Un grupo de alguaciles de Carolina del Norte agradecieron al gobernador Roy Cooper por vetar el proyecto antiinmigrante HB 370 y ratificaron que su trabajo no es hacer cumplir las leyes de inmigración.
Desde las montañas, el alguacil del condado de Buncombe, Quentin Miller, elogió el rechazo del proyecto de ley por parte del gobernador y reafirmó su posición de no hacer cumplir las leyes de inmigración como parte de los deberes de sus oficiales.
“Los alguaciles de Carolina del Norte deben tener la capacidad de determinar cómo garantizar la seguridad de todos los miembros de su comunidad mientras fueron elegidos para hacerlo «, afirmó a los medios de prensa.
“Mi oficina seguirá cumpliendo con todas las leyes estatales y federales aplicables, sin embargo, no hacemos las leyes de inmigración y no son parte de nuestros deberes de ejecución”, agregó.
“Aplaudo al gobernador”
Por su parte, el alguacil del condado de Mecklenburg, Garry L. McFadden’s, quien recibió las mayores críticas y fue blanco de pedidos de renuncia por parte de los representantes republicanos Dustin Hall, Brenden Jones, Jason Saine y Carson Smith, aplaudió al gobernador Cooper por el veto de HB370.
“El proyecto de ley es inconstitucional y robaría la autoridad de todos los alguaciles para tomar esas decisiones discrecionales por los que fuimos elegidos en nombre de los constituyentes”, expresó en un comunicado de prensa.
McFadden’s, indicó que su objetivo es trabajar con todas las agencias de aplicación de la ley, los fiscales estatales y federales y el poder judicial, para implementar planes y programas para mantener segura a la comunidad.
“Si la legislatura anula el veto del gobernador y la HB 370 se convierte en ley, por supuesto, ordenaré que se cumpla como lo hacemos con todas las leyes”. “Pero, por la gente del condado de Mecklenburg espero sinceramente que ese día nunca llegue”, afirmó.
Proteger a la comunidad, hacer cumplir la ley
Si bien no hizo referencia al veto del gobernador Cooper, el alguacil del condado de Orange Charles Blackwood señaló que los problemas de inmigración son un asunto federal. » La Asamblea General no debería exigir que los funcionarios judiciales estatales o a los alguaciles de Carolina del Norte que se involucren en la aplicación de la ley federal de inmigración».
Además destacó cuatro fallas importantes en el proyecto de ley:
- Estar Estados Unidos sin la documentación adecuada NO es una violación penal de la ley estatal. Es una violación civil de la ley federal de inmigración. Pedirle a un funcionario judicial de Carolina del Norte que emita una orden para retener a cualquier persona por cualquier período de tiempo por una violación civil de la ley federal viola los derechos constitucionales de una persona. (Sí, las personas que están aquí sin la documentación adecuada reciben protección bajo la Constitución de los Estados Unidos).
- Los alguaciles que violen voluntariamente los derechos constitucionales de alguien están sujetos a ser castigados, al igual que la Oficina del Alguacil y el condado.
- Obligar a un alguacil a honrar una solicitud de detención abre la puerta para que la Asamblea General debilite aún más la autoridad y la discreción conferida a esa oficina.
- Ya existe un mecanismo para lograr el objetivo de ICE. La obtención de una orden de detención o una orden judicial firmada por un funcionario judicial federal proporciona la autoridad necesaria para que un alguacil continúe deteniendo a una persona.
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En el comunicado, Blackwood, explicó que retienen a las personas en el centro de detención cuando la ley lo exige.
“Mantener a alguien encarcelado porque otra agencia, en este caso ICE, nos pide que lo hagamos, no nos da autoridad legal”, explicó. “Es una violación de los derechos constitucionales. No es una cuestión de cooperación”, mencionó.
Por su parte la oficina del alguacil del condado de Wake, Gerald Baker, indicó que no daría declaraciones al respecto.
El contexto
El año pasado, los votantes de los dos condados más grandes de Carolina del Norte, Mecklenburg y Wake, eligieron a los alguaciles que hicieron campaña con promesas, ahora cumplidas, de poner fin a la participación de su condado en el programa federal 287 (g), una asociación con oficiales federales de inmigración que ha llevado a la deportación de miles de personas de Carolina del Norte.
Los alguaciles en los condados de Buncombe, Forsyth, Guilford y Durham también anunciaron que ya no retendrán a las personas en la cárcel por solicitudes de detención de ICE.
Como respuesta el grupo de legisladores republicanos presentó la propuesta de ley HB 370 el 14 de marzo.
Durante los debates en los comités en ambas cámaras los legisladores atacaron de varias maneras a los alguaciles, todos, afroamericanos, acusándolos de no colaborar con inmigración y tildándolos de «alguaciles santuario».