Carolina del Norte, Raleigh – Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte, firmó el expediente SB 473, titulado “Ley de transparencia de los gobiernos locales”, que crea un nuevo delito mayor de clase H para los funcionarios municipales que utilicen su puesto para obtener beneficios económicos personales.
“Los contribuyentes merecen responsabilidad y transparencia por parte de todos los funcionarios públicos”, declaró el gobernador Cooper.
La Ley de Transparencia de los Gobiernos Locales crea un delito para un funcionario electo «que solicita o recibe ganancias financieras personales de la subdivisión política para la que sirve mediante intimidación, influencia o uso indebidos de los empleados de esa subdivisión».
Penas de cuatro a 25 meses de prisión
Los delitos graves de clase H se consideran delitos mayores, pero menos graves. Los funcionarios podrían enfrentar penas de cuatro a 25 meses de prisión.
Además, el SB 473 establece que los funcionarios o sus cónyuges con roles de liderazgo en organizaciones sin fines de lucro no pueden participar en el proceso de aprobación de un contrato para la organización y deben abstenerse de votar.
Trato igualitario
La senadora estatal republicana Lisa Barnes (Johnston), promotora de la reforma legal, señaló que la nueva ley se aplicará a cualquier funcionario electo en todo el estado y “les da a las fuerzas del orden una herramienta necesaria para responsabilizar a los funcionarios por malos actos”.
«Los funcionarios electos no deben recibir un trato especial», declaró Barnes mediante un comunicado de prensa.
Con el SB 473, recordó Barnes, los condados y municipios pueden embargar los salarios gubernamentales de los funcionarios electos si esa persona debe dinero por cualquier servicio municipal o del condado.
Además, refuerza las leyes sobre conflictos de intereses para los funcionarios locales con contratos públicos.
«Este es un gran paso adelante para responsabilizar a los funcionarios electos y garantizar que los contribuyentes no paguen la factura por irregularidades. Los funcionarios electos no deben recibir un trato especial solo por su título u oficio».
El proyecto fue aprobado por el Senado estatal en mayo anterior (42-6) y por la Cámara de Representantes a finales de noviembre (64-44).
Conflicto de intereses y corrupción en funcionarios municipales
El propósito de los legisladores es evitar que los funcionarios electos locales reciban “tratos especiales”.
La iniciativa fue presentada como resultado de un informe del auditor estatal publicado en mayo de 2020 sobre la ciudad de Rocky Mount.
Entre otros aspectos, la investigación del auditor estatal concluyó que:
- Funcionarios impidieron que la ciudad recaudara más de $47,700 en facturas de servicios públicos adeudadas por un miembro del consejo.
- El administrador de la ciudad violó la política de viajes, lo que resultó en más de $1,500 en gastos de viaje no aprobados.
- Mala administración y gastos excesivos en los programas de la ciudad, lo que les costó a los contribuyentes más de $60,000.
Fortalece las leyes sobre conflictos de intereses
De acuerdo con los proponentes, el SB 473 fortalece las leyes sobre conflictos de intereses y permite que la Comisión de Gobierno Local (LGC, por sus siglas en Inglés) seleccione un auditor independiente en determinadas circunstancias.
La nueva ley requiere que el auditor estatal notifique al gobierno local cuando un informe de auditoría sea el resultado de una investigación que les involucre.
La LGC podrá participar en el proceso de auditoría de ese gobierno local hasta tres años después de la publicación de un informe de investigación.
¿Qué plantea la Ley de Transparencia de los Gobiernos Locales?
Requeriría que:
- El Auditor del Estado notifique a la Comisión de Gobierno Local (Comisión) cuando un informe de auditoría sea el resultado de una investigación de una unidad del gobierno local.
Permitiría:
- A la comisión, luego de la publicación de un informe de investigación, participe en el proceso de auditoría de ese gobierno local por hasta tres años.
Exige a:
• Un funcionario de finanzas local embargue la compensación de un miembro de la junta o del consejo para poder cobrar el dinero adeudado por los servicios no pagados del condado y la ciudad.
Crea :
- Un nuevo delito grave para los funcionarios y empleados públicos que se benefician personalmente económicamente de su puesto.
Prohibiría:
• Sujeto a ciertas excepciones, que los funcionarios públicos participen en la elaboración o administración de un contrato, incluida la adjudicación de dinero, con cualquier organización sin fines de lucro con la que el funcionario público esté asociado y crearía un delito menor por tales violaciones.