agentes del ICE durante una redada en Los Ángeles
Agentes de inmigración realizan un operativo en Montebello, California, el 15 de agosto del 2025. (AP foto/Gregory Bull)

Trabajar, hablar español o tener “cierta apariencia” podría ser suficiente para que una persona sea detenida por agentes de inmigración en Los Ángeles. Así lo permite la decisión anunciada el 8 de septiembre por la Corte Suprema, que dio luz verde a operativos migratorios suspendidos por haber violado derechos constitucionales.

Las comunidades latinas —que representan casi la mitad de la población del área— están nuevamente expuestas a redadas en lugares como estacionamientos, depósitos de remolque o tiendas de herramientas, sin necesidad de una orden judicial ni sospecha concreta.

“Me trataron como si no importara”, dijo Pedro Vásquez Perdomo, uno de los demandantes, tras ser detenido por agentes del ICE sin explicación ni abogado. “¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien? Eso no es justicia. Eso es racismo con una placa”.

La orden que había frenado estos operativos fue emitida tras numerosos casos en los que personas fueron detenidas únicamente por hablar con acento o estar en un sitio asociado a trabajos manuales. Incluso ciudadanos estadounidenses, como Brian Gavidia, fueron esposados. “¡Nací en Estados Unidos!”, gritó Gavidia mientras lo inmovilizaban contra una reja.

Con la nueva decisión, el gobierno federal ha prometido “inundar la zona de Los Ángeles” con más agentes. El riesgo para familias inmigrantes es alto: detenciones arbitrarias, separación de familias y miedo constante en la vida cotidiana.

“La mayoría de la Corte Suprema deja en claro que los trabajadores no blancos son objetivos”, advirtió Chris Newman, de la Red Nacional de Jornaleros. Activistas temen que lo mismo ocurra pronto en otras grandes ciudades.

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Decisión inesperada

La decisión de 6-3 del tribunal siguió un patrón de al menos permitir temporalmente algunas de las políticas más estrictas del gobierno federal, abriendo la puerta a la posibilidad de un resultado diferente una vez que el caso legal se desarrolle por completo. El efecto neto, mientras tanto, es que Trump puede seguir avanzando en muchas de las áreas que considera críticas.

La decisión de la mayoría no explicó su razonamiento, como es típico en el expediente de emergencia del tribunal. Pero el juez Brett Kavanaugh dijo que la jueza de primera instancia había ido demasiado lejos al restringir la manera en que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden llevar a cabo breves paradas para interrogatorios.

“La perspectiva de tal revisión judicial posterior y procedimientos de desacato inevitablemente enfriará los esfuerzos legítimos de aplicación de las leyes de inmigración”, escribió en una opinión concurrente.

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“Nací aquí, en Estados Unidos”

Los demandantes argumentaron que la orden de Frimpong únicamente impide que los agentes federales realicen detenciones sin sospecha de que no se apeguen a la Constitución y al precedente de la Corte Suprema.

Chris Newman, director legal de la Red Nacional de Jornaleros, dijo que la decisión de la Corte Suprema avivará la agresiva aplicación de las leyes de inmigración en otras grandes ciudades. “La mayoría de la Corte Suprema deja en claro que los trabajadores promedio no blancos son objetivos, y funcionalmente da su visto bueno para que Trump pisotee sus derechos constitucionales fundamentales”, añadió.

Los demandantes incluían a tres inmigrantes detenidos y dos ciudadanos estadounidenses. Uno de los ciudadanos era Brian Gavidia, un residente de Los Ángeles que aparece en un video grabado el 13 de junio mientras es detenido por agentes federales, quienes lo empujan contra una cerca de metal y retuercen su brazo por la espalda mientras el grita: “Nací en los Estados Unidos. ¡Este de Los Ángeles, hermano!”

Aterrorizado, Gavidia fue liberado unos 20 minutos después de mostrar a los agentes su identificación, al igual que otro ciudadano detenido en un lavado de autos, según la demanda.

Funcionarios demócratas en California condenaron la decisión. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo que ha ordenado a las agencias de la ciudad que cumplan con las reglas que prohíben el uso de recursos municipales en la aplicación de las leyes de inmigración federal. “Esto no es sólo un ataque a la gente de Los Ángeles. Esto es un ataque contra cada persona en esta ciudad, y en cada ciudad de este país”, dijo Bass a los periodistas.

El fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que la Corte Suprema recientemente dictaminó que la raza no debe tomarse en cuenta en las admisiones universitarias. “Previenen el uso de la raza (en las admisiones universitarias) para abordar la discriminación pero permiten el uso de la raza para potencialmente discriminar”, dijo Bonta.

El gobernador Gavin Newsom, un firme opositor de Trump, dijo que la orden otorgará a los agentes una amplia libertad para realizar detenciones “incluyendo a ciudadanos estadounidenses y niños, para dañar deliberadamente a las familias y pequeñas empresas de California”.

Pedro Vasquez Perdomo, uno de los demandantes, dijo que los agentes del ICE nunca le explicaron por qué lo detuvieron ni le mostraron una orden.

“Me trataron como si no importara, encerrado, con frío, hambre y sin abogado. ¿Ahora la Corte Suprema dice que eso está bien?”, declaró en un comunicado. “Eso no es justicia. Eso es racismo con una placa”.

Con información de AP

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