La administración de Trump solicitó a la Corte Suprema que retire las protecciones legales temporales a 350,000 venezolanos, lo que podría exponerlos a la deportación.
El Departamento de Justicia pidió al alto tribunal que suspendiera un fallo de un juez federal en San Francisco que mantenía en vigor el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, el cual habría expirado el mes pasado.
Este estatus permite que personas ya presentes en Estados Unidos vivan y trabajen legalmente porque sus países de origen se consideran inseguros para regresar debido a desastres naturales o conflictos civiles.
Un tribunal federal de apelaciones ya había rechazado anteriormente la solicitud de la administración.
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Apelación de emergencia
La administración del presidente Donald Trump ha actuado agresivamente para eliminar diversas protecciones que han permitido a los inmigrantes permanecer en el país, incluyendo el fin del TPS para un total de 600,000 venezolanos y 500,000 haitianos. El TPS se concede en períodos renovables de 18 meses.
La apelación de emergencia ante la Corte Suprema se presentó el mismo día en que un juez federal en Texas declaró ilegal el intento de la administración de deportar venezolanos bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. Los casos no están relacionados.
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¿Cuándo finalizaba la protección?
Las protecciones estaban programadas para expirar el 7 de abril, pero el juez de distrito Edward Chen ordenó una pausa en esos planes. Determinó que la expiración amenazaba con alterar gravemente la vida de cientos de miles de personas y podría costar miles de millones en actividad económica perdida.
Chen, quien fue designado al tribunal por el presidente demócrata Barack Obama, concluyó que el gobierno no había demostrado que mantener el programa causara algún perjuicio.
Sin embargo, el procurador general D. John Sauer escribió en nombre de la administración que la orden de Chen interfiere de manera inaceptable con el poder del gobierno sobre inmigración y asuntos exteriores.
Además, Sauer dijo a los jueces que las personas afectadas por el fin del estatus protegido podrían tener otras opciones legales para intentar permanecer en el país, ya que “la decisión de terminar el TPS no equivale a una orden final de deportación”.
El Congreso creó el TPS en 1990 para evitar deportaciones a países que sufren desastres naturales o conflictos civiles.
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