A través de un comunicado de prensa, la oficina del Sheriff del condado de Buncombe afirmó que los agentes de inmigración no pueden ingresar a las escuelas del condado sin una orden judicial válida y reiteró que su oficina no colaborará con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) más allá de lo exigido por la ley HB10.
El sheriff Quentin Miller fue enfático en que la aplicación de leyes migratorias no está permitida dentro de los campus escolares, donde su oficina tiene asignados Oficiales de Recursos Escolares (SRO, por sus siglas en inglés).
“Mi postura es clara y firme: no se permite la aplicación de la ley de inmigración en nuestros campus escolares a menos que se lleve a cabo mediante una orden judicial válida”, declaró. Miller subrayó que los SRO están en las escuelas para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal, no para hacer cumplir normativas migratorias.
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Intensifican deportaciones
La postura del alguacil de Buncombe cobra especial importancia en un momento en que el gobierno federal ha intensificado las deportaciones y ha eliminado restricciones que antes impedían que ICE realizara arrestos en lugares sensibles como escuelas e iglesias.
Esto ha generado preocupación entre las comunidades inmigrantes, que temen que los operativos migratorios puedan extenderse a espacios educativos.
Miller también abordó la reciente aprobación de la ley HB10 en Carolina del Norte, la cual obliga a los departamentos del sheriff a retener a ciertos inmigrantes indocumentados arrestados hasta por 48 horas para que ICE determine si los toma bajo su custodia.
El sheriff de Buncombe, quien anteriormente se opuso a este tipo de políticas, ahora reconoce que debe acatar la ley, aunque no sin cuestionamientos. “Por mucho que tenga preocupaciones en cuanto al retener a alguien que puede y está dispuesto a pagar la fianza, yo no hago las leyes, sólo las hago cumplir”, indicó.
No obstante, reiteró que su oficina no arrestará ni detendrá a personas únicamente para investigar su estatus migratorio, ya que esto constituiría perfil racial y sería inconstitucional. Además, se distanció de programas como el 287(g), que permite a agencias locales colaborar directamente con ICE en la detención y deportación de inmigrantes.
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Alguaciles divididos
El debate sobre la cooperación de las fuerzas del orden con ICE ha dividido a los departamentos del alguacil en Carolina del Norte, con algunos aceptando trabajar estrechamente con la agencia federal, mientras que otros, como Miller, han adoptado una postura más restrictiva, argumentando que este tipo de colaboración erosiona la confianza de la comunidad inmigrante y desalienta la denuncia de delitos.
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