Un proyecto de ley que aumentaría las penas por delitos graves según el historial migratorio de una persona indocumentada será discutido en el Comité Judicial 2 de la Cámara de Representantes cuando los legisladores regresen el 29 de abril.
La propuesta HB 261, “Sent Enhancement/Immigration-Related Crimes”, establece que si, por ejemplo, una persona comete un delito de violencia doméstica clasificado como Clase F —con una pena habitual de entre 13 y 33 meses de prisión—, su castigo podría aumentar a entre 20 y 50 meses si se encuentra indocumentada, reclasificando la ofensa como un delito de Clase E. Ahora, si en su historial migratorio se encuentra que fue deportado o negado previamente la entrada al país, la pena será dos clases más alta que la original prevista.
La propuesta HB 261 aplica a delitos graves, excluyendo los más graves (Clase A), como homicidio en primer grado.
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Responsabilidad legal del estado
La propuesta de ley establece lo que se conoce legalmente como ‘Carga de Prueba’, que haría lo siguiente:
- El Estado (la fiscalía) tiene la responsabilidad legal de probar los elementos adicionales que agravan la pena (como estar en el país indocumentado de forma ilegal o actuar en conspiración).
- Esta prueba debe hacerse con el mismo estándar que cualquier delito penal: más allá de toda duda razonable.
- Si el acusado acepta el delito, pero no los hechos agravantes, entonces otro jurado debe evaluar solo esa parte del caso.
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Delito en conspiración con otros
La propuesta HB 261 de Carolina del Norte aumenta las penas para delitos menores cometidos con el propósito de beneficiar, promover o facilitar una actividad criminal en conjunto con otras personas.
El agravante eleva el delito en una clase, y si se trata de un delito menor de Clase A1 —el más grave dentro de esta categoría—, podría convertirse en un delito grave.
Aunque los delitos menores no alcanzan la categoría de felonías, pueden conllevar sanciones significativas.
La HB 261 tiene como principales patrocinadores a los representes republicanos Neal Jackson, Jennifer Balkcom, Brian Biggs y Bill Ward.
De avanzar y convertirse en ley tal y como está ahora escrita entraría en vigor el 1 de diciembre de 2025 y se aplicaría a los delitos cometidos en o a partir de esa fecha.
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