El gobierno del presidente Joe Biden estaría evaluando opciones, luego que un juez federal eliminó el programa “Parole in Place”, que beneficia a cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y sus hijastros.
El fallo se dio el miércoles 7 de noviembre, por el juez federal J. Campbell Barker de la Corte Distrital de Estados Unidos en el Distrito Este de Texas. En el fallo, el juez explica, que la administración Biden no tiene autoridad para crear el programa, el cual “habría sido poco probable que permaneciera en su lugar después de que el presidente elector Trump asumiera el cargo en enero”.
Tras la decisión, la Casa Blanca no ha emitido una declaración oficial, pero consultamos con el portavoz Ángelo Fernández Hernández, quien respondió a Enlace Latino NC lo siguiente: “estamos totalmente en desacuerdo con el fallo y estamos evaluando los próximos pasos”.
“Este fallo se pone del lado de los funcionarios estatales republicanos que buscan obligar a los ciudadanos estadounidenses y sus familias, personas que han vivido en los Estados Unidos durante más de diez años, a separarse o vivir en las sombras con el temor constante de la deportación”, continuó diciendo.
Fernández Hernández resaltó, que como ha dicho el presidente Biden, “Estados Unidos no es un país que destroce familias”.
“Nuestra Administración cree en mantener unidas a las familias estadounidenses: este proceso permitiría que aquellos que ya son elegibles para la residencia permanente legal permanezcan en los Estados Unidos con sus familias durante ese proceso, en lugar de ser separados innecesariamente”, señaló Fernández Hernández.
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El siguiente paso sería apelar
El gobierno aún no ha anunciado cuál es el siguiente paso luego del fallo, pero algunos expertos en leyes consideran que podría ser la apelación del mismo.
La abogada de inmigración Katy Chávez, quien ejerce desde Raleigh, dijo a Enlace Latino NC: “todos esperamos la apelación del fallo y que se suspenda cualquier acción hasta que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie. El litigio federal está fuera de mi área. Esperaba que lo presentaran de inmediato, eso es lo que esperábamos”.
Así mismo, la organización de abogados de inmigración “Boundless Immigration” explicó: “Es probable que la administración Biden apele la decisión. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito supervisa los casos de Texas y tiene un historial de acelerar las decisiones de inmigración, por lo general fallando dentro de tres a seis meses. Si el caso llega a la Corte Suprema, como suele suceder con casos similares de inmigración, es probable que los jueces le den prioridad dado su impacto nacional. Aun así, una resolución final a través de apelaciones podría tardar entre seis y dieciocho meses”.
Por su parte, Kelli Stump, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) dijo en un comunicado que: “esta sentencia es simplemente errónea en la ley. Para ser claros, estos solicitantes ya eran elegibles para el ajuste de estatus, lo único que hizo la libertad condicional fue asegurarse de que no serían separados mientras se llevaba a cabo el proceso burocrático”.
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Seguir en las sombras
El fallo desvaneció la esperanza de por los menos 500,000 inmigrantes indocumentados, cónyuges de ciudadanos estadounidenses que esperaban que el programa llamado “Mantener las Familias Unidas”, les diera la oportunidad de salir de las sombras y poder tener finalmente un estatus legal.
Mediante el programa, los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses y sus hijastros, que han estado en el país por 10 años o más, tendrían la oportunidad de obtener la residencia permanente sin necesidad de tener que dejar el país para completar el proceso, lo que podría tardar años.
Este es el caso de Isabel, una joven mexicana de 26 años, que llegó siendo niña a este país, y pese a quedar huérfana y ser criada por su hermana mayor, logró terminar la secundaria, pero no pudo seguir sus estudios superiores debido a su estatus migratorio irregular y no logró tampoco acogerse a DACA.
Isabel se casó hace casi tres años con Jorge, quien nació en este país y es hijo de inmigrantes. Jorge logró titularse como ingeniero, y hoy trabaja con el condado Wake. Ellos iniciaron una relación desde hace más de siete años.
“Esto ha sido muy difícil, estábamos esperanzados de que el programa fuera aprobado para poder trabajar y ayudar con la carga de la casa a mi esposo”, nos comentó Isabel.
La joven pareja había comenzado un proceso de “provisional waiver”, pero cuando se abrió el “parole in place” recibieron un correo del USCIS, que les decía que eran elegibles para el programa.
Como muchos inmigrantes antes de que el programa entrara en vigor el 19 de agosto, buscaron asesoría legal con la abogada Katy Chávez, quien les ayudó a preparar los documentos.
“Pero después de ese fallo, regresamos a donde estábamos. No sé qué pase si me toca salir a México para la entrevista, porque si no me aprueban, tendría que quedarme en un país que no conozco y dejar mi hogar donde he vivido toda mi vida”, expresó Isabel.
Cronología de la batalla legal por el “parole in place”
En respuesta al anuncio del programa “Parole in Place” por parte de la administración Biden, Texas y otros 15 estados presentaron una demanda para detenerlo, argumentando que permitir que cientos de miles de residentes indocumentados reciban la libertad condicional pondría a prueba los presupuestos estatales debido al aumento de los costos de los servicios públicos.
La demanda de los estados llevó al juez federal a bloquear temporalmente al gobierno para que no aprobara las solicitudes mientras consideraba estos argumentos.
La lucha legal se ha desarrollado así:
- 19 de agosto: Lanzamiento del programa, aceptando las primeras solicitudes
- 23 de agosto: Texas y otros 15 estados presentan una demanda para bloquearlo
- 26 de agosto: El tribunal emite un bloqueo inicial a las aprobaciones
- 4 de octubre: Bloqueo extendido hasta el 8 de noviembre
- 5 de noviembre: Comenzaba el juicio en Tyler, Texas
- 7 de noviembre: Un tribunal federal dictamina que el programa es ilegal
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