Un proyecto de ley que busca, entre otras medidas, fortalecer la colaboración entre agencias del orden público estatales y ICE, recibió hoy, martes 3 de junio, un reporte favorable en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Carolina del Norte.
La iniciativa, SB 153 “North Carolina Border Protection Act”, obligaría a que las siguientes agencias firmen acuerdos 287 (g): El Departamento de Seguridad Pública, la Patrulla de Carreteras, el Departamento de Correcionales y el Buró de Investigaciones.
Además, la propuesta busca auditar programas públicos, para garantizar restricciones a inmigrantes indocumentados. También limita la autonomía de universidades estatales y gobiernos locales en temas migratorios, y refuerza la prohibición de políticas santuario, eliminando la inmunidad gubernamental local.
“Siento con mucha firmeza que este es un mensaje fuerte y claro para las localidades: es hora de que cuiden a sus ciudadanos y dejen de invitar a personas que no deberían estar aquí a estar aquí”, dijo el senador republicano Buck Newton, uno de los proponentes de la medida.
La Asamblea General, durante la sesión pasada, aprobó la HB 10, que obliga a alguaciles locales colaborar con ICE en ciertos delitos. “Tenemos que ir un paso más allá”, dijo Newton durante la discusión en el comité judicial 2.
Ahora, la iniciativa deberá ser discutida en el Comité de Reglas y Operaciones de esta misma cámara, antes de su votación en el pleno. Si es aprobado en la Cámara de Representantes estatal, irá al escritorio del gobernador Josh Stein.
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Discusión en Comité Judicial 2
Durante la discusión legislativa, el representante demócrata Charles Smith cuestionó las disposiciones que eliminarían la inmunidad gubernamental local. Particularmente, en casos donde inmigrantes indocumentados cometan delitos dentro de los límites de una ciudad o condado.
El legislador advirtió que la ambigüedad sobre cuándo se considera que una persona indocumentada “comete” un delito podría generar problemas legales.
“Una condena podría tardar años en producirse. Y si vas a ser responsable en un caso civil, habrá un plazo de prescripción aplicable”, dijo Smith.
En respuesta, el representante Newton sugirió que, según el lenguaje actual del proyecto, la responsabilidad se activaría con “la acusación del delito, no la condena del delito”. El personal legal dijo que la propuesta no aclara este punto, por lo que queda abierto a interpretación.
Además, el representante Smith alertó que el enfoque del proyecto de ley representa una “expansión sin precedentes” de la responsabilidad indirecta. Esto al hacer responsables a los gobiernos por delitos cometidos por individuos con quienes no tienen una relación directa de empleo o control.
Las representantes demócratas Deb Butler, Ya Liu y Laura Budd también hablaron en contra de la medida.
La legisladora Budd destacó cómo el miedo generado podría impedir que residentes legales, especialmente hijos de padres indocumentados, accedan a atención médica, educación y servicios sociales.
“Sabemos que estadísticamente las personas indocumentadas y las familias mixtas no son criminales,” advirtió, señalando que el proyecto fomenta una cultura de miedo y división.
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Oponentes del proyecto de ley
Tres oponentes del proyecto de ley hablaron en el podio sobre las posibles implicaciones sociales y económicas de esta medida convertirse en ley.
Sammy Salkin, de ACLU, dijo que los inmigrantes indocumentados ya están excluidos de la mayoría de los beneficios públicos, y el proyecto SB 153 solo añade burocracia innecesaria. Además, criticó la expansión de los acuerdos 287(g):
“Los estudios sobre los programas 287(g) han demostrado que estos socavan la seguridad pública al disminuir la confianza en las fuerzas locales y desviar recursos de la investigación de crímenes graves”, dijo Salkin.
Jansen White, directora de Asuntos Legislativos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), expresó que la propuesta podría crear barreras para los residentes legales que buscan servicios esenciales de salud y sociales. Además, la carga administrativa adicional podría tensionar los recursos gubernamentales en varios niveles.
“Si se promulga, creemos que este proyecto podría aumentar los costos administrativos para los gobiernos estatales y locales, y podría desalentar la participación de residentes legales que necesitan servicios críticos de salud y asistencia social”
Jansen White, directora de Asuntos Legislativos del dhhs
Finalmente, Jada Alicea-Rochelle, coordinadora de abogacía de World Relief Durham, también subrayó que los inmigrantes indocumentados contribuyen — alrededor de 1.4 mil millones de dólares en impuestos en Carolina del Norte — pese a no ser elegibles para recibir beneficios.
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Otros proyectos estatales considerados antiinmigrantes
La Asamblea General de Carolina del Norte avanzó en la aprobación de cuatro propuestas sobre inmigración antes de que concluyera el periodo de Crossover.
De estos, además del SB 153, otro proyecto clave está en movimiento esta semana. El proyecto de ley HB 318, “Ley de Aplicación de la Ley contra los Extranjeros Ilegales Criminales“, será debatido en el comité judicial del Senado estatal mañana, 4 de junio, a las 11 a.m.
La propuesta ampliaría la lista de delitos por los cuales los alguaciles deben verificar el estatus migratorio de un detenido. Esto incluiría todos los delitos graves, delitos menores de Clase A-1 y cargos por conducir bajo la influencia del alcohol.
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