En un esfuerzo estatal de apoyar el plan de deportación masiva del presidente Donald Trump, el Comité Judicial del Senado de Carolina del Norte dio hoy un reporte favorable al proyecto de ley que busca, entre otras cosas, fortalecer la colaboración entre agencias estatales y ICE.
La iniciativa, SB 153 “North Carolina Border Protection Act”, exige que agencias del orden público firmen acuerdos 287 (g), delegando tareas de control migratorio a oficiales estatales.
La Asamblea General de Carolina del Norte ya había aprobado la ley HB 10, que exige la colaboración de los alguaciles locales con ICE. La nueva propuesta busca extender esta colaboración al Departamento de Seguridad Pública, la Patrulla de Carreteras, el Departamento de Correcionales y el Buró de Investigaciones.
“Permítanme comenzar diciendo que el presidente Trump ha tomado medidas rápidas desde que asumió el cargo para detener la ola de inmigración ilegal”, dijo el senador Buck Newton en el Comité Judicial. “Me alegra que finalmente hayamos logrado que se aprobara (la ley HB 10), lo cual requería que los sheriffs cooperaran con ICE. El Proyecto de ley del Senado 153 da los siguientes pasos necesarios”.
La medida fue presentada por el líder del Senado estatal, Phil Berger. Además, está patrocinada por el senador Newton y Warren Daniel, ambos copresiden el Comité Judicial.
Ahora, la iniciativa SB 153 será discutida mañana jueves 27 de febrero a las 10 a. m. en el Comité de Reglas y Operaciones del Senado.
Otros apartes de la propuesta SB 153
- Implementación del programa 287(g) por parte de algunas agencias estatales.
- Restricción del acceso a programas públicos para indocumentados, aunque actualmente no tienen acceso legal.
- Sanciones a gobiernos locales que incumplan con las leyes estatales de inmigración.
- Prohibición para condados y ciudades de adoptar políticas “santuario”, a pesar de la existencia de una ley que ya lo impide.
- Prohibición para instituciones de la Universidad de Carolina del Norte (UNC) de adoptar políticas que limiten la cooperación con autoridades migratorias.
Consideran al proyecto antiinmigrante
Entre los comentarios públicos, la portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Sammy Salkin, destacó que la medida plantea nuevos desafíos tanto legales como constitucionales.
“Este proyecto de ley es claramente antiinmigrante”, señaló el portavoz de la ACLU a Enlace Latino NC. “Esta no es una legislación que vaya a tomar medidas para hacer nuestra comunidad más segura. No está tomando medidas para reducir lo que se llama el “desperdicio de servicios públicos”. Este proyecto de ley está específicamente dirigido a dañar a las comunidades inmigrantes”.
Además, destacó que no solo afectará a los inmigrantes indocumentados, sino que podría tener repercusiones mucho más amplias en términos de discriminación racial y violaciones de derechos civiles.
Mark Swallow de Democracy Out Loud dijo en los comentarios públicos que esta medida da por sentado que las personas son criminales por ser indocumentadas.
“Este proyecto de ley 153 es como algo que se te ocurriría a las 3 de la mañana con tu lado creativo del cerebro trabajando, pero tu lado lógico no está del todo ahí. Y luego, cuando lo lees en el día de la luz, te das cuenta de que no, que no tiene sentido”, añadió.
Debate sobre disposiciones de la medida
Los senadores demócratas Dan Blue (Wake), Mujtaba Mohammed (Mecklenburg) y Sophia Chitlik (Durham) cuestionaron varias disposiciones de la medida en el Comité Judicial del Senado.
El senador republicano Newton (Cabarrus) respondió y a continuación te ofrecemos un resumen de esta discusión.
Preocupaciones sobre carga administrativa
El senador Mohammed expresó su preocupación sobre la carga administrativa adicional que podría generar el obligar a la colaboración de agencias estatales con ICE.
“Todas nuestras agencias estatales están al límite. No tienen personal, no tienen apoyo”, explicó el senador Mohammed.
En respuesta a estas preocupaciones, el senador Newton dijo que, aunque el proceso presupuestario apenas comienza, en principio no se prevé la necesidad de una financiación adicional.
“En este momento, no prevemos que haya necesidades de financiación adicionales, pero estoy seguro de que las agencias nos informarán si creen que las hay, y sin duda lo consideraremos en ese momento”, respondió Newton.
A pesar de lo mencionado por el senador Newton, las jurisdicciones que participan en el programa 287(g) pueden enfrentar gastos operativos y administrativos significativos. Recientemente, el alguacil del condado de Pender optó por no participar en el programa debido a los gastos asociados.
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Auditoria de programas de beneficios
La senadora Chitlik impugnó la disposición dos del proyecto de ley que busca asegurarse que las personas indocumentadas no estén utilizando los programas de beneficios.
“Lo que me sorprende de esta parte del proyecto de ley es que se enfoca en auditar la participación de los indocumentados en programas de los que están excluidos por ley”, comentó la senadora Chitlik. “No solo están excluidos de estos programas, sino que además contribuyen a su financiamiento, lo que genera una paradoja al intentar auditarlos”.
Por ejemplo, las personas indocumentadas no son elegibles para los programas como SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) o TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas).
Por esta razón, la senadora pidió que consideraran eliminar directamente la sección dos de este proyecto de ley. Además, cuestionó si personas no elegibles están aprovechándose de estos programas bajo las leyes actuales. “¿Qué pruebas tenemos para plantear este tipo de preocupación?”, preguntó Chitlik.
A esto, el senador Newton respondió que no tienen pruebas de que inmigrantes indocumentados se estén beneficiando de estos programas.
“No estoy seguro de que tengamos pruebas en este momento. Por eso queremos llevar a cabo la auditoría, para asegurarnos de que eso no es lo que está pasando”, contestó Newton. “Así que no lo sabemos con certeza”.
Colaboración con ICE
La propuesta establece que las agencias del orden público mencionada deben identificar el estado migratorio de las personas bajo su “supervisión” o “custodia”.
El senador Blue cuestionó que la ambigüedad del lenguaje puede hacer su impacto muy amplio.
“Me preocupa su amplitud excesiva y no quiero que tenga un efecto paralizador sobre la Primera Enmienda”, dijo Blue.
Además, buscó clarificación sobre si la propuesta se rige bajo lo establecido por el caso Miranda vs. Arizona. Este caso declaró que, siempre que una persona sea detenida por la policía, debe ser informada antes del interrogatorio de los derechos que le otorga la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
El senador Newton respondió que podrían hacer cambios al lenguaje del proyecto para ser más precisos.
“Creo que lo estábamos pensando en términos de, como usted dijo, más como un escenario tipo Miranda”, explicó el senador Newton. “Pero es algo en lo que podemos pensar y asegurarnos de que, si hay que hacer algún ajuste para que se cumpla nuestra intención, podemos hacerlo”.
Próximos pasos
Se anticipa que el proyecto de ley SB 153 tenga un reporte favorable en el Comité de Reglas y Operaciones del Senado mañana jueves temprano. Por lo tanto, podría ser sometido a votación en el pleno del Senado estatal tan pronto como la próxima semana.
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