Patricia dice que ya no llega a fin de mes. Las cosas empezaron a ir cuesta abajo con el huracán. El sótano de su casa se inundó, se quedaron sin luz por muchos días, perdieron alimentos y usaron todos los ahorros que tenían en las reparaciones. “Que un generador, que se nos mojó tal cosa, ahí se nos fue todo”, cuenta esta mujer mexicana de 62 años mientras elige los alimentos gratuitos de un programa comunitario.
Su caso no es la excepción. En el oeste de Carolina del Norte, muchas familias latinas enfrentan una recuperación desigual. Especialmente quienes son indocumentados y/o viven en zonas rurales: no califican para ayuda federal y dependen de redes comunitarias informales para sobrevivir.
Por ejemplo, si Patricia hubiera podido aplicar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el costo del generador eléctrico que necesitó podría haber sido reembolsado.
“Y no nos han ayudado en nada. Para nosotros no ha habido ningún apoyo, excepto por estos grupos. Gracias a Dios que están regalando comida. Pero en sí, el gobierno nos tiene bien abandonados”, dice.
Patricia redujo sus turnos en un local de comida rápida en Hendersonville debido a su salud: ahora trabaja solo dos días por semana. Su esposo también trabaja, pero el dinero no alcanza. Con los alimentos y productos de higiene que recibe gratis, logra pagar servicios básicos como la electricidad o el agua.
“Está tan difícil ahorita. Por eso es que yo vengo a buscar comida para podernos ayudar. Mi esposo trabaja, pero no nos alcanza”, cuenta y agrega: “Hoy con 100 dólares no traes más que tres cositas en el mercado. Todo está caro: la carne, el pollo, los precios… Y para nosotros como inmigrantes es más difícil. Estamos más desamparados, más desprotegidos por el gobierno. Aparte tenemos que aguantar el racismo y todo eso”.
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Mercados comunitarios: una ayuda en tiempos difíciles
En el barrio Emma, en Asheville, El Mercadito (el lugar donde va Patricia) abre tres veces por semana. No se pide identificación, solo se anota para cuántas personas se retira comida.
Desde su creación, tras el huracán Helene, se convirtió en un recurso indispensable. Según sus organizadores, cada semana pasan por allí más de 100 familias, lo que representa alrededor de mil personas.
“La economía para una familia de cuatro ya no es solo pensar en la comida, sino en la renta, la luz”, explicó Edna, quien se encarga de conseguir donaciones.
“Una familia necesita unos tres mil dólares al mes. Pero muchas ganan menos que eso. Los precios están carísimos, las rentas están hasta arriba, y con el huracán, la luz subió mucho más. Es una economía baja con precios muy altos, escasez de trabajo y miedo por todo lo que vive nuestra comunidad.”
Ese miedo también pesa a la hora de salir a comprar. “Aunque no hemos confirmado presencia de la migra aquí, el temor existe. Y además, en Walmart o Target todo está muy caro. Vas por cosas básicas y salís con la sensación de que te están robando”, dice Alan Ramírez, director de la Casa de Apoyo Mutuo.
Hay mercados similares en otras partes del oeste del estado, organizados por grupos comunitarios que surgieron o se fortalecieron tras la emergencia. En Swannanoa, Bounty & Soul sostiene una distribución regular de alimentos frescos. En Marion, el Centro Unido Latinoamericano mantiene un mercado comunitario activo.
En Spruce Pine, el Centro Latino organiza entregas semanales, en un contexto especialmente difícil: el único supermercado de la zona permanece cerrado desde el huracán.
En Hendersonville, la organización Caja Solidaria reparte productos a familias de zonas rurales y mantiene un mercado abierto, mientras que Tierra Fértil, una cooperativa de trabajo agrícola formada por trabajadores latinos, continúa produciendo alimentos y apoyando a la comunidad local.
Todo esto sucede en un contexto donde las ventas minoristas en Estados Unidos han caido un 0,9 % en mayo, según el Departamento de Comercio. En supermercados, la baja fue del 0,7 %. También descendieron las compras en tiendas de electrodomésticos, hogar y jardinería.
Pero en el oeste del estado la inseguridad alimentaria no comenzó con el huracán. En 2021, uno de cada cinco adultos en las montañas reportaba tener acceso limitado a alimentos, según WNC Health Network. El promedio estatal era del 11 %.
Hoy la situación se agrava. Según UnidosUS, más del 50 % de los latinos dice estar peor que hace un año, y la mayoría cree que dentro de un año estará aún peor. Y cuatro de las cinco principales preocupaciones tienen que ver con la economía, según informó a Enlace Latino NC la directora e la iniciativa de voto latino de la organización, Clarissa Martínez.
El Mercadito, en el barrio Emma, se convirtió en un punto clave de acceso a alimentos y productos básicos para cientos de familias que, tras el huracán, enfrentan precios elevados, falta de empleo y barreras para acceder a ayuda institucional. 
El Mercadito, en el barrio Emma, se convirtió en un punto clave de acceso a alimentos y productos básicos para cientos de familias que, tras el huracán, enfrentan precios elevados, falta de empleo y barreras para acceder a ayuda institucional. 
El Mercadito, en el barrio Emma, se convirtió en un punto clave de acceso a alimentos y productos básicos para cientos de familias que, tras el huracán, enfrentan precios elevados, falta de empleo y barreras para acceder a ayuda institucional. 
El Mercadito, en el barrio Emma, se convirtió en un punto clave de acceso a alimentos y productos básicos para cientos de familias que, tras el huracán, enfrentan precios elevados, falta de empleo y barreras para acceder a ayuda institucional.
Vulnerabilidad estructural
Según un estudio reciente de Hispanic Access Foundation y Headwaters Economics, los latinos en Estados Unidos enfrentan un riesgo desproporcionadamente alto de inundaciones. El 44 % vive en condados con alto riesgo, frente al 35 % de los no latinos. Entre los factores que agravan esa vulnerabilidad están la falta de seguro, el idioma, la pobreza y la precariedad habitacional.
En el oeste de Carolina del Norte, esa realidad se evidenció tras el paso del huracán Helene. En Swannanoa, una comunidad del condado de Buncombe, muchas familias latinas perdieron su vivienda cuando el agua desbordó el río y destruyó los parqueaderos de casas móviles donde residían.
El informe advierte que el 31 % de los latinos vive en condados con alto riesgo de inundación y bajos niveles de aseguramiento. También señala que muchas de estas comunidades han sido históricamente marginadas y no cuentan con infraestructura de respuesta adecuada.
En zonas rurales del estado, es común que familias latinas vivan en casas móviles ubicadas cerca de ríos o áreas sin rutas de evacuación claras. Estas condiciones, sumadas a las barreras económicas y lingüísticas, limitan su acceso a la recuperación cuando ocurre un desastre.
PODCAST
Después de la tormenta
Hace un año, el huracán Helene golpeó al oeste de Carolina del Norte. La comunidad latina respondió con algo más fuerte que la tormenta: solidaridad.
🎧 En este episodio, conoce cómo las organizaciones latinas transformaron la crisis en resiliencia.
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La comunidad latina en el oeste
Según la Oficina de Presupuesto y Gestión del estado (OSBM, por sus siglas en inglés), en la región montañosa de Carolina del Norte —conocida como WNC— viven más de 85,000 latinos. La mayor concentración se encuentra en el condado de Buncombe, con más de 22,000 personas, y porcentajes significativos en Henderson, donde la población latina supera el 12 %.
Sin embargo, la cifra real podría ser aún mayor. Muchas personas indocumentadas no figuran en los registros oficiales, y persiste la desconfianza hacia los censos, especialmente en zonas rurales afectadas por el huracán Helene.
La región ya enfrentaba importantes desafíos antes del desastre.
Según el Departamento de Comercio estatal, el 88 % de los condados del oeste están clasificados como rurales. La dispersión geográfica complica el acceso a servicios públicos, programas de ayuda o redes comunitarias.
Entre 2014 y 2018, el ingreso medio por hogar en la región fue de 43,532 dólares, casi 9,000 menos que el promedio estatal.
En ese contexto, muchas familias latinas viven aisladas, con movilidad limitada y escaso acceso a recursos básicos. El idioma, la condición migratoria y la falta de transporte dificultan aún más el contacto con organizaciones que podrían asistirlas.
El miedo también pesa. En un estado donde se debaten leyes migratorias más restrictivas, el temor a ser detenidos o reportados a las autoridades federales disuade a muchos de buscar ayuda, incluso cuando la necesitan.
El costo total estimado de recuperación tras el huracán Helene en Carolina del Norte supera los 60 mil millones de dólares.
Sin embargo, hasta marzo de 2025 apenas se habían asignado unos 6 mil millones —menos del 10 % de lo necesario— y muchos fondos no alcanzan a beneficiar a sectores latinos, especialmente comunidades indocumentadas.
En este escenario de escasez, exclusión institucional y temor migratorio, Patricia y muchas otras familias siguen luchando para salir adelante.
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