Corrupción

Carolina del Norte, Raleigh – La Asamblea General aprobó un proyecto de ley que plantea nuevos mecanismos para aumentar la transparencia de los gobiernos locales y sancionar la corrupción en las municipalidades del estado.   

El expediente SB 473, denominado “Mejorar la transparencia de los gobiernos locales”, crea un nuevo delito grave para los funcionarios que utilicen su puesto para obtener beneficios económicos personales.

La nueva legislación plantea que los gobiernos locales embarguen el salario de los funcionarios que deban dinero por servicios no pagados del condado y la ciudad.

En manos del gobernador Roy Cooper

El proyecto fue aprobado por el Senado estatal en mayo anterior (42-6) y por la Cámara de Representantes a finales de noviembre (64-44).

Finalmente, fue visto por el Senado en concurrencia (38-08) y remitido al gobernador Roy Cooper.

La reforma legal fue promovida por el bloque republicano. Los senadores estatales Lisa Barnes (Johnston), Norman Sanderson (Carteret) y Chuck Edwards (Buncombe) figuran como los principales proponentes.

Conflicto de intereses y corrupción

El propósito de los legisladores es evitar que los funcionarios electos locales reciban “tratos especiales”.

La iniciativa fue presentada como resultado de un informe del auditor estatal publicado en mayo de 2020 sobre la ciudad de Rocky Mount.

Entre otros aspectos, la investigación del auditor estatal concluyó que:

  • Funcionarios impidieron que la ciudad recaudara más de $47,700 en facturas de servicios públicos adeudadas por un miembro del consejo.
  • El administrador de la ciudad violó la política de viajes; resultó en más de $1,500 en gastos de viaje no aprobados.
  • Mala administración y gastos excesivos en los programas de la ciudad; lo que costó a los contribuyentes mas de $60,000.

Auditor independiente

De acuerdo a los patrocinadores, el SB 473 fortalece las leyes sobre conflictos de intereses. Permite que la Comisión de Gobierno Local (LGC, por sus siglas en Inglés) seleccione un auditor independiente en determinadas circunstancias.

La nueva ley requiere que el auditor estatal notifique al gobierno local cuando un informe de auditoría sea el resultado de una investigación que les involucre.

La LGC podrá participar en el proceso de auditoría de ese gobierno local hasta tres años después de la publicación de un informe de investigación.

Nuevo delito

El SB 473 crea un delito mayor de Clase H para un funcionario electo «que solicita o recibe ganancias financieras personales de la subdivisión política para la que sirve mediante intimidación, influencia o uso indebidos de los empleados de esa subdivisión».

Los funcionarios podrían enfrentar de cuatro a 25 meses de prisión.

Además los funcionarios, los empleados o sus cónyuges con roles de liderazgo en organizaciones sin fines de lucro no pueden participar en el proceso de aprobación de un contrato para la organización; y deben abstenerse de votar.

¿Qué plantea el SB 473?

  • Requeriría que el Auditor del Estado notifique a la Comisión de Gobierno Local (Comisión) cuando un informe de auditoría sea el resultado de una investigación de una unidad del gobierno local.
  • Permitir que la Comisión, luego de la publicación de un informe de investigación, participe en el proceso de auditoría de ese gobierno local por hasta tres años.
  • Exigir que un funcionario de finanzas local embargue la compensación de un miembro de la junta o del consejo para poder cobrar el dinero adeudado por los servicios no pagados del condado y la ciudad.
  • Crear un nuevo delito grave para los funcionarios y empleados públicos que se benefician personalmente económicamente de su puesto.
  • Prohibiría, sujeto a ciertas excepciones, que los funcionarios públicos participen en la elaboración o administración de un contrato. La restricción incluye adjudicación de dinero, con cualquier organización sin fines de lucro con la que el funcionario público esté asociado; y crearía un delito menor por tales violaciones.

Mario A. Rodríguez

Periodista Político en Enlace Latino NC. Productor ejecutivo y asesor en comunicación política, con más de quince años de trayectoria profesional.

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