Dos proyectos de ley en Carolina del Norte buscan limitar la participación de oficiales en la aplicación de leyes migratorias en tierras agrícolas, sitios de construcción y lugares sensibles.
Estas propuestas legislativas, introducidas por representantes demócratas, tienen como objetivo proteger tanto a los trabajadores migrantes como a las comunidades más vulnerables de las acciones de inmigración federal.
Protección de lugares sensibles
El proyecto de ley H.B. 78 prohibiría que las agencias de la ley colaboren con ICE en la captura o arresto de personas sospechosas de violaciones de inmigración en las siguientes ubicaciones:
- Lugares de culto religioso: Iglesias, sinagogas, mezquitas, templos y otros espacios religiosos.
- Escuelas públicas y privadas que brindan instrucción a niños y adolescentes.
- Hospitales, según lo definido en la legislación estatal.
Esta medida fue propuesta por la representante Renée Price de Caswell y Orange. Cuenta con el apoyo de las representantes demócratas Deb Butler, Pricey Harrison, Kanika Brown, Marcia Morey y María Cervania.
La iniciativa surge tras la revocación por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de una directriz de la administración Biden. Esta directriz instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares.
Limitación en zonas de construcción y propiedades agrícolas
El proyecto de ley H.B. 80 prohibiría que las agencias de la ley colaboren con ICE en la captura o arresto de personas sospechosas de violaciones de inmigración en las siguientes ubicaciones:
- Propiedades agrícolas, incluyendo aquellas utilizadas para la agricultura, sacrificio, procesamiento o empaquetado de ganado.
- Sitios de construcción con permisos, donde las autoridades locales o estatales han emitido los permisos necesarios para nuevos proyectos de construcción o mejoras en propiedades.
Esta propuesta fue introducido por la Representante demócrata Deb Butler de New Hanover. Cuenta con el apoyo de las representantes demócratas Renée Price, Pricey Harrison y María Cervania.
Nulidad de acuerdos contrarios a la ley
Ambos proyectos de ley establecen que cualquier acuerdo, memorándum o contrato entre una agencia de justicia penal, una oficina del sheriff y ICE será considerado inválido si contraviene lo dispuesto en la nueva legislación.
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Implicaciones para los oficiales
Los proyectos de ley prohíben a los oficiales de justicia penal colaborar con ICE en detenciones, arrestos o ejecuciones de órdenes de remoción en las áreas mencionadas.
Los oficiales que violen estas normas podrían enfrentar sanciones severas, como la revocación de sus certificaciones. Esto les impediría seguir ejerciendo en el sistema de justicia estatal.
Aclaraciones
El proyecto no impide que las agencias de justicia penal o los alguaciles hagan cumplir las leyes estatales. Sin embargo, deberían actuar dentro de los límites legales establecidos por estas medidas.
Próximos pasos
Los proyectos de ley seguirán su curso legislativo, y se espera que en las próximas semanas se discutan en las comisiones correspondientes.
Si se aprueban, cambiarán significativamente la forma en que las autoridades locales colaboran con ICE en las áreas mencionadas.
Aunque la iniciativa ha generado apoyo entre legisladores demócratas, se enfrenta a desafíos significativos para su aprobación debido a la mayoría republicana en la Asamblea General, lo que hace que su futuro sea incierto.
Legisladoras abogan por proyectos de ley
Las representantes de Carolina del Norte, Deb Butler y Renee Price, defendieron en un artículo de opinión los proyectos de ley HB 78 y HB 80. También firmaron la carta las representantes Maria Cervania, Pricey Harrison y Marcia Morey, quienes respaldan la medida.
“Tratar el estatus indocumentado como justificación para una aplicación agresiva socava las libertades civiles y el debido proceso”, lee el articulo de opinión.
También añadieron que las políticas que vinculan a las fuerzas del orden locales con la aplicación de la ley migratoria “crean un clima de miedo y desconfianza, afectando de manera desproporcionada a las comunidades de color”.
Asimismo, destacan que los inmigrantes son fundamentales para la economía del estado, especialmente en agricultura y construcción.
“El sector agrícola, que contribuye con $92 mil millones anuales, colapsaría sin esta fuerza laboral”, lee el documento. “Proteger a los trabajadores y familias no solo es moralmente correcto, sino una necesidad económica”.
El artículo de opinión también subraya la importancia de proteger los lugares de culto, hospitales y escuelas de la aplicación de la ley migratoria.
“En términos de derechos humanos básicos, los inmigrantes deben ser protegidos de acciones de ejecución disruptivas y traumáticas en lugares de culto, en clínicas de salud y hospitales, y en escuelas y guarderías”, dice el comunicado. “Estas instituciones sirven como salvavidas para personas de todas las edades y circunstancias”.
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