Una jueza federal en Estados Unidos rechazó el lunes 12 de mayo, bloquear un acuerdo que permite al Servicio Interno de Impuestos (IRS) compartir información fiscal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El objetivo es identificar y deportar a inmigrantes sin estatus legal.
La decisión, emitida por la jueza Dabney Friedrich —designada por Donald Trump—, representa una victoria para las políticas migratorias impulsadas por su administración. Esta administración ha buscado ampliar la colaboración entre agencias federales para reforzar los controles migratorios.
¿A quiénes afecta?
Este caso impacta directamente a miles de inmigrantes indocumentados que, pese a no tener autorización legal para estar en el país, cumplen con sus obligaciones fiscales mediante un número de identificación fiscal (ITIN).
Las organizaciones demandantes, integradas por grupos sin fines de lucro, sostienen que estas personas merecen las mismas garantías de privacidad que cualquier otro contribuyente. No obstante, la decisión judicial considera que la ley permite cierto intercambio de datos si se usa con fines penales específicos.
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Incredulidad por manejo de datos
La jueza concluyó en su fallo del lunes que el acuerdo de intercambio de datos elaborado por la administración Trump fue diseñado con el suficiente cuidado. Así, cumple con la ley al menos en apariencia.
El Departamento de Justicia ha argumentado que las solicitudes de datos privados solo se dirigirán a personas investigadas penalmente por desobedecer órdenes de deportación. Sin embargo, los grupos de inmigrantes sostienen que es un pretexto apenas disfrazado para eludir la ley.
“Solicitar y recibir información con fines de aplicación civil constituiría un daño reconocible. Pero ninguna de las organizaciones ha demostrado que tal daño sea inminente”, escribió Friedrich, y añadió: “El memorando solo permite compartir información para investigaciones penales. Con el expediente limitado que se ha presentado, el tribunal no puede asumir que el DHS pretende usar la información compartida para facilitar procedimientos civiles en lugar de penales”.
¿Desde cuándo se aplica?
El acuerdo comenzó a implementarse en las últimas semanas, poco después de la renuncia de una excomisionada interina del IRS, quien cuestionó esta práctica.
Con este cambio, el ICE puede enviar al IRS nombres y direcciones de personas que sospecha están en el país sin autorización. El IRS, a su vez, coteja esos datos con sus registros fiscales.
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¿Qué puede y qué no puede compartir el IRS?
Según el fallo de la jueza Friedrich, el IRS puede compartir información básica como el nombre, dirección o número de identificación del contribuyente. Esto es posible siempre que otra agencia federal lo solicite de forma adecuada para una investigación penal.
Sin embargo, no puede revelar información entregada directamente por el contribuyente, como declaraciones de impuestos, si no hay una justificación legal muy específica. Se permite compartir datos que el IRS haya obtenido de forma independiente, por ejemplo, mediante auditorías.
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Consecuencias y reacciones
La decisión ha generado alarma entre organizaciones defensoras de derechos civiles. Estas advierten que el uso de información fiscal con fines migratorios podría sentar un precedente peligroso y afectar la privacidad de todas las personas contribuyentes.
El Departamento del Tesoro, por su parte, defiende el acuerdo como parte de los esfuerzos por aplicar la ley y reforzar la política migratoria nacional.
Las organizaciones demandantes aseguran que el litigio sigue abierto. También vigilarán de cerca cualquier intento de uso indebido de la información compartida.
*Con información de AP
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