mayor firmeza en materia de educación, derecho al voto e igualdad de protección.

Ha enfatizado que la Constitución de Carolina del Norte contiene derechos que la Constitución de Estados Unidos no contempla, y ha resuelto que esos derechos deben contar con remedios legales efectivos. En 2022, falló en contra de la manipulación partidista extrema de los distritos electorales, diciendo que viola la Cláusula de Elecciones Libres de la Constitución estatal, y expresó su disenso en 2025 cuando el tribunal confirmó aspectos de la decisión de un tribunal inferior que consideró inelegible a un grupo de votantes en una contienda por otro puesto en la Corte Suprema. Earls emitió un extenso voto disidente en el caso Leandro y dijo en una entrevista posterior que, si la educación es un derecho constitucional, es responsabilidad del tribunal hacerlo cumplir si los legisladores no asignan los fondos. En una acción que su oponente criticó como una defensa inapropiada de una causa, Earls también ha criticado públicamente la aplicación de las leyes federales de inmigración en Carolina del Norte, diciendo que esas acciones violaban los derechos constitucionales de los inmigrantes.

Earls ha argumentado que la confianza pública en los tribunales se fortalece mediante la transparencia y el abordaje abierto de los problemas, como hizo en 2023 cuando hizo comentarios sobre la falta de diversidad y los sesgos raciales y de género en el poder judicial. También ha dicho en entrevistas que el público debería tener acceso a la información necesaria para juzgar por sí mismo la imparcialidad judicial, como si los jueces siempre votan siguiendo líneas partidistas o cómo votan en asuntos que afectan la vida de las personas.

En cuanto a las medidas más tradicionales de ética judicial, Earls no siempre ha atendido los pedidos para recusarse cuando podría existir preocupación por un conflicto. Se negó a recusarse en Leandro, diciendo que su participación anterior había sido limitada y que no consideraba necesaria su descalificación.

Earls ha adoptado en general una postura favorable al acceso a los registros públicos y a la información gubernamental, como en su voto disidente en un caso en el que argumentó que la ley estatal de registros abiertos debería impedir que una corporación de propiedad íntegramente estatal ocultara registros relacionados con asuntos públicos. Pero reconoce que no todo debería ser público. En un caso sobre si UNC estaba obligada a divulgar los registros disciplinarios de estudiantes que habían sido declarados responsables de violar la política de la universidad sobre agresión sexual, expresó su disenso con un argumento contrario: que las leyes federales de privacidad estudiantil prevalecían sobre la ley estatal de registros públicos.

Stevens, legisladora estatal desde hace muchos años, cree que la imparcialidad judicial significa que los jueces deben mantenerse dentro de los límites de su función, aplicar la ley tal como está escrita y no crear leyes desde el estrado, aunque sí votó a favor de una legislación en 2011 que alentaba abiertamente al poder judicial a modificar precedentes constitucionales.

Mientras hacía campaña para el tribunal, Stevens ha declinado responder preguntas sobre temas que considera que podrían llegar ante la corte, y ha dicho que se recusaría si hubiera alguna apariencia de impropiedad. Pero también dijo estar dispuesta a resolver sobre leyes que pudo haber ayudado a redactar mientras integraba la Cámara de Representantes estatal, lo que sugiere que no se recusaría automáticamente. Como legisladora, Stevens ha apoyado esfuerzos para reorganizar los distritos judiciales del estado y restaurar las elecciones judiciales partidistas.

La campaña de Stevens adopta una interpretación más limitada de la relación entre legisladores y jueces, enfatizando que los jueces no deberían “crear leyes desde el estrado”. Si es elegida, dice que aplicará los “principios de preservación de la libertad” de la Constitución estatal a cada caso. Mientras Earls ha enfatizado la necesidad de que los tribunales creen remedios ante violaciones de derechos constitucionales, Stevens ha hablado más sobre identificar y aplicar los derechos expresamente establecidos en el documento.

En la Legislatura, ha mostrado apoyo a los derechos de los padres, las víctimas de delitos y los propietarios de armas, y apoyó leyes más estrictas de identificación de votantes y requisitos sobre el aborto. En varios casos, ha apoyado el uso de enmiendas constitucionales formales para definir o ampliar derechos, sometiendo el asunto primero a la Asamblea General y luego a los votantes, en lugar de depender de la interpretación judicial.

Stevens ha planteado en gran medida la discusión sobre transparencia y ética en torno a los temas de moderación judicial, fidelidad a la ley escrita y recusación cuando surgen conflictos. Dijo en una entrevista que se apartaría si hubiera “siquiera la apariencia” de impropiedad, pero también aclaró que no se recusaría automáticamente si leyes que ayudó a aprobar como legisladora llegaran ante el tribunal.

Mientras era legisladora, Stevens patrocinó una legislación para crear un proceso de revisión de algunas decisiones disciplinarias contra abogados, preservando el carácter confidencial del proceso. También recibió una carta de advertencia después de aceptar dos contribuciones a su campaña judicial de parte de cabilderos registrados, contribuciones que eran ilegales bajo la ley estatal porque todavía era legisladora en funciones. Stevens devolvió las contribuciones, y la Junta Estatal de Elecciones determinó que no fueron infracciones intencionales. Ella y otros miembros del liderazgo republicano también recibieron críticas en 2025 por aprobar apresuradamente un proyecto de ley para limitar el poder del gobernador de cubrir vacantes de fiscales.

Como legisladora, Stevens patrocinó protecciones más fuertes para denunciantes, que ayudarían a los empleados públicos a exponer conductas indebidas. Sin embargo, también apoyó proyectos de ley para agregar mayor confidencialidad al proceso relacionado con registros de autopsias de menores y al proceso de quejas del Colegio de Abogados del estado.