El gobierno federal evalúa una propuesta que ampliaría de manera significativa la recolección de datos biométricos en el sistema migratorio de Estados Unidos. De aprobarse, la medida permitiría exigir información altamente sensible, incluido ADN o imágenes de las retinas, a un universo mucho más amplio de personas, entre ellas niños, residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses.
La iniciativa, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a través de USCIS, representaría un cambio profundo respecto de las prácticas actuales. No solo expandiría el tipo de datos que la agencia puede recolectar, sino también la frecuencia y las circunstancias en las que podría hacerlo, incluso sin que exista un trámite migratorio nuevo en curso.
¿Qué cambiaría con la nueva propuesta de USCIS sobre datos biométricos?
En la actualidad, USCIS solicita datos biométricos —principalmente huellas dactilares, una fotografía y una firma— solo en determinados trámites y bajo reglas relativamente acotadas. Existen, además, límites de edad para la toma de datos y, en general, la obligación recae sobre la persona que solicita directamente un beneficio.
La propuesta cambiaría ese esquema. El nuevo reglamento ampliaría la definición de “datos biométricos” para incluir huellas de la palma de la mano, imágenes del iris, grabaciones de voz y hasta ADN, incluso perfiles genéticos parciales. También eliminaría las restricciones de edad, lo que abriría la puerta a la recolección de biometría de niños, y permitiría a la agencia solicitar estos datos de forma reiterada, aun cuando la persona no haya iniciado un nuevo trámite.
Uno de los puntos más controvertidos es la idea de un sistema de “verificación continua”, que habilitaría a USCIS a requerir biometría de manera periódica hasta que una persona obtenga la ciudadanía, sin que necesariamente exista una solicitud migratoria activa.
¿En qué etapa está la propuesta?
La medida no es, por ahora, una política vigente. El DHS publicó el proyecto de reglamento en noviembre de 2025 y abrió un período de comentarios públicos que cerró el 2 de enero de 2026. Durante esa etapa, organizaciones, abogados y particulares pudieron presentar objeciones o sugerencias.
Con el cierre del plazo, el gobierno debe ahora revisar esos comentarios y decidir si avanza con la propuesta tal como está, si introduce cambios o si la retira por completo. En caso de seguir adelante, todavía debería redactarse una versión final del reglamento, superar revisiones internas del gobierno federal y publicarse oficialmente con una fecha de entrada en vigor. La nueva norma podría entrar en vigor en 2026.
Oposición de las organizaciones civiles latinas
El Fondo Mexicano-Estadounidense de Defensa Legal y Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés) fue una de las organizaciones que reaccionó con mayor dureza. En una carta dirigida a USCIS, la organización sostuvo que la propuesta excede la autoridad legal de la agencia y crea un sistema de vigilancia biométrica masiva sin respaldo claro en la ley migratoria.
Según MALDEF, el Congreso ha autorizado la recolección de biometría solo en circunstancias específicas y limitadas, y no ha otorgado al DHS un poder general para exigir datos altamente sensibles a amplios sectores de la población, incluidos ciudadanos estadounidenses. La organización también cuestiona la falta de justificación para recolectar ADN, especialmente de niños, y advierte sobre los riesgos de privacidad asociados al almacenamiento y uso de esa información.
Otro punto central de la crítica es la posibilidad de que USCIS utilice pruebas genéticas para “verificar” el sexo biológico de una persona cuando, según la propuesta, esa determinación pueda afectar la elegibilidad para un beneficio migratorio. MALDEF sostiene que la medida carece de sustento científico claro y podría afectar de manera desproporcionada a personas trans y no binarias.
La carta también señala que el reglamento debilitaría protecciones existentes para menores de 14 años que solicitan alivios migratorios como víctimas de violencia doméstica o trata de personas, al eliminar la presunción automática de “buen carácter moral” que hoy rige para esos casos.
En conjunto, MALDEF advierte que el impacto de la propuesta recaería de forma desproporcionada sobre la comunidad latina, que ya enfrenta mayores niveles de escrutinio dentro del sistema migratorio.
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¿Qué puede pasar?
El futuro de la propuesta es incierto. Aun si el DHS decide avanzar, es probable que enfrente impugnaciones judiciales por parte de organizaciones de derechos civiles. También existe la posibilidad de que el gobierno modifique el texto para eliminar algunos de los aspectos más controvertidos o que, ante el costo político y legal, opte por no implementarlo.
Por el momento, las reglas actuales sobre biometría siguen vigentes y no hay cambios inmediatos para las personas que realizan trámites migratorios.
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