Carolina del Norte, Raleigh – Las prioridades de arrestos y deportaciones se enfocarán en los indocumentados que son una amenaza para la seguridad nacional pública y fronteriza; y no en los que llevan muchos años en el país y contribuyen a la economía y sociedad. Fue lo que reiteró hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.
«Daremos prioridad a los arrestos y deportaciones de no ciudadanos que sean una amenaza a nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza», precisó.
Por medio de un memorando interno enviado a los jefes de seguridad y fronteras de las distintas agencias bajo su mando, el secretario del DHS dijo que el hecho de que alguien sea un inmigrante indocumentado «no debería ser el único fundamento» de la decisión de arrestarlo y deportarlo de Estados Unidos.
“Por primera vez, nuestras pautas, en la búsqueda de la seguridad pública, requerirán una evaluación del individuo. Tomarán en cuenta la totalidad de los hechos y circunstancias”, señaló Mayorkas.
No arrestar a quienes no representan una amenaza
Mayorkas destacó que la guía de discreción es conocimiento que hay personas que han estado en el país durante generaciones y han contribuido al bienestar de este.
«Incluidos aquellos que han estado en la primera línea de la batalla contra el Covid. Los lideran las congregaciones de fe y los que enseñan a nuestros hijos», señaló. «No gastaremos recursos buscando arrestar y deportar a aquellos que no representan una amenaza y, de hecho, fortalecen a nuestra nación”, mencionó.
Discreción procesal
El secretario de Seguridad Nacional, también indicó que al mismo tiempo se reconoce las contribuciones de millones de personas que son parte de la comunidad.
«Las pautas nos ayudarán a ejercer nuestra discreción procesal para lograr justicia «, mencionó.
La reiteración hecha por Mayorkas refuerza las prioridades de arresto y deportación del gobierno de Joe Biden dictadas en febrero, enfocadas en aquellos extranjeros que cometen delitos o crímenes graves.
Pautas de aplicación
Las reglas de aplicación de la ley de inmigración requieren:
- La protección de los derechos y libertades civiles.
- Raza, religión, género, orientación sexual o identidad de género; origen nacional, asociaciones políticas o ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda de un no ciudadano no pueden ser factores para decidir tomar medidas de cumplimiento.
- La protección explícitamente contra el uso de la aplicación de la ley de inmigración como una herramienta de represalia por la afirmación de derechos legales por parte de un no ciudadano; como el derecho a ejercer los derechos en el lugar de trabajo o los inquilinos
Además, las pautas dejan en claro que la autoridad de aplicación de la ley de inmigración no se utilizará como un instrumento de empleadores sin escrúpulos que buscan explotar el estado migratorio de sus empleados.
Asimismo, se requerirá capacitación continua, un proceso para revisar su implementación efectiva, una amplia recopilación de datos y un proceso de revisión de casos.
Las nuevas directrices entrarán en vigor el 29 de noviembre del 2021.