Fallo de la Corte Suprema de Carolina habilita a jueces estatales revisar y dictaminar sobre detenciones de ICE

El dictamen lidia con la autoridad y la decisión de las cortes estatales sobre los casos de detención migratoria en condados donde no funciona el programa de deportación 287(g)
Walter Gómez 11 jun., 2020
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Los inmigrantes detenidos en los condados sin acuerdos 287(g) podrán impugnar las detenciones ilegales ante un tribunal estatal

Carolina del Norte, Raleigh- La Corte Suprema de Carolina del Norte dictaminó que los jueces estatales tienen la autoridad de realizar revisiones judiciales en casos de  inmigrantes que son retenidos por alguaciles para ser entregados a ICE en condados donde no funiona el programa 287(g).  Sin embargo, el fallo también determinó que los jueces estatales no tienen el poder de hacerlo si la jurisdicción tiene acuerdo con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Nos alienta que la decisión unánime de la Corte Suprema de Carolina del Norte vuelva a abrir las puertas del tribunal a los inmigrantes en los condados sin acuerdos 287(g) para impugnar las detenciones ilegales ante un tribunal estatal”. Fue lo que dijo en un comunicado Sejal Zota, directora Legal de Just Futures Law. La ley estatal de Carolina del Norte claramente no autoriza tales arrestos”, mencionó.

Respaldo a la Corte de Apelaciones

El dictamen del máximo tribunal respalda el fallo de la Corte de Apelaciones la cual anuló, en el 2018, las órdenes de liberación de Carlos Chávez y Luis López, emitida por la jueza Yvonne Mims Evans, de la Corte Superior.

La decisión del viernes 6 de junio del juez asociado Sam Ervin IV se basó que la autoridad del juez de primera instancia fue anulada por la ley federal, ya que el alguacil del condado de Mecklenburg, en ese tiempo, Irwin Carmichael, participó en el programa 287g.

“El Tribunal determinó que, cuando el sheriff afirma que la detención se realiza de conformidad con un acuerdo 287 (g), el tribunal estatal debe negar la liberación. No tiene poder para seguir examinando si la orden de retención de inmigración”, explicó Zota.

El caso legal de Chávez

En 2017, Chávez y López estaban detenidos por cargos criminales. Pagaron sus fianzas, pero no fueron liberados ya que ICE había entregado a la policía local órdenes de retención y ordenes administrativas de expulsión.

Argumentando que ya no estaban bajo custodia estatal y que habían sido detenidos ilegalmente, los abogados fueron a la Corte Superior y solicitaron su liberación.

La jueza Evans ordenó que fueran liberados, pero el alguacil Carmichael no procedió con esa solicitud, apeló a una corte más alta con el razonamiento que tenía un acuerdo 287g con ICE y que sus agentes actuaban como agentes de inmigración y entregó a Chávez y López a los agentes de inmigración.

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Decisión de la corte de apelaciones

En noviembre de 2018 la Corte de Apelaciones afirmó el argumento del alguacil; anuló la decisión del primer juez y tomó una resolución amplia que impacta negativamente a los inmigrantes en todo el estado de Carolina del Norte y potencialmente en todo el país.

“Este fallo fue más allá y abarcó no solo las jurisdicciones con acuerdo del programa 287g sino a todos los condados. Por eso el dictamen de la Corte Suprema es muy importante porque restringe el reglamento de la corte de apelaciones limitándolo a los lugares donde actualmente rige el programa 287(g)”. Fue lo que explicó a Enlace Latino NC Raúl Pinto, abogado del Centro de Justicia de Carolina del Norte.

No abre un beneficio migratorio

Pinto, aclaró que el dictamen del Tribunal Superior no abre un beneficio migratorio. Lidia con la autoridad y la decisión de las cortes sobre los casos de migración y detención.

“Ahora las personas tienen la habilidad, el vehículo legal, de desafiar la detención en los 91 condados que no tienen acuerdo con el programa 287(g)”, explicó.

El abogado del Centro de Justicia también señaló que esto no significa que una persona detenida en una localidad 287(g) no pueda presentar un habeas corpus en una corte estatal para que su caso sea escuchado.

“Puede dar lugar a escucharlo, pero debe desestimarlo porque el gobierno federal ya está involucrado y este caso no está bajo la custodia estatal sino federal”. “En este escenario la petición debería hacerse en una corte federal”.

Actualmente en Carolina del Norte solo nueve condados tienen en programa 287(g): Cabarrus, Nash, Henderson, Alamance, Cleveland, Gaston, Lincoln, Randolph y Rockingham.

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Sobre el autor:

Walter Gómez

Comunicador Social, Periodista y fotógrafo independiente. Emprendedor y cofundador de Enlace Latino NC. Su trabajo ha sido reconocido con más de 20 premios nacionales de periodismo por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas de los Estados Unidos (NAHP). Como fotógrafo, colabora con la Agencia de Noticias EFE cubriendo las Carolinas y el estado de Tennessee.

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