Washington, (EFE News) – El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) retomó las deportaciones después que un juez bloquease la moratoria a las expulsiones decretada la pasada semana por el gobierno del presidente Joe Biden, afirmó John Bruning, un abogado de inmigración.
Bruning indicó que EE.UU. deportó al menos cuatro personas a México y Honduras. Se apresta a deportar otras 18 a México, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Ecuador y la República Dominicana.
El 20 de enero Biden decretó una pausa de 100 días en las deportaciones. A pesar de ello el martes 26 el juez federal Drew B. Tipton, del Tribunal de Distrito Sur de Texas, detuvo la aplicación a nivel nacional.
Bruning, miembro de Abogados por los Derechos Humanos en Mineápolis, en Minesota, dio cuenta de las deportaciones desde ese estado en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Otros medios estadounidenses indicaron que al menos 15 personas fueron deportadas el jueves. ICE no respondió de inmediato a la consulta de EFE al respecto.
Polémica
Durante una audiencia celebrada este viernes, el juez Tipton dejó entrever que ampliará su bloqueo de la moratoria hasta el 23 de febrero. Más allá de los 14 días inicialmente previstos.
El miércoles, activistas que defienden a los inmigrantes afirmaron que la orden del juez, que impide la moratoria, no obliga sin embargo al gobierno a deportar a los inmigrantes. Se trata de una decisión ejecutiva que puede analizarse caso a caso.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, presentó una demanda contra la decisión de Biden de pausar las deportaciones la pasada semana. Argumentó que la nueva administración actuó de forma arbitraria al no consultarles previamente. Posteriormente el juez detuvo la aplicación del decreto presidencial.
Por su parte, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, pidió al gobierno federal que rescinda la moratoria bajo el argumento que la pausa en las deportaciones viola un acuerdo firmado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) con Arizona y otros estados en las últimas semanas del gobierno del presidente Donald Trump.
Esta acción, vista por muchos como una traba para que el actual gobierno no pueda aplicar sus políticas migratorias, requiere que el DHS dé, por escrito y con 180 días de antelación, un aviso a los estados con argumentos y explicaciones detalladas que sustenten los cambios en la política migratoria.
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