Con críticas de organizaciones de derechos civiles y el rechazo de legisladores demócratas, la Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobó el 30 de junio un proyecto de ley que propone cambios al proceso electoral del estado.
La iniciativa HB 958 Election Law Changes. entre otras disposiciones, ampliaría las poderos del auditor estatal republicano David Boliek y modificaría los requisitos de elegibilidad y documentación para determinados votantes.
Tras su aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto pasó al Senado estatal, donde deberá continuar su trámite legislativo antes de llegar al escritorio del gobernador Josh Stein.
Sin embargo, el futuro de la iniciativa sigue siendo incierto. El presidente del Senado, el republicano Phil Berger, dijo a la prensa que no se ha comprometido a someter el proyecto a debate en la cámara alta.
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Dos enmiendas adoptadas en la Cámara de Representantes
Los representantes demócratas Phil Rubin y Pricey Harrison, trabajaron con el patrocinador del proyecto, el republicano Hugh Blackwell, para modificar la medida.
Entre los cambios adoptados, se eliminó una disposición que habría prohibido pagar a personas u organizaciones por recolectar formularios de registro de votantes y peticiones.
Sin embargo, ambos legisladores sostuvieron que esta modificación no fue suficiente para respaldar el proyecto.
“Este proyecto de ley perjudica a los votantes, a las personas a quienes deberíamos proteger”, dijo Rubin.
“Como dije en el Comité de Leyes Electorales, recibiré con agrado el día en que podamos trabajar en un proyecto de ley bipartidista con el objetivo expreso de mejorar el acceso de los votantes”, agregó.
Además, el legilslador, mencionó que una “versión ligeramente mejorada de un proyecto de ley que socava unas elecciones libres y justas nunca será suficiente”.
“Estamos aquí para salvaguardar el derecho al voto, no para negociar la velocidad con la que se erosiona”, señaló.
Los legisladores también aprobaron, con 69 votos a favor y 44 en contra, una enmienda para aclarar que el ruido destinado a interrumpir la votación o actividades electorales podrá utilizarse como evidencia de una infracción, con excepciones para emergencias y el funcionamiento normal del edificio.
¿Cuáles son los cambios al proceso electoral que propone la medida?
Entre los principales cambios, se encuentran:
Ampliación del rol del auditor estatal en la investigación de procesos electorales
La medida otorgaría al auditor estatal republicano David Boliek, la autoridad para realizar auditorías posteriores a las elecciones generales en condados seleccionados a su discreción, una vez certificada la elección.
Revisión de disposiciones relacionadas con el voto militar y de ciudadanos en el extranjero
El proyecto de ley ajustaría los requisitos de elegibilidad y documentación para ciertos votantes.
Los plazos para el envío, la recepción y el procesamiento de boletas militares y de votantes en el extranjero también serían ajustados, modificando los calendarios administrativos que rigen la votación por correo en estas categorías.
Cambios en la entrega de boletas por correo
El proyecto de ley establecería que las boletas de voto por correo solo podrán ser entregadas en persona por el propio votante, un familiar cercano o un tutor legal verificable. Además, quien entregue una boleta en nombre del votante deberá firmar una declaración jurada indicando que está autorizado para hacerlo.
Elegibilidad de candidatos
La medida aumentaría de 90 a 365 días el tiempo mínimo que una persona debe haber estado afiliada a un partido político para poder postularse en sus elecciones primarias.
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Oposición de organizaciones defensoras de derechos civiles
Varios activistas y organizaciones de derechos civiles protestaron previo a que la medida avanzara a consideración en el piso de la Cámara, el 22 de junio, en los jardines de la Asamblea General.
“Sabemos que nuestro estado de por sí ya tiene muchas desventajas para los votantes,” dijo Iliana Santillán, directora ejecutiva de Brava NC, a Enlace Latino NC. “Nuestro voto, debería de ser fácil, debería de ser inclusivo, debería de no tener tantas trabas. El mensaje que el estado está enviando a los votantes es que no quieren nuestros votos; que ellos quieren controlar todo”.
Durante su discurso, Santillán agregó que esta medida no se trata de un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón más amplio de restricción a los votantes.
“Lo que más me preocupa no es una disposición en particular, sino la dirección que tomamos: nos alejamos de una democracia centrada en el votante para acercarnos a un sistema que exige a los ciudadanos demostrar constantemente su legitimidad; pasamos de la confianza a la sospecha, y de la participación al poder”, dijo Santillán.
Common Cause NC también es otra de las organizaciones que ha expresado abiertamente su oposición al proyecto de ley, acotando preocupaciones similares a las de Santillán, como que la medida perjudicaría a los votantes al implementar restricciones al voto y cambios electorales.
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